Para la Justicia argentina, cortar una ruta es un delito que se castiga con una pena de tres meses a dos años de prisión. Sin embargo, nadie fue preso el lunes pasado por interrumpir el tránsito, durante cinco horas, en la autopista Riccheri. El instigador del piquete fue un hombre de 44 años que se hace llamar Chamán Loquillo, que tiene antecedentes por portación ilegal de armas y que, actualmente, enfrenta un proceso similar por el mismo delito.

“Buen día, muchachos, como ya todos saben del poder increíble que tengo para predecir los resultados de las carreras cuadreras, les quiero contar que estuve en Santiago del Estero, en comunión con dos indígenas de la zona que me ayudaron a realizar el trabajo para que gane el caballo Gran Futuro, Acá les muestro el dinero de las cobranzas. Por ese trabajo realizado, un empresario cordobés me contrató y pagó $700.000″, expresó en una red social el hombre que se presenta como un oráculo de las carreras clandestinas. Chamán Loquillo vive en Villa Madero y fue el líder del piquete en la autopista Riccheri.

Además, detrás del corte se escondía una turbia trama que incluyó la venta de un arma, el robo de US$2600, dos policías denunciados por dicho robo y un efectivo baleado.

Según el artículo 194 del Código Penal, “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años”.

En lugar de apresar al líder del grupo de treinta personas que avasallaban el derecho de los ciudadanos a circular libremente establecido por la Constitución nacional, porque se trataba de un hecho de flagrancia, una funcionaria del Ministerio de Seguridad bonaerense le ofreció una reunión con una fiscal de La Matanza a cambio de levantar el bloqueo.

Ante un delito en flagrancia, la policía bonaerense y el comandante de Gendarmería en la zona deberían haber aplicado la ley sobre aquellos que cortaban la autopista. Sin embargo, accedieron al reclamo de los que cometían un delito y gestionaron la reunión con una fiscal, en lugar de detenerlos.

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El corte en la Riccheri fue el primer eslabón en una cadena de delitos que comenzó a mediados de marzo, cuando un hombre hizo una denuncia ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), en la que manifestó que desde una red social un usuario que se identificaba como Chamán Loquillo ofrecía a la venta una pistola Tala calibre 22 “sin papeles”.

A partir del cruce de información obtenida en diversas redes sociales en las que mostró la foto de dicha arma y del seguimiento e identificación de los celulares que postearon dicha publicación, los investigadores de la Policía de la Ciudad y del Ministerio Público porteño establecieron el domicilio de la dueña de esos teléfonos y se dispuso un allanamiento para tratar de encontrar el arma de fuego.

La vivienda del sospechoso identificado como Gabriel B. L, de 44 años, fue allanada el 8 de mayo pasado. Debido a que la propiedad estaba en el barrio Domingo Millán, de Villa Madero, en el partido de La Matanza, una jurisdicción distinta a la que se había radicado la denuncia, el Ministerio Público tuvo que mandar un exhorto al juzgado de garantías local para avisar sobre el allanamiento.

Además, los efectivos de la Policía de la Ciudad solicitaron al jefe de la comisaría de Villa Madero apoyo de personal uniformado para concretar el operativo y para que se encargaran de resguardar el perímetro externo en la propiedad. Durante el allanamiento, los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron tres teléfonos celulares. Sin embargo, no hallaron rastros del arma que se había intentado vender.

Al día siguiente del operativo, el dueño de la casa, identificado como Gabriel B. L, se presentó en la fiscalía especializada en Delitos de Gravedad Institucional, de La Matanza, y denunció que durante el allanamiento los policías le robaron entre US$2600 y US$2800.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Palín, quien, como primera medida, tomó declaración a los testigos del operativo.

Aunque al declarar ante los funcionarios judiciales los testigos manifestaron no haber observado ninguna irregularidad en la actuación policial, a través de la red social de un medio de comunicación del barrio Domingo Millán se difundieron las imágenes de los efectivos que participaron en el operativo del 8 de mayo pasado.

“Entraron de civiles en una casa de Villa Madero. Vamos a terminar con esos m...”, se indicaba en el video grabado por las cámaras de seguridad que registraron a los policías cuando caminaban por uno de los pasillos adyacentes a la casa de Gabriel B. L, también conocido como Chamán Loquillo.

