CÓRDOBA.- Por primera vez en Córdoba, cinco referentes de distintos movimientos sociales van a juicio por cortar calles. La decisión la tomó el fiscal Ernesto de Aragón, quien los acusa de entorpecimiento a los medios de transporte y desobediencia. La pena entre los dos delitos sería, como máximo, de tres años de cárcel.

Los imputados son integrantes del Polo Obrero, MTR, MST y Libres del Sur y también el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba, Federico Giuliani. Todos tienen la posibilidad de cuestionar la decisión de la Fiscalía.

Los hechos que derivaron en la elevación a juicio fueron en abril último en el marco de la jornada nacional de protesta con más de 100 piquetes y cortes de ruta. El 5 de ese mes, las organizaciones se movilizaron con la consigna “18 millones de pobres y millones de indigentes. En Córdoba se concentraron en el Puente Centenario, una vía de acceso clave a la zona central de la ciudad.

La Justicia ya había pedido al área de Seguridad y a los fiscales que garantizaran la circulación vehicular; primero los manifestantes se movieron solo en una mitad de las calles, pero después -en pleno centro- cortaron completamente el tránsito.

Para De Aragón “existió un plan” para “producir cortes de manera deliberada e ilegal en diversas calles y rutas de acceso a la ciudad de Córdoba”. En su resolución plantea que, en ese contexto, los referentes “desoyeron y desobedecieron las directivas policiales que procuraban mantener la libre circulación y se obstaculizó e interrumpió el tráfico vehicular en un punto neurálgico” de la ciudad, lo que afectó la circulación del transporte público y de los autos particulares.

“El argumento de llevar a cabo una protesta, representando intereses de grupos cuyos derechos se entienden vulnerados, no brinda una coraza o salvoconducto para valerse impunemente de medios delictivos como instrumento para visibilizar el reclamo”, añade.

De Aragón es el mismo fiscal que instruyó la causa que, hace dos semanas, terminó en la condena de 11 personas y en el dictado de prisiones preventivas a un grupo de imputados por los desmanes que afectaron a comercios en la capital provincial en agosto. En el dictamen se plantea que los hechos provocaron “sentimiento de inseguridad y desasosiego” en toda la sociedad, más allá de las víctimas directas.

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La jueza Anahí Hampartzounian condenó a 11 personas por el delito de robo calificado por efracción, una tipología que se concreta cuando, para concretar el hurto, la persona rompe un objeto, perfora o fractura una pared, puerta o ventana de un lugar. La magistrada consideró el hecho agravado por la intervención de menores de edad.

Las penas van entre los 3 años y los 4 años y 6 meses de prisión efectiva. La jueza remarcó la “especial gravedad” de los hechos y “la actuación organizada y conjunta” a la vez que explicó que el listado de bienes sustraídos permite inferir que los saqueos no fueron motivados por una “impostergable necesidad de procurarse alimentos”, sino que los autores aprovecharon la “innegable dificultad económica que atraviesa el país como excusa para apoderarse de todo aquello que tuviera valor de venta”.