La implementación de un cobro extra por la consulta por fuera de la cobertura que brindan las prepagas y las obras sociales sigue generando polémica y bronca en los afiliados. Por parte de los profesionales de la salud ven en este recurso, que según las empresas financiadoras es ilegal, el único camino para poder cobrar un mínimo de $6000 la prestación y compensar el enorme deterioro de sus ingresos a causa de la inflación y los magros aumentos. Hoy, la gran mayoría recibe de las prepagas y de las obras sociales entre $1500 y $3500 por consulta. Mientras que por parte de las compañías aducen que el Estado “estrangula” sus ingresos al impedirles aumentar las cuotas.

Ahora, se suma otra fase al conflicto. La Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc) afirma que, ante la enorme cantidad de denuncias recibidas por los afiliados, están preparando una demanda colectiva contra algunas prepagas y obras sociales. A su vez, por esta situación ya realizaron una denuncia en la Dirección de Defensa de la Competencia contra las cámaras médicas y bioquímicas por “infringir la ley de defensa de la competencia al cartelizar el precio de los cobros extra”.

Esta última presentación se debe a que 50 sociedades científicas y asociaciones profesionales han avalado el cobro de este bono no reintegrable. En septiembre pasado, cuando se celebraba el Día de la Sanidad, esas agrupaciones acordaron empezar a cobrar a partir del mes pasado, lo que denominaron un honorario médico ético mínimo y advirtieron que la situación de los médicos se agrava cada vez más porque se suma el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses después de prestar el servicio. Aunque también hay entidades como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que expresaron su rechazo al cobro del bono porque consideran que los familias no son las responsables de la situación de los médicos.

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Desde las prepagas señalaron a LA NACIÓN que el paciente, ante esa situación, debería solicitar una factura por ese monto extra para luego pedir un reintegro en la empresa. De ese modo, advierten, la compañía identificaría al médico que cobró ese monto por la prestación y podría desvincularlo de la cartilla por incumplir el contrato con la empresa. Por este motivo, lo más probable es que el paciente no reciba el reintegro.

Osvaldo Bassano, el presidente de la Adduc, afirma que han recibido cientos de denuncias de pacientes por el cobro de un monto extra al momento de solicitar una prestación. “Generalmente a uno le cobran extras en todas las operaciones, pero para nosotros lo que sucede ahora es un chantaje. Algunas asociaciones médicas fijaron un precio extra al consumidor, y eso no es legal. No es un copago porque no tiene ninguna norma jurídica que sostenga la existencia de este precio extra. Los consumidores afectados son los usuarios afiliados a obras sociales y prepagas o mutuales”, opina

“Esta situación demanda de más intervención del Estado. Nosotros hicimos una denuncia en la Dirección de Defensa de la Competencia. La Superintendencia de Servicios de Salud debe intervenir de manera directa. Y no vemos con buenos ojos que las asociaciones médicas se agrupen para ponerse de acuerdo y cobrarle un extra al afiliado, cuando eso no es legal”, agrega.

Fuentes que representan al sistema privado de salud en el país respondieron a este medio que las empresas padecen la regulación del precio de la cuota hace tiempo por parte del Estado nacional, mientras los insumos, muchas veces importados, no paran de aumentar su precio. “El Estado estrangula nuestro ingreso, pero las prepagas siempre van a defender a sus afiliados. No es legal que los médicos les cobren un monto extra si la consulta está incluida dentro del plan que abona todos los meses. En general, las prepagas tienen un contrato individual con el médico, es decir, que el acuerdo no es a través de ninguna sociedad médica. Y, en ese contrato, los médicos se comprometen a no cobrar copagos. Ante esta situación, el paciente debería pedir un reintegro para devolverle ese monto extra que tuvo que abonar, y luego la prepaga podrá tomar medidas, como desvincular a ese profesional de la empresa”, indicaron.

Al momento que se publicó este artículo, LA NACION no pudo comunicarse con la Superintendencia de Servicios de Salud para consultarle qué medidas van a tomar, aunque en publicaciones pasadas respondió que el organismo “no regula acuerdos, ni precios ni interviene entre privados”.