Por suerte para nuestra república, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la declaración de nulidad en el llamado caso “Rigau”, con lo que la investigación de lo sucedido podrá encarrilarse de una vez. Ello es especialmente importante en casos como éste, que trascienden lo individual y rozan a funcionarios públicos o referentes de la política, de quienes en un sistema republicano estamos autorizados a esperar conductas ejemplares. En pocas horas, se ordenó detener a Julio “Chocolate” Rigau y avanzar en el peritaje de su celular.

También podrá verificarse, a partir de ahora, si -como esperamos- se despeja la sospecha de que la clase política, para decirlo fácilmente, tiene “coronita”. Tal vez convenga repasar los hechos.

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Por testigos que declararon en la investigación, todo empezó con un procedimiento policial a raíz de una denuncia que señalaba que en un cajero automático en La Plata una persona utilizaba una gran cantidad de tarjetas de débito -muy superior a la que cualquier ciudadano suele tener-, con las que hacía numerosas extracciones de dinero en efectivo, consumiendo en ello mucho más tiempo que el que cualquier persona utiliza. Sabemos también que cargaba una bolsa de residuos, y gracias al voto en disidencia del único juez de la Cámara de Apelaciones que describió correctamente los hechos, sabemos que esta persona, que terminó siendo Rigau, se negó a identificarse y a suministrar dato filiatorio alguno.

Conocemos, a raíz de ese mismo voto, que ante la solicitud de los policías de que exhibiera el contenido de la bolsa negra que llevaba, aquel sacó de su interior una gran cantidad de dinero en efectivo, comprobantes de extracción y numerosas tarjetas de débito, en las cuales se leía la leyenda “Honorable Cámara de Diputados”.

A partir de allí se había tejido una verdadera madeja judicial. La detención de Rigau, a raíz de este cuadro probatorio, y el secuestro de su teléfono celular -que podría brindar datos relevantes acerca de qué instrucciones recibió de los titulares de todas esas tarjetas que portaba, o de terceros- fueron actos declarados nulos por dos jueces de la Cámara de Apelaciones. Éstos, en ningún momento se hicieron cargo de la descripción de los hechos que ofreció el juez que votó en disidencia.

Desde ese momento se produjo un ida y vuelta, en el que se discutió si la apelación presentada por un fiscal contra esa nulidad habilitaba o no a la Fiscalía y al juez de garantías intervinientes a seguir con las medidas de investigación.

También se discutió si la decisión del juez de garantías de acceder inicialmente a peritar el teléfono, medida válida en todo caso en el que exista un estado de suficiente sospecha, debía quedar “suspendida”. Así lo resolvió el juez, aante una nueva apelación de la defensa, que argumentó que la causa estaba concluida con el fallo anulatorio, por lo que la apertura del teléfono sería una suerte de “alzamiento” contra lo decidido por la Cámara.

Concluyo la descripción de este galimatías, con el que el lector debe haberse perdido hace rato, señalando que finalmente la Cámara de Casación provincial resolvió que la vía procesal utilizada por la Cámara de Apelaciones para anular las actuaciones fue inadecuada. Ahora, por decisión del el juez Federico Atencio, se dispuso que el viernes próximo se realice finalmente la apertura del celular, lo que clarificará muchos interrogantes.

Permítaseme una reflexión personal. Es verdad que existen importantes fallos de distintos tribunales, nacionales e internacionales, en el sentido de que la interceptación de un ciudadano en un lugar público y la revisión de sus pertenencias requiere necesariamente de motivos previos y de una situación de urgencia, pues a nadie le gusta vivir en un estado policíaco. También es cierto que la observancia de las garantías constitucionales hace a la esencia de nuestra república, de la misma manera que es fundamental que los funcionarios que puedan haberse beneficiado con las maniobras del señor Rigau sean descubiertos mediante un proceso respetuoso de la ley.

Ahora que la nulidad que había declarado la Cámara de Apelaciones fue dejada sin efecto, nada impide que el juez de la causa despeje cualquier planteo pendiente y permita que se cumplan con los pasos de la investigación.

Las medidas de prueba que los jueces ordenan y hacen al objeto de una investigación (saber quiénes eran los reales beneficiarios de las extracciones de Rigau), son por definición decisiones inapelables. Para bien de la república, esperemos que se cumplan con la mayor celeridad posible.

El autor es abogado constitucionalista.