Se acaba de reformar la ley de alquileres. Una vez más se ha legislado en forma demagógica, otorgando beneficios unilaterales a los inquilinos, sin contemplar el nefasto efecto sobre el mercado de locaciones y obstaculizando el necesario impulso a la construcción de viviendas para alquilar.

La única, parcial y muy modesta e insuficiente concesión a la realidad es que el plazo para ajustar el precio de la locación, antes anual, ahora será semestral y no trimestral, como proponían los proyectos más sensatos. Con una inflación interanual del 140% y que se proyecta en torno del 200% para todo 2023, y con un dólar real que supera los $1000, el aprobado ajuste semestral licúa o deprecia el valor real del alquiler muy rápidamente y desalienta operaciones.

Se ha fijado también que el valor del alquiler deberá ser en moneda nacional, aunque lamentablemente carecemos de moneda y nuestro sufrido signo monetario se devalúa a velocidades inauditas.

Con el argumento de aliviar a los inquilinos, solo logran que la oferta se mantenga por el suelo, con propietarios que siguen optando por poner sus propiedades a la venta, por retirarlas para esperar a que se defina el escenario poselectoral o, cuando es factible, destinarlas a alquileres temporarios. Desde Reporte Inmobiliario indicaron que, en septiembre, la cantidad de departamentos de 1 a 4 ambientes disponibles solo alcanzó el 64% de la oferta del año anterior.

Para peor, el índice que dispone la reforma para actualizar los valores de los alquileres es el llamado Casa Propia, que toma el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de inflación del mismo período, y que será, de acuerdo con distintas proyecciones, inferior al índice que se aplica actualmente. Los propietarios tienen hoy la menor rentabilidad de los últimos 40 años.

Demuestra esto que quien aspire a vivir del alquiler de su propiedad, como es el caso de algunos jubilados, perderá dinero. Se olvida recurrentemente que el alquiler no es una dádiva ni un subsidio estatal, sino un contrato entre dos partes que han de procurar condiciones razonables y un precio justo para ambas. Con esta legislación se siguen promoviendo los contratos por fuera de la ley y la dolarización.

Legislar demagógicamente con fines electorales es dar pan para hoy y hambre para mañana: quienes aspiran a una vivienda de alquiler no la encontrarán, los propietarios seguirán ausentes del mercado locatario, venderán o cerrarán sus inmuebles, con la ilusión de que la venda ideológica que impide ver la realidad se levante. Mientras tanto seguiremos tomando la misma sopa de siempre.