En esos videos tampoco aparece el momento en el que, según denunció el dueño de la propiedad, los policías le robaron el dinero que tenía guardado para la operación de su hija. No obstante, aunque había una investigación en proceso para determinar si hubo responsabilidad policial en el robo denunciado, Gabriel Chamán Loquillo convocó a un grupo de vecinos para una protesta y corte en la autopista Riccheri.

A pesar de la agitación realizada a través de las redes sociales, concurrieron no más de treinta personas que, sin que nadie lo impidiera, el lunes pasado a las 9 invadieron la calzada de la mano al centro porteño de la autopista Riccheri y provocaron un caos que a punto estuvo de terminar en tragedia.

Sergio, el empresario que conducía una Ford Ranger negra, estuvo a pocos metros de arrollar a los manifestantes, amigos del vecino acusado de vender un arma ilegal. De no haber sido por los periodistas que realizaban la cobertura informativa del piquete que calmaron y contuvieron al empresario, otra hubiera sido la historia.

Luego de más de tres horas de interrupción del tránsito, se presentaron dos efectivos de la Gendarmería para tratar de convencer a los manifestantes de levantar el piquete, no para desalojarlos.

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En lugar de hacer cumplir la ley, uno de los efectivos de la Gendarmería abordó el automóvil Renault Clio de Liliana, una vecina de Lanús que había sufrido una crisis hipertensiva, y tomó el comando del vehículo para trasladar a la mujer hasta el centro porteño, donde debía concurrir a un turno médico.

Liliana se había descompensado en su automóvil al haber quedado atrapada en el corte. La ambulancia que pidió para ser atendida a través de los responsables del operativo nunca llegó.

Mientras tanto, Gabriel B. L se negaba a levantar el piquete, favorecido por inacción de los efectivos de la Gendarmería y de la policía bonaerense. A las 13, llegó al lugar una funcionaria del Ministerio de Seguridad bonaerense. Era la subsecretaria de Participación Ciudadana del ministerio que comanda Sergio Berni.

La funcionaria logró convencer a Chamán Loquillo de que levantara el corte, a cambio de que fuera recibido por la fiscal que investiga la denuncia por robo contra los policías que allanaron su casa.

Después de cinco horas, en las que se registraron situaciones de extrema tensión, el líder de los manifestantes liberó el tránsito. Anteayer la fiscal Andrea Palín dispuso que les volvería a tomar declaración testimonial a los testigos del operativo en la casa de Chamán Loquillo y a su hija. Aunque en la primera declaración no habían detallado ninguna conducta delictiva de parte de los policías.

En las últimas horas, Chamán Loquillo se presentó en la fiscalía que lo investiga por la portación ilegal de un arma de fuego. No fue solo. Lo acompañó un abogado y se negó a declarar.

No pasó inadvertido que, cuatro días después del allanamiento en la casa del líder del corte en la Riccheri, uno de los policías que participaron en dicho operativo fue baleado cuando perseguía a un grupo de delincuentes que habían robado un Volkswagen Fox.

El tiroteo que terminó con el jefe de calle de la comisaría de Villa Madero herido ocurrió en el cruce de Pedernera y la colectora de la autopista Riccheri.

Luego del enfrentamiento fueron apresados tres sospechosos, que habrían sido identificados por fuentes policiales como Lautaro y Alan Ledesma, y Rodrigo Nahuel Cruz, de 22, 19 y 25 años, respectivamente.

El último de los detenidos tenía antecedentes por secuestro extorsivo y robo agravado. Al revisar el vehículo en el que circulaban los sospechosos, los policías hallaron tres armas de guerra.

Fuentes de la investigación indicaron que el episodio en el que fue herido el oficial Natanael García no tuvo ninguna vinculación con el allanamiento en la casa del líder del corte en la autopista Riccheri ni con el robo denunciado. Actualmente, el oficial está internado fuera de peligro en la sala de terapia intermedia de un sanatorio porteño. Aunque el hecho llamó la atención por el lugar en el que ocurrió, cerca de la propiedad allanada y cuando Chamán Loquillo agitaba a los vecinos del barrio contra los policías.ß