Una moneda estable es una de las principales instituciones económicas sobre la que se asienta el progreso material de una nación. A su altura aparecen otras instituciones fundamentales para el desarrollo de una economía capitalista, como la propiedad privada, el respeto de las leyes, la libre empresa y la libertad individual. Sin moneda no hay ahorro y sin ahorro no hay crédito ni inversión ni crecimiento.

Tener una moneda estable exige contar con instituciones monetarias y fiscales diseñadas para asegurar la estabilidad de precios en el largo plazo. En los países modernos, la institución monetaria por excelencia es el banco central. Su función es precisamente regular la cantidad de dinero en la economía. Los primeros bancos centrales nacieron en el siglo XVII como bancos de capital privado, con el principal objetivo de regular la cantidad de dinero y para lidiar con el problema de la múltiple acuñación de monedas, ya que en aquellos tiempos el mundo funcionaba con un sistema de monedas privadas en competencia similar al que muchos años después promovería el economista Friedrich Hayek.

Durante el siglo XIX y principios del XX, los países giraron al monopolio estatal de la emisión de dinero, avanzando gradualmente hacia un sistema de “patrón oro”. Los bancos centrales pasaron a ser mayormente de propiedad estatal. Desde entonces, la cantidad de dinero es administrada monopólicamente por los gobiernos, en lugar de ser suministrada por bancos privados descentralizados. Pero con el paso del tiempo los gobiernos descubrieron que podían “usar el banco central” para otros destinos que no fueran “administrar la cantidad de dinero en función del volumen real de los negocios”, como rezaban las primeras actas constitutivas. Y así nació la política monetaria, que es el uso de la cantidad de dinero o la tasa de interés para influir positiva o negativamente sobre el nivel de actividad y empleo. No es que la inflación no haya existido antes, porque ciertamente es un fenómeno presente en varias etapas de la humanidad, pero las grandes inflaciones y las hiperinflaciones con dinero fiduciario son un fenómeno del siglo XX. El Banco de Inglaterra fue el precursor de otro objetivo clave de los bancos centrales: ser prestamista de última instancia del sistema bancario.

A los economistas y a los políticos les tomó casi un siglo aprender las lecciones de economía monetaria y bancaria que ayudaron al diseño de los bancos centrales modernos. Hacia principios del siglo XXI, la inflación era un fenómeno en extinción con excepción de unos pocos países, la Argentina entre ellos.

Una de las principales lecciones aprendidas es que una moneda estable requiere un banco central con objetivos e instrumentos claros y con autonomía política y operativa para hacer su trabajo. Su ley constitutiva, o carta orgánica, es el “santo grial” de la estabilidad monetaria. Allí se establecen las reglas con las que puede operar la entidad rectora del sistema financiero. Esas normas vertebran la política monetaria, sus objetivos e instrumentos y el grado de independencia de sus autoridades respecto del gobierno y el fisco. Según cómo se escriba la ley del banco central se puede construir una moneda estable o una hiperinflación.

Muchos países escribieron esas reglas en la Constitución nacional. Es una forma elegante de “cerrar la jaula y tirar la llave al río”, dotando a sus bancos centrales de independencia y autonomía, y prohibiendo la financiación de los déficits fiscales. Algunas regiones y países tan disímiles como la Unión Europea, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Alemania, Suecia, Suiza, la República Checa, Sudáfrica y Filipinas, entre otros, modificaron sus Constituciones para establecer reglas monetarias y fiscales. Más aún, muchos escribieron en su Constitución nacional… ¡la prohibición de imponer “cepos cambiarios”! Un hecho que para muchos economistas locales sería considerado una herejía.

Pero en la Argentina, abrir “la caja de Pandora” de una reforma constitucional no es una opción disponible. Al menos en el corto plazo. Este obstáculo político-institucional es, a fin de cuentas, el argumento más fuerte que esgrimen los promotores de la dolarización, porque para ellos la dolarización es considerada una “decisión irreversible”. Esa afirmación es casi un dogma de fe que deja sin explicar por qué no fue irreversible en la Argentina en 2002 o en Zimbabue en 2019. Ambos países, 10 años después de imponer regímenes dolarizados o lisa y llanamente la dolarización total, terminaron “pesificando” brutalmente sus economías por los problemas deflacionarios asociados a la fijación cambiaria, que es la contracara del problema inflacionario asociado a los abusos de “la maquinita monetaria”.

Puesto en palabras sencillas: la dolarización es la “solución nuclear” al problema de la inflación. Y la pesificación es la “solución nuclear” al problema de la deflación que, tarde o temprano, genera la dolarización.

Como explicamos en el capítulo 1 del libro Desenredar la Argentina, cuando Domingo Cavallo impulsó la ley de convertibilidad lo hizo pensando en cómo entrar, pero también en cómo salir. Lamentablemente, se fue antes de concretar su obra, que consistía en crear una moneda patrón-dólar como paso previo a recuperar una moneda fiduciaria, de libre flotación.

Salir del desastre actual no será sencillo. Reconstruir la moneda nacional requerirá fundar una nueva institución monetaria dotada de reglas claras. Para esto se precisa una nueva carta orgánica del Banco Central con cuatro ejes fundamentales: 1) misión. Su misión primaria y fundamental debe ser preservar el valor de la moneda y la estabilidad financiera, como ocurre en la mayoría de los bancos centrales del mundo. 2) Autonomía. Sus autoridades deben ser designadas y removidas con acuerdo del Senado de la Nación. En la versión actual, que rige desde la carta orgánica de 1992, sus autoridades están “a tiro de decreto” del Poder Ejecutivo. 3) Prohibición de emisión para el fisco. El Congreso de la Nación debe prohibir el financiamiento monetario para el fisco. Es decir, sacarle “la maquinita” a la política. 4) Prohibición de imponer un “cepo cambiario”. En la propia carta orgánica del banco central debe prohibirse la imposición de “controles a la salida de capitales”. El banco central tendría como obligación garantizar “el libre acceso de las personas humanas y jurídicas a monedas extranjeras y a activos denominados en otras monedas”. Así lo hicieron Chile y Perú, entre otros. Su incumplimiento debería ser causal de remoción del directorio y tipificado como un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las reglas que rigen el Banco Central ciertamente influyen en los resultados a corto plazo. ¿Pero qué podemos hacer para evitar el retorno del populismo fiscal y monetario en el largo plazo? La primera condición para la perdurabilidad de las reglas es su éxito y, por tanto, su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Si las reglas que proponemos se aplican, seguramente serán exitosas como lo fueron en otros países. Entonces, a su debido tiempo, las nuevas reglas deben plasmarse en una reforma constitucional que proteja al país de “los cantos de sirena” del populismo, dotando a la Constitución nacional de reglas fiscales y monetarias.ß

Laspina es Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Progreso (CEPP); Ardiles es Director de Asuntos Legales y Monetarios del CEPP