Como en el viejo chiste del “club de los ansiosos”, donde las cenas anuales son cada tres meses y el primer plato es el postre, casi todo el establishment y parte de la sociedad interesada en buscar información confiable están empeñados en anticiparse a las medidas económicas que se adoptarán a partir del 11 de diciembre, un día después de la asunción del nuevo gobierno.

No debe faltar incluso quien piense en recurrir a algún vidente en busca de pistas. Las cada vez más concurridas actividades –presenciales o virtuales, públicas o privadas– con gurúes políticos o económicos, sólo ayudan a vislumbrar escenarios con distinto grado de probabilidad según los principales candidatos; que, en los espacios políticos del oficialismo y la oposición, se mueven en medio de internas recalentadas y encuestas dudosas.

El Banco Central vendió US$675 millones en junio y sus reservas tocan nuevos mínimos

Dado que el futuro –por definición– aún no ocurrió, se trata de una misión imposible: a partir de hoy faltan 44 días para llegar a las PASO; 114 para la primera vuelta electoral y 142 para un previsible balotaje presidencial.

Por ahora, los candidatos en campaña abundan en diagnósticos y consignas de trazo grueso con las que pocos podrían estar en desacuerdo; pero no adelantan medidas ni explican cómo instrumentarlas, ni qué respaldos políticos buscarían para asegurar la gobernabilidad.

En los equipos económicos de la oposición las (pocas) señales a la vista tienen como denominador común no hacer más de lo mismo porque implica mayor inflación, para lo cual se requiere un plan de estabilización con flexibilización del mercado cambiario, seguido de reformas estructurales por ley para aprovechar el potencial productivo del país, impulsar la inversión privada, el crecimiento y el empleo formal. A partir de este punto aparecen varias diferencias.

Desde Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza –del equipo de Horacio Rodríguez Larreta– sostuvo esta semana en el IAEF que es necesario levantar el cepo y las restricciones cambiarias, pero no como a fin de 2015 porque la demanda de divisas supera la oferta. “Salir en un día o dolarizar son atajos que siempre terminan mal”, añadió. Para el exministro, la secuencia de flexibilización debería ser comercio-deuda-dividendos. También planteó que la verdadera corrección de la inflación va a ocurrir “cuando el Gobierno deje de ser un demandante insaciable de dólares y pesos del Banco Central” y que para eso es necesario eliminar los subsidios –excepto para la población más vulnerable–, que en los últimos 15 años explicaron todo el déficit fiscal.

Por su lado, Carlos Melconian –que presentó ante 250 empresarios convocados por la Fundación Mediterránea el programa económico integral elaborado por un equipo de 70 economistas y disponible para el próximo gobierno–, coincidió con ese enfoque y la necesidad de alcanzar previamente el equilibrio fiscal para bajar la inflación. Además, propuso institucionalizar a mediano plazo el bimonetarismo que existe de hecho hace años, a través de una reforma por ley del Código Civil para que los contratos puedan ser realizados en pesos o dólares (“en una convivencia y no competencia de ambas monedas”), junto con la modificación de normas cambiarias y financieras destinadas a eliminar el actual laberinto regulatorio y sin descartar la posibilidad de un blanqueo de capitales.

A través de un tuit, Luciano Laspina –del equipo de Patricia Bullrich– planteó anteayer que se está formulando mal la pregunta sobre la salida del cepo y aportó un dato inquietante. “Lo correcto sería preguntar cuánto tiempo más se puede mantener el cepo. El BCRA ya gastó US$8000 millones de los 10.000 millones que respaldan los depósitos. ¿Hasta cuándo?”, se preguntó. Por la misma vía anunció que el próximo jueves 6, cuando presente su libro Desenredar la Argentina. Diagnósticos y propuestas para quebrar la decadencia, con la candidata como invitada especial, explicará qué significa hablar de bimonetarismo, al que dedica su primer capítulo.

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, anticipó también en el IAEF que sus primeras medidas serían reforma del Estado; simplificación del sistema impositivo; modernización del sistema laboral y una agenda de apertura unilateral, en paralelo con el envío al Congreso de sus propuestas de reforma monetaria para que los agentes económicos puedan elegir la moneda con que operar, eliminación del BCRA y dolarización. No obstante, para no quedar encuadrado en el “teorema de Baglini” (promesas más audaces cuanto más lejos se está del poder), aclaró que las dos últimas no serán inmediatas, sino en una segunda etapa, como figuran en su plataforma electoral.

Este breve rastreo de pistas sobre el plan económico del próximo gobierno no aplica al caso de Sergio Massa en su doble rol de ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria, el nuevo sello creado por Cristina Kirchner para disimular las divisiones del oficialismo. Las razones son múltiples.

Por un lado, su único horizonte es por ahora llegar a las PASO y luego a las elecciones de octubre sin un salto devaluatorio, estallido cambiario ni desborde inflacionario. Para eso depende de la actual renegociación hasta fin de año de las metas fiscales y de reservas netas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las condicionalidades y la secuencia de los próximos desembolsos. Fiel a su estilo político, el ministro transformó la necesidad en virtud al afirmar esta semana en la convención de Camarco que una obsesión del próximo Presidente, sea quien fuera, debe ser exportar, generar todos los dólares necesarios para pagarle al FMI y no volver nunca más al organismo”. Omitió señalar que el kirchnerismo se opuso frontalmente al acuerdo; que las revisiones se extienden hasta el segundo semestre de 2024 y que la refinanciación de 2022 (equivalente a los US$44.500 millones otorgados al gobierno de Mauricio Macri en 2018) establece para cada desembolso un período de repago de 10 años, con 4 años y medio de gracia.

Por otro, en sus casi 11 meses de gestión, Massa –a instancias de CFK– se abstuvo de elaborar un plan económico; creó múltiples tipos de cambio diferenciales o discrecionales sin evitar una brecha cambiaria de 80%; endureció el cepo importador; catapultó la emisión de pesos y la deuda del Tesoro para financiar el déficit fiscal y, aunque trató de “administrar” la inflación con controles de precios y topes mensuales (ahora extendidos hasta después de las PASO para bienes durables), no logró evitar que se disparara a tres dígitos interanuales. No obstante, insiste en autodefinirse como “pro mercado” por sus contactos en los EE.UU. y para diferenciarse de la tropa K.

Aun así, el ministro-candidato cuenta con la ventaja de usufructuar el amplio aparato de propaganda oficial y disponer de un equipo propio de comunicación que diariamente se ocupa de difundir su hiperactiva agenda de actividades políticas. Sin mencionar la inflación, no deja pasar por alto cualquier dato económico positivo por más que sea puntual, fuera de contexto o engañoso. De ahí que abunden indicadores mensuales con “récords históricos” o se destaquen subas de bonos argentinos y ADR como una muestra de confianza, aunque se trata de operaciones especulativas de fondos de inversión internacionales que aprovechan precios bajísimos para obtener rápidas ganancias en dólares. Otro tanto ocurre con la difusión paso a paso del llenado de cada tramo de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que será inaugurada oficialmente el 9 de julio y es calificada como la “obra de ingeniería más importante de los últimos tiempos”, pese a que a fines de los ‘80 el gasoducto Neuba II, con el doble de extensión, fue terminado en 10 meses.