Un Tribunal de Impugnación resolvió este lunes confirmar las condenas a los ex jefes policiales que participaron en la represión a la protesta docente de abril de 2007, donde fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba. Se trata de la Causa Fuentealba II.

Las juezas Patricia Lupica Cristo y Leticia Lorenzo, y su par Nazareno Eulogio, ratificaron "en todos sus términos" y por unanimidad la sentencia dictada en marzo pasado, que había sido apelada por las defensas en octubre. El pasado 30 de octubre se realizó una audiencia de impugnación, solicitada por las defensa de los policías.

El fallo emitido este lunes destaca que las sentencias son una muestra cabal de imparcialidad, objetividad y razonabilidad de los jueces del Tribunal de juicio. Ahora, la última instancia provincial de apelación es el Tribunal Superior de Justicia.

De esta manera se confirmó las condenas de Benito Matus a 1 año y 4 meses de prisión (culpable del delito de abuso de armas), misma pena que para Jorge Garrido (culpable de abuso de la autoridad), quien ocupaba el cargo de jefe de Departamento de Seguridad Metropolitana. En tanto, los otros ex altos mandos que fueron encontrados culpables de abuso de la autoridad, condenados a la pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional, son: Carlos Salazar, quien era comisario General, Jefe de la Policía de Neuquén; Moisés Soto, quien era comisario general, subjefe policial; Adolfo Soto, comisario General, Superintendente de Seguridad Metropolitana; Mario Rinzafri, director de Seguridad a Cargo del operativo; Jorge Garrido, jefe de Departamento de Seguridad Metropolitana.

En marzo pasado, el Tribunal compuesto por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Diego Chavarría Ruiz encontró culpable del delito de abuso de la autoridad a cinco de los ocho ex funcionarios y policías que actuaron al frente del operativo represivo, mientras que a otro de los acusados lo responsabilizó del delito de abuso de armas agravado por ser funcionario policial al disparar contra un vehículo en el que se trasladaba un grupo de docentes. En junio dieron a conocer las penas, que fueron ratificadas este lunes.

El gremio docente ATEN destacó la decisión emitida por la Justicia y dijo que se trata de un fallo "ejemplar". "Es un hecho probado que en el Operativo Arroyito existió un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, y que merece un reproche penal. Y a su vez expresa que “la crítica (de las defensas) resulta por demás infundada, ya que los jueces (del juicio) han desarrollado una minuciosa labor a la hora de justificar” el rol de cada jefe condenado y en el caso del jefe de la policía del Neuquén de Carlos Zalazar expresaron que “sus obligaciones y deberes, no son delegados en sus subalternos”, valoró el gremio en un comunicado difundido en su cuenta de Facebook.

"El tribunal conformado por las juezas Patricia Lupica Cristo, Leticia Lorenzo y el juez Nazareno Eulogio no dudó: los jefes conocían al momento, cómo se desarrollaban los hechos, y por ende, tenían la obligación de hacer respetar la ley, haciendo cesar el uso de la fuerza que se manifestaba a todas luces arbitrario y sin ningún tipo de justificación", agregaron desde ATEN.

El veredicto llegó después de casi 16 años de aquel operativo policial que reprimió a una movilización de docentes que reclamaba aumento salarial y mejores condiciones de trabajo el 4 de abril del 2007 y que terminó con el asesinato de Carlos Fuentealba.

A pesar de que al poco tiempo de aquella brutal represión la justicia condenó a cadena perpetua a Darío Poblete, el ex cabo que gatilló la pistola que disparó el gas lacrimógeno directo a la cabeza de Fuentealba, ATEN reclamaba desde entonces que se sentaran en el banquillo de los acusados los demás policías y funcionarios que ordenaron ese despliegue.