La Corte Suprema rechazó hoy las excusaciones y recusaciones que presentó el gobierno nacional contra sus jueces y quedó en condiciones de tomar una decisión de fondo en la causa promovida por la ciudad de Buenos Aires contra el recorte de fondos de coparticipación dispuesto por Alberto Fernández en diciembre de 2020.

La decisión la tomaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó la sentencia. Se trata de un caso muy sensible porque un fallo favorable al reclamo porteño impactaría en las arcas nacionales -que están en rojo- que administrará el gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre.

En esta causa, el 21 de diciembre del año pasado, por unanimidad, la Corte dictó una medida cautelar a favor de la Ciudad. Dispuso que hasta tanto se resolviera la discusión de fondo, mientras durara el juicio, el Estado Nacional debería entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables” (la Ciudad reclama el 3,5%).

La semana posterior al dictado de esa cautelar, el Estado Nacional pidió el apartamiento de los jueces de la Corte. Argumentó que cuando dictaron esa medida, los ministros del tribunal anticiparon definiciones sobre cuestiones de fondo que deberían haber quedado reservadas para la sentencia definitiva y afirmó que, por ende, ahora debían dejar el expediente. Les pidió que ellos mismos se “excusaran” y, para el caso de que no lo hicieran, los recusó. En cuanto a Rosenkrantz agregaron que él había sido abogado de la provincia de Santa Fe en un caso similar y que eso también lo obligaba a apartarse.

Pero además, el 1° de febrero de 2023 el Gobierno recusó a Rosatti. Alegó que el 30 de diciembre de 2022 habían tomado estado público mensajes intercambiados entre el entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro y un funcionario de la vocalía del presidente del tribunal (Silvio Robles, su mano derecha), que generaban un “fundado temor de parcialidad” contra el Estado Nacional porque probaban -según el planteo- que desde la vocalía de Rosatti le estaban dando información del caso y recomendaciones a una de las partes.

La Corte, en su sentencia de hoy, le advirtió al Estado Nacional que solo los jueces pueden decidir si se excusan o no. Afirmó además que las recusaciones -que la ley sí prevé que las presenten las partes- planteadas en esta causa “resultan manifiestamente improcedentes”. Con ese argumento, las rechazaron “in limine”; es decir, sin siquiera darles trámite.

En cuanto a la recusación puntual contra Rosatti, el fallo de la Corte dice: “Se funda en hechos que la propia recusante reconoce como inciertos y que, más allá de su veracidad o falsedad y del carácter lícito o ilícito de su procedencia, no se atribuyen al magistrado sino a un colaborador suyo, sin aportar indicio alguno tendiente a demostrar que las conductas denunciadas involucren al juez recusado”.

Este caso y el supuesto tráfico de información a través de Robles fue uno de los argumentos del pedido del juicio político que el kirchnerismo promovió contra los jueces de la Corte en el Congreso. Anteayer, el oficialismo aprobó un dictamen de comisión acusatorio contra los cuatro magistrados del alto tribunal.

El conflicto se generó luego de que el expresidente Mauricio Macri dispuso, en enero de 2016, aumentar los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje, también durante el macrismo, bajó luego al 3,5%.

El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, policías bonaerenses rodearon la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo y Alberto Fernández se los concedió. Para eso, firmó el decreto 735/2020, que le quitó fondos coparticipables a la Ciudad y se los dio a la provincia de Buenos Aires. Dejó la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable). Más tarde, ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que incrementaba aún más la quita de coparticipación. En diciembre pasado, la Corte la llevó transitoriamente a 2,95% hasta tanto se definiera la cuestión, pero en la Ciudad se quejan de que el Estado Nacional no está cumpliendo ese fallo.