“Sin esos aviones se termina la empresa”. Con esa frase, Jorgelina Pérez, de la firma Camarda Fernando, conocida en rigor en la aviación agrícola de Salta como Aerosoluciones, puso de relieve algo que le sucede a la empresa: sufrió un embargo. No puede pagar al exterior las cuotas de dos aviones comprados hace más de seis años. A pesar de que cuenta con el dinero, se ve imposibilita de efectuar el giro por las trabas impuestas por el Gobierno para el envío al exterior. En consecuencia, está inhabilitada de hacer uso de las aeronaves, lo que pone en riesgo la continuidad de la empresa y el trabajo de más de cinco personas por la falta de ingresos.

Luego del inusual incidente ocurrido el pasado miércoles cuando el empresario Ariel Pérez se encadenó en el hall de la Secretaría de Comercio, vestido de payaso, para denunciar la falta de aprobación de permisos de importación para nafta de aviones, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) alertó a LA NACION que al menos once empresas del sector no podían pagar los aviones adquiridos en el exterior.

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La experiencia de la empresa en la que trabaja Pérez es un ejemplo de esta problemática. Según contó, en 2016 y 2017 adquirieron dos aviones agrícolas mediante créditos en Estados Unidos. “En ese momento firmamos un contrato de hipoteca sobre el bien y se pactó hacer pagos semestrales que los veníamos realizando con normalidad hasta que hace un año y medio comenzaron a salir las normativas del Banco Central (BCRA) que cada vez pusieron más trabas”, dijo.

Agregó que la empresa se encuentra en una situación desesperante ya que no puede girar dólares bajo ninguna circunstancia, a pesar de que su deuda está debidamente declarada tanto en la AFIP como en el BCR, además de que en todo este periodo que no se pudo pagar se hicieron un montón de presentaciones en varios bancos sin éxito.

En cuanto a la deuda, se trata de cuatro cuotas impagas de un avión y una cuota pendiente de un segundo avión, que corresponde a la décima de un total de diez. Entre el capital, los intereses que se acumulan diariamente, los costos legales en la Argentina y Estados Unidos, la suma asciende a aproximadamente US$550.000.

Señaló que hace una semana recibieron, al igual que otras empresas, una notificación de embargo e inmovilización de los aviones por un estudio de abogados que la empresa estadounidense contrato en la Argentina. “Nos daban un plazo para efectuar el pago, y en caso de no hacerlo, se procedería al remate”, dijo la mujer. Según detalló, este plazo es de cinco días a partir de la fecha en que la notificación fue recibida.

Sin estas aeronaves la empresa está inactiva. De tres unidades dos están embargadas y la tercera sufrió hace unos años un accidente por lo que están realizando la habilitación.

“Necesitamos los aviones para hacer la temporada porque los utilizamos para hacer pulverización, control de incendios y siembra de pasturas”, explicó. La base de operaciones de la firma se encuentra en Las Lajitas, Salta. Presta sus servicios en toda esa provincia y Jujuy.

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“Enviamos cartas documento a los bancos, lamentablemente, sin obtener respuesta. Además, presentamos una solicitud de medida cautelar ante la AFIP a través de una herramienta denominada Sirase, la cual evalúa la capacidad financiera de una empresa para efectuar pagos en el extranjero. A pesar de que está probado de que tenemos la disponibilidad de la plata para girar, no lo podemos hacer”, expresó.

Contó que en la cuenta disponen de pesos para efectuar la transferencia al extranjero, de manera que su valor disminuye a medida que la cotización del dólar se modifica. “Esto conlleva a que dispongamos de menos fondos para afrontar nuestros compromisos financieros”, remarcó.