El diputado neuquino, Carlos Coggiola por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó un pedido de informe para conocer el estado de las viviendas institucionales de toda la provincia. De esta forma, se busca saber cuántas viviendas otorgó el Estado neuquino a la fecha, además de otras características.

La medida presentada por el legislador tiene como objetivo, conocer el estado en el que se encuentran las obras, cuántas están deshabitadas, y sus ubicaciones barriales. El pedido de Carlos Coggiola está dirigido al Ministerio de Economía e Infraestructura, conducido por Guillermo Pons. 

Carlos Coggiola solicitó información a fin de conocer en detalle la cantidad de viviendas institucionales operativas, las que están deshabitadas y las razones por las que no se encuentran en uso, las que se están en construcción y las proyectadas a futuro. 

El legislador fundamenta en su pedido en que este tipo de viviendas institucionales “constituyen herramientas importantes para la descentralización del Estado, y también como elemento de consolidación para la radicación de profesionales de salud y de educación, fundamentalmente en el interior profundo de la provincia”.

Los ítems específicos de la consulta de Coggiola son la cantidad y ubicación del total de viviendas institucionales, que incluyen las afectadas a otros poderes del Estado, municipios, organismos nacionales, entes descentralizados, empresas estatales y del estado de cada una de dichas viviendas ya sea ocupada, desocupada o inhabitable.

El pedido de Coggiola incluye las viviendas ocupadas y la cantidad de las que se encuentran en construcción 

Al referirse al caso de las viviendas institucionales ocupadas, el legislador consulta a que dependencia pertenecen sus ocupantes y su plan de inversión y de mantenimiento de las viviendas institucionales inhabitables.

En tanto, pide información de la cantidad de viviendas institucionales que están en construcción; la cantidad de viviendas institucionales que se encuentren planificadas para su construcción; la fecha prevista para el inicio de las obras; y la cantidad de viviendas institucionales que han sido enajenadas y sus beneficiarios, en el marco de la ley 2021 y el decreto 1418/2011.