A mediados de este mes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten inmigrantes irregulares, así como multas para las empresas que los contraten. La nueva legislación entrará en vigor el próximo 1 de julio y también tendrá repercusiones para personas indocumentadas que radiquen en otros estados y que tengan planes de visitar Florida, dado que sus licencias de conducir no serán válidas dentro de ese territorio.

Cuándo entra en vigor la ley sobre inmigrantes indocumentados en Florida

La ley impulsada por el republicano, denominada como “antiinmigrante” por la oposición, prohibirá que los gobiernos locales proporcionen dinero a organizaciones que emitan tarjetas de identificación a inmigrantes irregulares. Las que hayan sido expedidas en otros lugares del país norteamericano perderán su validez, al igual que los permisos para manejar. En Florida, el castigo por conducir sin una licencia válida es de hasta 60 días de cárcel y US$500 de multa, según explica The Law Place, un sitio especializado en temas legales.

Según los expertos, estas medidas impactarán directamente en el turismo del estado, ya que el 60% de los visitantes llega en automóviles. “Entonces muchas de estas personas que vienen a gastar dinero aquí ya no podrán hacerlo o se arriesgarán a cometer un delito grave”, declaró Felipe Sousa Lazaballet, miembro del Hope Community Center en Orlando, a Scripps News.

Por su parte, Samuel Vilchez Santiago, perteneciente a la American Business Immigration Coalition, señaló que no solo el turismo se verá afectado, sino que también habrá una reducción en los transportes comerciales que lleguen al estado. “El efecto a largo plazo es que la gente no querrá venir a Florida. Eso es muy preocupante para nuestra economía y podría convertirse en un problema nacional con todas estas empresas de transporte que tienen que averiguar a quién pueden enviar a Florida y a quién no pueden enviar”, dijo para el medio que consignó la información.

La nueva legislación de DeSantis entrará en vigor oficialmente recién el próximo 1 de julio. Sin embargo, sus efectos ya se sienten entre la comunidad inmigrante de Florida, sobre todo en el trabajo. Algunos indocumentados fueron despedidos, mientras que otros decidieron irse antes de que se implemente la ley. Unos más permanecen en la incertidumbre.

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Los empleadores temen por las represalias que el gobierno tomaría en su contra si entre sus trabajadores hay algunos que no puedan comprobar su residencia legal en Estados Unidos. Si bien antes ya existía una multa por emplear a este sector, los castigos se endurecerán.

La administración de DeSantis obligará a las empresas con más de 25 empleados a usar E-Verify, un sistema federal que sirve para comprobar si los trabajadores están registrados legalmente en EE.UU. También harán auditorías para corroborar que se cumpla con todo el protocolo que este proceso implica.

Entre los que decidieron quedarse en Florida está Benajmín Pérez, de 40 años y originario de México. Desde hace dos décadas vive en Miami con su esposa y uno de sus sobrinos. Los tres trabajan, pero ninguno con permiso legal, por lo que su futuro pende de un hilo.