La Corte Suprema de Justicia apuntala la realización del juicio político contra Walter Bento, el juez federal de Mendoza suspendido en sus funciones, acusado por mal desempeño y graves cargos, que van desde el enriquecimiento ilícito a la supuesta recepción de sobornos para beneficiar a presos por narcotráfico y contrabando.

Los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti firmaron este martes la resolución 1735, en la que autorizaron a que se contraten a siete relatores para que asistan a cada uno de los integrantes del jurado de enjuiciamiento que debe determinar si Bento debe ser removido de su cargo o si, por el contrario, corresponde rechazar la acusaciones en su contra.

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Bento está acusado de haber favorecido a presos a cambio del cobro de sobornos, se cuestionan sus gastos y sus bienes, sus viajes al extranjero y la conducta exhibida como magistrado. La oposición, el oficialismo, los representantes de los jueces, de los académicos y de los abogados en el Consejo de la Magistratura, de manera unánime, votaron por que se abre el proceso de juicio político en su contra.

Los jueces de la Corte autorizaron a que la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura suscriba, a partir del 31 de mayo y hasta el 27 de noviembre, los contratos a favor de esos siete agentes con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de jefe de despacho; y autorizaron a la Dirección General de Administración Financiera a imputar el gasto.

El juicio político contra Bento estará a cargo de un jurado de enjuiciamiento integrado por dos senadores, dos diputados, dos jueces y un abogado de la matrícula. Es un cuerpo que está previamente seleccionado pero no tiene un funcionamiento estable, sino que se reúne ante cada caso.

Los integrantes son el senador del Frente de Todos Daniel Bensusán; el presidente, que es el juez Javier Esteban de la Fuente, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27; el vicepresidente es Javier Leal de Ibarra, camarista de Comodoro Rivadavia, quien asumió en el lugar del juez mendocino Alejandro Piña, que se excusó; el senador José Torello, de Juntos por el Cambio; Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio; su par Anahí Costa, del Frente de Todos, y el abogado Alfredo Barrau, de Tucumán.

Los jueces tiene un plazo fulminante de 180 días para culminar el proceso desde que se aprobó la acusación. Este lapso vence el 27 de diciembre. Si para ese entonces no llegaron a un veredicto, al caso contra Bento quedará archivado.

La Corte tomó otra decisión este martes, derivada del proceso contra el juez federal. Decidió confirmar la sanción contra el hijo del magistrado, Nahuel Bento, que es secretario judicial. Nahuel Bento fue cesanteado por la Cámara Federal de Mendoza, que tiene las atribuciones disciplinarias, porque está procesado por lavado de dinero como derivación de las acusaciones contra el magistrado federal. Además, se lo acusó de una falta administrativa, como es no avisar que iba a desarrollar tareas docentes, las únicas permitidas a los jueces, los que tienen vedado el ejercicio profesional y el comercio.

La Corte dijo que “las faltas endilgadas al funcionario investigado comprobadas por la cámara, sumado al procesamiento firme que pesa en su contra por un delito muy grave, revisten entidad suficiente como para considerar justificada la insuperable pérdida de confianza de sus superiores, por lo que la separación del cargo no es arbitraria. En ese sentido, las resoluciones adoptadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en el presente caso se hallan adecuadamente fundadas en la valoración de los elementos de juicio obrantes en el sumario, de modo que no se verifican los motivos que habilitan la intervención de este Tribunal por la vía intentada”. Así las cosas, dejó firme su cesantía como secretario federal.

El hijo de Bento esta procesado con procesamiento firme en la causa penal y se decretó un embargo por 75.000.000 de pesos sobre sus bienes.