Un relevamiento con imágenes satelitales de los desmontes en el norte del país indica que en la primera mitad del año se deforestaron 51.600 hectáreas, lo que es un 25% más que en el mismo semestre de 2022. Para Greenpeace Argentina, que trazó esa comparación, los resultados describen “una evidente emergencia climática y de biodiversidad”.

En ese mismo intervalo, el año pasado, habían sido 41.332 hectáreas en esas cuatro provincias.

Los datos dan cuenta de que, entre enero y junio, en Chaco se deforestaron 24.522 hectáreas; en Santiago del Estero, 19.040; en Formosa, 5804, y, en Salta, 2234. En el 73% de ese terreno no estaba permitido avanzar por la provincia o la Justicia local, mientras que en el resto lo está, pero ocurre sin las condiciones de sustentabilidad que prevé la ley de protección de bosques para su recuperación, según explican desde la ONG ambientalista.

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“Es preocupante el aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal”, dice Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “El Gobierno controla poco y es evidente que las multas no son suficientes –agrega–. Penalizar los desmontes ilegales parece la única solución.”

La riqueza ambiental de los bosques nativos reside en que albergan especies en peligro de extinción. Su pérdida afecta el equilibrio del ecosistema y el bosque es un ecosistema frágil. Desde Greenpeace recuerdan que es fuente de alimentos, madera y hasta medicinas. Lo definen como “esponjas naturales” que ayudan a la regulación hídrica con la protección del suelo. Su destrucción, según agregan, favorece la crisis climática.

A comienzos de este año, como publicó LA NACIÓN, Greenpeace estimó que las pérdidas con los desmontes y los incendios que el año pasado arrasaron bosques nativos protegidos en esas cuatro provincias, además de Jujuy, superaban las 200.000 hectáreas de esos ecosistemas de alto valor en biodiversidad y equilibro ambiental. Una extensión que equivale en superficie a 10 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación señalaron a este medio que esos valores de superficie perdida de bosque nativo eran similares a las obtenidas por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) que gestiona esa cartera.

Lo mismo apunta, ahora, Giardini sobre la nueva comparación en las cuatro provincias que concentran hasta el 80% de los desmontes. “Esto nos proporciona la gravedad de esa pérdida en el año, con los mismos criterios que usan las autoridades nacionales”, explica sobre el trabajo que repiten desde hace siete años. “En las imágenes satelitales que analizamos se ve perfectamente el cambio de donde había bosque a donde no lo hay”, agrega. La ampliación de la frontera agropecuaria (ganadería y agricultura) donde no está permitido, de acuerdo con lo informado por cada provincia, es la causa principal.

Desde el ministerio que dirige Juan Cabandié aclararon que los datos de este año aún no están disponibles y que los informes se elaboran de manera anual. “El informe sobre deforestación de 2022 está próximo a publicarse –anticiparon–. Destacamos, también que el Ministerio de Ambiente nacional fortaleció el SAT, con mejoras en la precisión y periodicidad de la información generada”, sumaron.

La ley N°26.331 de protección de los bosques nativos, de 2007, delega en las provincias su clasificación de acuerdo con criterios de sustentabilidad ambiental. Lo hace en tres categorías (roja, amarilla y verde) según si se puede o no desmontar o modificar de alguna manera y, si es así, si se debe recuperar. Ese ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) tienen que actualizarlo cada cinco años. De acuerdo con ese OTBN, en la mayoría de las zonas forestales (80%) de todo el país está prohibido el desmonte (categoría roja y amarilla).

“En Chaco, absolutamente todo el desmonte es ilegal porque la Justicia provincial los suspendió desde 2020 debido a que la provincia no actualizó en tiempo y forma su mapa de zonificación. Aun así, se puede ver que esa actividad está aumentando con respecto del año pasado –indica Giardini–. En Santiago del Estero, el 70% de los desmontes no están permitidos y ocurren principalmente por prácticas de ganadería que no terminan siendo sustentables. En cambio, en Formosa y Salta, la mayor parte de esas actividades está permitida por las autoridades provinciales.”

Los resultados de un relevamiento por imágenes satelitales que difunde la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de Chaco para el primer semestre del año reconoce la afectación “sin permiso” en 23.922 hectáreas en 15 departamentos provinciales. Eso se traduce en una diferencia de 600 hectáreas menos que lo que detectó Greenpeace. En la provincia, la fiscalización de los desmontes está a cargo de la Dirección de Bosques, que depende de esa subsecretaría, dentro del Ministerio de Producción chaqueño.

“Desde que la medida cautelar quedó firme, vemos el aumento de los desmontes. Si bien estaban dentro de tasas bajas con respecto del histórico de la provincia, en este primer semestre del año se nota el incremento”, dijo Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de Chaco. “En los años en los que podíamos otorgar los permisos –continuó–, el ritmo de los índices de desmontes eran relativamente estables porque al tener el particular la posibilidad de solicitar el permiso y el Estado, a evaluarlo, era la herramienta que se tenía en lo privado y lo público de cumplir con la ley. Al no tener esa posibilidad de instrumentar esta forma de trabajo a través de los permisos, la única forma es la ilegalidad, lo que no significa que no la contrarrestemos a través de las inspecciones y aplicaciones de multas”.

Olivares dijo que la provincia remitió al Senado de la Nación el proyecto para que el desmonte sin permiso se incorpore como delito penal. Respondió también que Chaco actualizó por decreto la zonificación, como lo manda la ley de protección de bosques, y envió la información al tribunal interviniente.

Al cierre de esta nota, no fue posible comunicarse con la Dirección de Bosques de Santiago del Estero.

Si en una jurisdicción se permite el uso de un área de bosques con tala controlada o ganadería con bajo impacto local deben mediar, según define la norma vigente, que esa definición se haga con estudios de impacto ambiental con una serie de criterios a tener en cuenta (suelo, lluvias, biodiversidad, proximidad a ríos o presencia de comunidades, entre otros) para definir el grado de protección.

“Una vez trazado ese mapa del país, el 80% de los bosques nativos quedaron en zonas donde no se pueden desmontar”, agrega el vocero de Greenpeace. Cita el caso de Formosa como paradigmático porque “la zonificación declarada permite el desmonte de casi el 75% del área de bosques”.

Todo esto, para Giardini, demuestra que el sistema de multas impuesto “no está sirviendo”. De hecho, la ONG abrió hasta el 10 de octubre próximo una consulta popular, de la que se puede participar acá, para que la población se exprese sobre si está de acuerdo con penalizar la destrucción ilegal de bosques nativos.

“Coincidimos en la necesidad de incrementar las sanciones en los incumplimientos de la ley N°26.331 y en que la incorporación del delito penal por deforestación sería un avance en este sentido”, habían respondido a LA NACIÓN en febrero pasado la cartera ambiental.

“Tenemos una muy buena ley de bosques que se está cumpliendo a medias –señala Giardini–. Le pasaremos al nuevo Congreso el año que viene los resultados de la consulta popular a favor y en contra de que el desmonte ilegal sea considerado un delito penal. No podemos estar lamentándonos todos los años de que la deforestación siga avanzando: se redujo un poco con respecto del registro más alto en 2005, pero creció la ilegalidad.”

La pregunta es, ahora, cómo reforzar el cumplimiento de la ley de bosques. “Es que en la mayoría de los casos no se reforesta ni se restaura el ambiente perdido. Son muy pocas las excepciones y, un bosque tarda 40 años en recuperarse solo”, finaliza.