Apenas el personal de Policía Federal Argentina (PFA) irrumpió en su casa, Facundo Martínez reveló: “Somos de la mafia Hentai” y, después, comenzó a hablar en perfecto idioma japonés. Mientras le ponían las esposas para ser trasladado, el joven de 20 años espetó: “Hago las amenazas cuando me despierto y veo el mundo con tanta crueldad”.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes policiales. Las palabras de Martínez ante los detectives de la División Delitos Constitucionales de la PFA no tiene valor de confesión. En las próximas horas se sabrá si repite su relato ante el juez federal Julián Ercolini. El magistrado le tomará declaración indagatoria por el delito de intimidación pública.

Los detectives policiales eran la primera vez que escuchaban la definición de “mafia hentai” y googleraron la palabra hentai para saber su significado. “Es una palabra japonesa que significa perversión o pervertido”, fue la respuesta que encontraron en Internet.

Martínez, hijo de un policía bonaerense retirado y hermano de una oficial de la Policía de la Ciudad está acusado de haber estado detrás de las amenazas de bomba en la Casa Rosada, en el Congreso de la Nación, en el Complejo C, en el barrio de Chacarita, que fue utilizado como búnker del candidato a presidente Sergio Massa, al juez federal Ariel Lijo, en establecimientos educativos y estaciones de trenes de las líneas Sarmiento, Belgrano Sur, Urquiza y Roca, que ayer se vieron obligadas a suspender.

“En total fueron 30 amenazas”, afirmó a LA NACION una calificada fuente de la investigación. Martínez fue detenido por personal de la División Delitos Constitucionales de la Dirección General de Seguridad de Estado, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, en un inmueble situado en Friedrichs al 100, en Llavallol, en Lomas de Zamora.

Martínez no fue el único detenido. Otros dos sospechosos fueron apresados en La Matanza. No se descarta que los tres imputados, además de intimidación pública, sean indagados también por amenazar a un ministro y a un juez federal y por la interrupción de un servicio público.

“Las amenazas eran realizadas por medio de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro, las cuales utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet. Los sospechosos se dedicaban a hackear las cuentas de los clientes de la empresa y gestionaban, sin su consentimiento, nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor postor en el mercado negro de la Deep Web”, explicaron calificadas fuentes de la PFA.

Los investigadores sospechan que, Martínez, después adquirir líneas a nombre de otras personas, utilizaba redes de wi-fi públicas para concretar las llamadas extorsivas.

“La utilización de redes de wi-fi públicas tenía como finalidad evitar ser rastreado. Pero, los investigadores lograron establecer la existencia de una serie de patrones comunes de conexión que resultaron ser clave para identificar a los sospechosos”, explicó un detective de la PFA.