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ZAPALA: Exigirá el narco-test a intendente, concejales y funcionarios políticos.

Zapala se convirtió en la primera ciudad de la provincia, que adhirió a la Ley 3531, que fija la obligación de realizarse exámenes toxicológicos a las autoridades electas y funcionarios políticos.

ZAPALA: Exigirá el narco-test a intendente, concejales y funcionarios políticos.

Zapala se convirtió en la primera ciudad de la provincia, que adhirió a la Ley 3531, que fija la obligación de realizarse exámenes toxicológicos a las autoridades electas y funcionarios políticos.

A través de la sanción de la ordenanza 2094, que se aprobó ayer por unanimidad en el Concejo Deliberante, finalmente Zapala se convirtió en la primera ciudad de la provincia, que adhirió a la Ley 3531, que fija la obligación de realizarse exámenes toxicológicos a las autoridades electas y funcionarios políticos, para poder permanecer en sus cargos.

La normativa fue aprobada sobre tablas con el voto afirmativo de los 11 concejales, a partir de un proyecto enviado por el intendente, Carlos Koopmann, donde se establece que la exigencia de los análisis será justamente para quien ocupe el cargo de jefe comunal, además de concejales, secretarios, subsecretarios, Fiscal Administrativo Municipal, Juez Municipal de Faltas, y Junta Electoral Municipal.

“Con la ordenanza que sancionaron los concejales, Zapala se convierte en la primera ciudad de la provincia en adherir a la ley de controles toxicológicos obligatorios, en una temática que para nosotros es muy importante, porque consideramos que es fundamental que la política brinde señales claras de transparencia, especialmente cuando tenemos la responsabilidad de ocupar un cargo de gobierno”, dijo el jefe comunal.

El intendente remarcó que “desde el municipio, compartimos y acompañamos la decisión política del gobernador Rolando Figueroa, de dar un combate sin tregua al narcotráfico, por eso propusimos rápidamente la adhesión a la ley provincial, porque para que esta lucha tenga éxito, es imprescindible el trabajo en conjunto de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado”.

Entre los fundamentos de la ordenanza, al igual que en la ley, se deja establecido que la finalidad “es garantizar la ética, idoneidad, integridad, responsabilidad y transparencia institucional en el ejercicio de la función pública, asegurando que se desarrolle sin relación o vinculación del funcionario público con el narcotráfico, libres de sustancias psicoactivas prohibidas”.

En los controles, que serán sorpresivos, se detectará la presencia de metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y barbitúricos, entre otros.

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