El nuevo intendente del partido bonaerense de Puan, Diego Reyes, se presentó en la Justicia para aportar información contra su antecesor, Facundo Castelli, que cerró su mandato con los sueldos de noviembre impagos, lo que desató un paro de los empleados municipales que está vigente desde el sábado.

Con la difusión pública del caso y las declaraciones en distintos medios que realizó Reyes, la Ayudantía Fiscal de Puan, a cargo de Ana Clara Cafasso, inició una investigación de oficio por la posible comisión de delitos de acción pública. El expediente luego pasó a la justicia de Bahía Blanca, donde quedó a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, que investiga delitos económicos. Este martes se concretaron las presentaciones del intendente.

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Reyes viajó a La Plata en busca de fondos del gobierno de Axel Kicillof para pagar los sueldos. Se reunió con el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López. La Provincia podría auxiliar al municipio con un Aporte del Tesoro Provincial (ATP), pero no se especificó su monto, según resumió Reyes a LA NACION. El pago del mes de noviembre a los empleados municipales implica $600 millones. Son unos 1300 trabajadores en la planta permanente.

Castelli se retiró del cargo con un pedido de “perdón” por no haber pagado y dijo estar bajo tratamiento psiquiátrico. No respondió los llamados ni mensajes de LA NACION. Reyes le reprocha que transfirió $83 millones del municipio a su agrupación política, el Frente Vecinal.

El exintendente aseguró, en la carta pública en la que pidió disculpas por cerrar su mandato sin pagar los sueldos, que “en ningún momento se desviaron fondos para la agrupación vecinal”. Y argumentó: “Lo que se hizo fue una devolución de recursos de $83 millones. Esta agrupación, en el mes de agosto, ingresó a una cuenta municipal $83 millones, los cuales se utilizaron para el pago de salarios. Por ende, se procedió a la devolución de esos recursos”.

Tanto Castelli como Reyes pertenecen a Juntos por el Cambio y se enfrentaron en las internas de agosto, con triunfo para Reyes. El exintendente es radical, mientras que el nuevo jefe comunal milita en Pro.