La fiscal del caso Marina Díaz reformuló cargos a dos varones acusados por golpear y provocarle lesiones graves a un joven durante una fiesta en la ciudad de Zapala.

Lo el 24 de junio por la mañana, durante una audiencia en la que quedó descartada por el momento, la posibilidad de aplicar una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) para resolver el caso.

La reformulación comprendió especificaciones respecto a la descripción de cómo fue el hecho, a un mes del vencimiento del plazo otorgado para el cierre de la investigación (la formulación de cargos inicial se realizó el 18 de marzo de este año).

El hecho fue cometido el 25 de diciembre de 2023, alrededor de las 6 de la mañana, y en el contexto de una fiesta en un salón ubicado en la ciudad de Zapala.

El joven que fue víctima de la agresión se dirigía junto a un amigo hacia el baño y en un pasillo aparecieron los dos acusados. M. R se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo luego de que cayera al piso. El amigo que acompañaba a la víctima logró sacarle al agresor de encima, y fue en ese momento que el otro acusado, L. P, comenzó a agredirlo y le dio un golpe de puño en el ojo izquierdo que volvió a arrojarlo sobre el suelo.

La fiscal del caso sostuvo que M. R brindó “cooperación esencial” para que L. P atacara a la víctima.  

Además, especificó que el joven agredido sufrió lesiones graves, una de ellas en el ojo izquierdo. “Al día de hoy la víctima padece estrabismo”, detalló. 

El delito atribuido a los imputados fue lesiones graves en calidad de autor a L. P; y lesiones graves en calidad de partícipe necesario a M. R.

Durante la audiencia de ayer los abogados defensores requirieron la aplicación de una suspensión a juicio de prueba para resolver el caso.

Esta salida, puede aplicarse cuando los imputados no tienen antecedentes penales y se les atribuyen delitos con penas inferiores a los tres años de prisión. Prevé que la etapa de juicio quede suspendida durante un plazo en el que los acusados cumplen una serie de pautas de comportamiento, y en el que suelen realizar algún tipo de reparación económica.

“En esta instancia el planteo de Suspensión de Juicio a prueba es prematuro; aún queda un mes de investigación”, planteo la fiscal del caso. Remarcó que para aplicar la salida debe evaluarse que “este fue un caso de interés público, lo cual excede la mera gestión de intereses entre las partes involucradas; es necesario además evaluar el interés que tiene la víctima; y sin dudas debe buscarse la solución del conflicto primario”.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “los términos en los que plantea la defensa  la suspensión de juicio a prueba no soluciona ningún conflicto, sino que lo profundiza; tiene que haber más diálogo entre las partes”.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Leticia Lorenzo, resolvió avalar la reformulación de cargos. Y sobre la aplicación de la SJP, dispuso que por el momento no se aplique y que se abra una nueva etapa de conversación de las condiciones entre las partes, durante el plazo de un mes que es el que queda para cerrar la investigación.

Entre otros aspectos, planteó que: “no veo oposición del Ministerio Público Fiscal a la SJP, sino que deja abierta la posibilidad y es algo que se debe considerar”; “como indicó la defensa, la jurisprudencia provincial habilita la SJP para este tipo de hechos”; “la SJP es probablemente la respuesta que debe tener este caso, pero con condiciones adecuadas y vinculadas a que no pueden resolverse las disputas de la vida en comunidad por medio de la violencia”.