Si hay algo que está mas que claro es los gobierno no cumplen con la ley 24660 que da cuenta de las obligaciones que tiene el Estado en garantizar a una privada de la libertad que todos sus derechos se respeten y que haya políticas destinadas a un reinserción social.

Pero el tema de los presos siempre es incómodos y por sus delitos la sociedad los repudia, el gobierno los olvida y la justicia deja mucho que desear.

En Neuquén desde que la cárcel de Senillosa se entregó al sistema penitenciario federal, los penales explotaron.

El mas complicado en la actualidad es la U32 de Zapala donde Camuzzi les quitó el medidor de gas en marzo pasado para evitar una tragedia, con el dato de Aguada San Roque tan fresco, nadie quiere arriesgarse a que una pérdida de gas derive en una o mas muertes.

Lo cierto es que no solo no tienen gas sino que además no hay espacio para dictar clase a los internos. Y cuando se empieza a hurgar en la situación del resto de los penales del interior el hacinamiento y el incumplimiento de los derechos es una constante.

Ahora, la jueza de ejecución penal citó bajo apercibimiento de ser llevada por la fuerza pública a la secretaria de Estado y Seguridad para que dé explicación. Esperemos que esto no quede en la nada.