La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Ricardo Echegaray delinquió siendo funcionario, convirtiéndolo así en el primer titular de la AFIP en ser condenado en la historia argentina.

En ese mismo fallo, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone confirmaron la absolución de los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Concluyeron que se beneficiaron de la defraudación al Estado nacional que cometió Echegaray, pero que no estaba probado que ellos mismos hubieran delinquido y, por lo tanto, por el beneficio de la duda, quedaron exonerados.

Tras conocerse el fallo –difundido cuando todos los focos de atención pública apuntaban a la arena electoral–, López y De Sousa lanzaron toda su maquinaria mediática a pregonar que la Cámara de Casación demostraba que fueron víctimas de una persecución política, que no fue tal, durante el gobierno de Mauricio Macri.

De Sousa brindó, incluso, una conferencia de prensa en la que mostró los rostros de quienes dijo que habrían protagonizado la supuesta persecución contra el Grupo Indalo: Ricardo Gil Lavedra, Alberto Abad y Hugo Alconada Mon, tres hombres intachables y prestigiosos que suman décadas de servicio a la comunidad.

Gil Lavedra no necesita presentación. Siendo muy joven, integró la Cámara Federal que juzgó y condenó a las juntas militares cuando tomar esa decisión requería muchísimo coraje. Antes y después de ese hito para la democracia argentina, Gil Lavedra forjó una digna carrera profesional.

Abad fue dos veces titular de la AFIP, lideró el organismo durante las presidencias de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner –momento en que renunció tras enfrentarse con Echegaray– y volvió a liderar esa institución a partir de diciembre de 2015, cuando el presidente Macri le solicitó que revirtiera el grave estropicio causado, precisamente, por Echegaray.

Alconada Mon es sobradamente conocido por los lectores de este diario, que se honra de tenerlo entre sus filas. Ingresó en 2002, se desempeñó en las secciones Economía y Política, fue nuestro corresponsal ante la Casa Blanca, volvió a la Argentina para ocupar el cargo de prosecretario de Redacción y, a lo largo de su laureada carrera, investigó a los gobiernos de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández, además de exponer casos resonantes de corrupción, lavado de activos y fraude corporativo que llevaron a condenas penales y decomisos multimillonarios.

Fue precisamente una de las investigaciones de Alconada Mon –acaso el mejor periodista de investigación de la Argentina y uno de los mejores del hemisferio– la que llevó a la condena de Echegaray. En ese mismo expediente, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial determinó que el proceder de López y De Sousa al frente de la petrolera fue “fraudulento” y “ruinoso”. Así fue desde el momento mismo en que compraron la compañía, en 2011, siendo su debacle solo achacable a ellos y no a supuestas persecuciones. Esos fallos, cabe remarcar, se encuentran firmes.

Solo una opaca moratoria que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y que la oposición denunció como un “traje hecho a medida” de los intereses de López y De Sousa fue la que les permitió revertir la quiebra, resucitar Oil Combustibles y demandar incluso al Estado nacional por el supuesto perjuicio sufrido.

Escuchar a De Sousa afirmar que fue víctima junto a López de una presunta persecución protagonizada por Gil Lavedra, Abad y Alconada Mon resulta una afrenta a la inteligencia de todos los argentinos, que tampoco ha prosperado en la Justicia. Los dueños del Grupo Indalo radicaron una denuncia penal que quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría. Hoy, tras años de investigación, el saldo es elocuente: la Justicia dictó la falta de mérito de Abad y del otrora subdirector general de Recaudación Sebastián Paladino, en tanto que sobreseyó al exsubdirector general de Asuntos Jurídicos de la AFIP Eliseo Devoto y a la entonces directora de Asesoría Legal Impositiva, Marina Lamagrande, al igual que a otro funcionario ejemplar, Leandro Cuccioli, quien sucedió a Abad al frente del organismo durante la presidencia de Macri.

Es de esperar que el Ministerio Público Fiscal apele el fallo de la Cámara de Casación ante la Corte Suprema para que la cúspide del Poder Judicial dé certeza definitiva sobre una de las defraudaciones al Estado más portentosas de nuestra historia nacional.