El cobro de la consulta por fuera de la cobertura ya está instalado en el país y la atención de la salud se vuelve cada vez más costosa para el bolsillo de la población. Mientras hay obras sociales y prepagas que aconsejan a sus afiliados solicitar una factura o comprobante de ese pago extra, ya son casi 50 las sociedades científicas y asociaciones profesionales que avalan el cobro de un bono no reintegrable de $6000 o más. Todo esto se da en medio de una incertidumbre cada vez mayor, también, por la renuncia creciente de especialistas a las cartillas.

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“Está consolidada la decisión. No hay vuelta atrás”, señalaron a LA NACIÓN desde una de las sociedades científicas que suscribió hace dos semanas el comunicado sobre la implementación, a partir de este mes, de un honorario médico ético mínimo de $6000 para las consultas por obras sociales y prepagas. “La diferencia entre lo que la cobertura abona al profesional y ese honorario es lo que debe pagar el paciente. Se estima que son entre $2000 y $3000″, continuaron voceros consultados.

A la vez, ese monto mínimo que las entidades consideran ético se actualizará cada dos meses de acuerdo con el índice de inflación. “Es un bono complementario no reintegrable”, aclararon.

Con esa figura, a la que se llegó con asesoramiento de abogados, los médicos no caen en un incumplimiento de contratos ni la cobertura puede deducirles de sus honorarios ese monto extra. “No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago”, se habían encargado de aclarar las 33 entidades firmantes la semana pasada. Desde entonces, se fueron sumando otras; hoy, eran casi 50 las asociaciones que respaldan la decisión que tomen los profesionales que representan.

Al viernes pasado, según pudo conocer este medio, tres financiadores mejoraron el valor por consulta y hubo uno que le envió a sus afiliados una nota para informar qué médico estaba cobrando ese bono. Entre las que aumentaron a sus médicos el valor de la consulta, solo una alcanzó el honorario ético mínimo pero para su plan más alto. El resto, en promedio, subió de $1600 a $2000 o de $3000 a $3600 por consulta.

“Entendimos, luego de mucho tiempo de reclamar, que el sistema no nos puede pagar más. Por eso nos juntamos las sociedades y asociaciones profesionales”, reflexionó en diálogo con LA NACIÓN una médica especialista que participó activamente de la definición del bono.

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Ante la confusión que la semana pasada surgió no solo entre los pacientes, sino también entre los médicos, algunos profesionales coincidieron al expresar en diálogo con este medio dudas sobre si obras sociales o prepagas les descontarían el monto complementario del pago que reciben por sus servicios a más de 60 días.

“Eso no debería suceder –continuó la profesional, que solicitó resguardo de su nombre y lugar de trabajo–. Se intentó sembrar ese miedo y, también, poner al paciente en contra de los médicos. Fueron algunos gerenciadores. No todos.”

Desde la Unión Argentina de Salud (UAS), donde están representada gran parte de las empresas y organizaciones de la medicina privada local, reiteraron frente a la consulta sobre los reclamos por los honorarios y los plazos de pagos prolongados en contexto de inflación, que no están de acuerdo “con el cobro de un copago o arancel por fuera del sistema”. Apuntan al “congelamiento de las cuotas del sector” como el origen del desfinanciamiento del sistema.

Ante la consulta de LA NACIÓN la semana pasada, fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud respondieron que ese organismo “no regula acuerdos, ni precios ni interviene entre privados”.

Desde las asociaciones profesionales, como lo habían aclarado ya la semana pasada los presidentes de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) o la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba), insistieron en aclarar que “ningún paciente va a quedar sin atención” por la implementación del bono complementario para la consulta médica. “Si no lo puede pagar, será atendido igual”, reforzaron a este medio.

Ese fue, también, uno de los puntos por el que hubo sociedades que no se sumaron a la decisión. Una fue la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). “Sabemos que un grupo de nuestros socios se preguntan por qué no estaba la adhesión de nuestra sociedad en dicho comunicado”, dijo Pablo Moreno, presidente de la entidad, durante su discurso al inaugurar el 41° Congreso Argentino de Pediatría en la ciudad de Mendoza el martes pasado.

Frente al auditorio, Moreno avanzó con la explicación, tras coincidir con que existe falta de reconocimiento del trabajo de los médicos, bajos salarios y “preocupación por la dignidad profesional” en el ejercicio de la medicina. “La SAP, junto a otras sociedades –sostuvo–, consideramos que no podemos adherir a un documento que establezca que la diferencia entre el honorario ético mínimo y lo que pagan los financiadores sea abonada por los pacientes o sus familias.”

Esa diferencia, de acuerdo con Moreno, la debe asumir “en su totalidad” las empresas de salud y las obras sociales. “No es equitativo que las familias cuyos hijos atendemos sean la variable de ajuste –continuó el pediatra–. Estas familias ya abonan una cuota por un servicio de medicina prepaga que se ajusta mes a mes o perciben un descuento significativo de sus salarios para el mantenimiento de la medicina de la seguridad social”.

Otro punto de disidencia con el comunicado difundido hace dos semanas es que no se refería “al salario vergonzoso de los médicos que trabajan de planta o de guardia”, tanto del sector público como del privado. Tampoco la SAP está de acuerdo en recomendarles a sus profesionales asociados que no emitan factura por el bono complementario.

Profesionales consultados en los últimos días coincidieron al reconocer que con quienes más antipática resulta esta decisión es con los pacientes. Uno, entre ellos, fue Juan Pablo Casasco, presidente de la Asociación Argentina de Neurocirugía, entidad que suscribió la implementación del bono.

“Como esto es genuinamente algo inédito, porque jamás tantas sociedades científicas se unieron por cuestiones que no tienen que ver con la salud –refirió–, estoy seguro de que si llegara a haber algún tipo de acercamiento de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga en los próximos días será para calmar las aguas en forma transitoria y volver, en un futuro cercano, a la misma situación en la que nos encontramos hoy.”

Recordó cómo en los últimos años, mientras la crisis que atraviesa el sistema de salud se iba intensificando, los planteos más firmes con el reclamo a las obras sociales y las prepagas para mejorar los ingresos “al punto tal que se les planteó irse de las cartillas”, las sucesivas medidas a modo de respuesta generaron una conformidad que fue pasajera. Así, hasta llegar a este momento, en el que directores de hospitales y centros privados hablan de un sistema quebrado.

“Ya dos empresas de medicina prepaga informaron un aumento del 10,99% de sus cuotas. Pero al médico le pagarán un 7% más –puso como ejemplo Casasco–. El problema es que obras sociales y prepagas no van a poder equiparar el honorario mínimo ético.”ß