La investigación preliminar llevada adelante por la Justicia Electoral para determinar si hay delitos en las acusaciones por “venta” de candidaturas contra La Libertad Avanza, el espacio que encabeza Javier Milei, tuvo este viernes la declaración de su primer testigo. Se trata del abogado liberal Carlos Maslatón, un exaliado del economista libertario, quien se acercó a los tribunales de Comodoro Py para ratificar sus dichos acerca de la existencia de un “régimen de franquiciado político” que “subasta” lugares en las listas.

Bajo juramento de verdad, Maslatón ratificó ante el fiscal Ramiro González las irregularidades que mencionó de manera reiterada en sus intervenciones públicas del último año. “Yo fui y expliqué lo que considero que es el franquiciado político, que es el intercambio de una candidatura por dinero”, le dijo a LA NACION. Y detalló que fue a través del “diálogo con la militancia” y a partir de la “recopilando algunos testimonios”, con sus respectivas fuentes, que cayó en la cuenta de ese supuesto mecanismo.

Para Maslatón, el argumento de Milei respecto al “autofinanciamiento” de su campaña lo puede llevar a tener incluso más problemas, ya que, a su entender, “eso no está siguiendo los parámetros de la ley electoral, que exige la identificación del aportante y bancarización del dinero”. “Es dinero que no entra a la campaña, sino que es para los que hacen el arreglo”, indicó a este diario luego de su declaración, que estaba programada para el próximo martes, pero que se adelantó debido a un viaje que el abogado ya tenía programado.

“En esos acuerdos políticos se privilegió quién podía poner plata, pero no para la campaña, sino para que la cobraran ellos, los jerarcas de La Libertad Avanza, por darte el derecho a vos de participar como candidato de una lista encabezada por Milei”, añadió el abogado.

Sin embargo, pese a considerar ese mecanismo como “una gran inmoralidad” y “una tremenda equivocación”, Maslatón dio su opinión personal acerca del caso y aclaró que para él lo sucedido no constituye una infracción. “A lo mejor ellos sí lo ven así, pero a mí me parece que no lo es”, subrayó.

La investigación preliminar es un paso previo a la formación de una causa formal y pretende reunir evidencias para tratar de acreditar si hay una conducta delictiva y luego profundizarla. De ser así, la jueza federal electoral María Servini deberá intervenir y decidir no solo sobre la responsabilidad de los eventuales imputados, sino sobre la legitimidad de las candidaturas nacionales obtenidas mediante estas maniobras económicas. Si se trataran de candidaturas a cargos provinciales, puede que el asunto sea competencia de la justicia de cada distrito.