Un relevamiento realizado en todo el país detectó que en 17 de las 23 provincias argentinas y en la ciudad de Buenos Aires, los gobiernos aún disponen de algún tipo de fondos reservados sin control público de los Tribunales de Cuentas, en tanto que el Gobierno nacional, si bien inició un protocolo de reducción, aún cuenta con ellos. Solo para 2023, la Presidencia de la Nación tiene en ese ítem un total de $650 millones presupuestados en ese rubro.

La información surge de un nuevo informe realizado por Ruido, una red federal de periodistas de investigación distribuidos en todo el país, que detectó que si bien los fondos reservados son ítems que tienden a decrecer o desaparecer en los presupuestos, en muchos distritos siguen haciendo uso de ellos.

Según el informe publicado hoy, los gastos reservados aún figuran en 11 provincias, en tanto que en 10 provincias existen además otros tipos de fondos que no rinden cuentas: figuras jurídicas como “fiduciarias”, “agencias” o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública.

“Se trata, por lo general, de fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones policiales, en tanto que también existen otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos”, detalla el informe que presentó pedidos de Acceso a la Información en todos los organismos provinciales.

La figura de “Gastos reservados” propiamente dicha aún persiste en 11 provincias (45% del total), mientras que 10 (41%) tienen otros montos presupuestarios o agencias o sociedades estatales con fondos que no se rinden ante los Tribunales de Cuentas locales con los mismos mecanismos de control que otras partidas. Algunos distritos cuentan con ambas figuras.

“Determinar si una provincia tiene gastos reservados u otros fondos con controles públicos laxos, y saber cuáles son esos montos, es una tarea difícil: la mayor parte de las administraciones provinciales carecen de información accesible. Muchas publican los presupuestos anuales, pero solo con los rubros generales, lo que vuelve imposible saber a simple vista el detalle de tales gastos”, detalla el informe que fue financiando, en parte, por su propia audiencia a través de un sistema de crowfunding.

Además, apenas cinco de los 24 distritos nacionales (las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires) respondieron el pedido de acceso a la información presentado en agosto de 2023 por Ruido: Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos y Salta. “En esos pedidos se solicitó información sobre si existían gastos reservados -y en ese caso, los montos-, y sobre otros fondos no sometidos al mismo esquema de rendición que otras partidas en los Tribunales de Cuentas locales”, detalle el informe.

El Gobierno nacional también mantiene gastos reservados. Al comienzo de su administración, el presidente Alberto Fernández impulsó un nuevo protocolo para transparentar esos fondos, que en casos como los de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) eran casi el total del presupuesto. Según la AFI, ya en enero de 2020, del 100% del presupuesto ejecutado ($ 125.146.235), el 95% ($119.875.962.75) revistió carácter “público”.

Eso fue así debido a la aplicación del decreto 52/2019 dictado por el Presidente apenas asumió. Antes de esa fecha, la relación era inversa: casi la totalidad de los gastos eran de carácter secreto. Actualmente, los gastos reservados representarían solo el 9% del presupuesto de este organismo. De acuerdo a los datos del presupuesto nacional 2023, el informe de Ruido detectó las siguientes partidas de gastos reservados: Ministerio de Seguridad: $ 64.300.000, Presidencia: $ 650.000.000, Poder Legislativo: $ 650.000.000. y Ministerio de Defensa: seis ítems con $ 29.781.037, $ 7.602.896, $ 13.734.527, $ 4.352.750, $ 3.933.022 y $ 156.842.

Para Germán Emanuele, consultor experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad, “se debe partir de la premisa que la existencia de gastos reservados es, de por sí, contraria al sistema de Gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional. El sistema representativo y republicano implica ciertas garantías a la sociedad, no solo en cuanto a la adecuada administración de los recursos públicos, sino sobre la obligación por parte de las autoridades de establecer los más eficientes mecanismos de rendición de cuentas”.

El exdirector de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano agrega que los gastos reservados debieran estar afectados “a cuestiones específicas, ser sometidos a los máximos controles por parte de los órganos de auditoría (tanto internas como externas) y cumplir con las garantías consagradas en las normas de acceso a la información pública, en lo que respecta a su difusión y rendición de cuentas”.

Por otra parte, en muchas de las provincias existen organismos descentralizados que no efectúan rendiciones de gastos de la misma manera que el resto. Adquieren la forma de “fondos fiduciarios” (Chaco), “agencias” (Córdoba) o “Sapem” (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), (como en San Luis o Tierra del Fuego) que, en la práctica, o tienen socios privados en porcentajes exiguos, o bien carecen de ellos.

Son entes que manejan gran parte de los presupuestos provinciales y que, a diferencia de los ministerios, solo presentan balances y libros generales, pero no las rendiciones al nivel de detalle que exigen los tribunales de cuentas para toda la administración pública. En los casos de San Luis y Salta, por ejemplo, distribuyen incluso la pauta oficial, sin que se puedan conocer destinatarios y montos.

En Chaco, están prohibidos los gastos reservados por la Constitución Provincial de Chaco, sin embargo al menos tres instituciones realizan concursos, compras o pagos directos por fuera de los mecanismos previstos en esa legislación, y con escasa transparencia en el origen de los recursos, una de elleas Fiduciaria del Norte, que funciona como una facilitadora de compras para los ministerios y otras dependencias estatales. El centro Nelson Mandela denunció en 2018 un pago millonario a una persona ciega que luego probó haber recibido un monto ínfimo para comprar camisetas deportivas. Ese mismo año, por otros dos graves fueron investigados en la Justicia Federal como maniobras de lavado de activos.

En esa misma línea se encuentra la Lotería Chaqueña que otorga ayudas económicas a los clubes deportivos a cambio de que exhiban carteles de publicidad de la entidad, aunque en algunos casos ese dinero permite construir mejoras edilicias o costear el mantenimiento de instalaciones, no es posible determinar el destino de los recursos porque todas figuran con el mismo concepto publicitario. En tanto que también se detectó en el Presupuesto Provincial 2023 el item “Otras cuentas por pagar” que supera los cuatro mil millones de pesos, en tanto que se desconoce para qué se utilizan esos fondos.

En Formosa si bien no existe en el presupuesto provincial un ítem de gastos reservados, existe la figura legal denominada “Gastos protocolares”, que cobran desde el gobernador hasta los directores de las reparticiones, que está expresamente eximido de la rendición de cuentas: representan una suma similar al sueldo de cada funcionario, que se usa sin ninguna explicación. La provincia no respondió el pedido de acceso a la información presentado por Ruido para responder o explicar esta situación. El uso de estos fondos está permitido gracias a un decreto de 1978.

En La Rioja los Gastos Reservados ya no aparecen con esa denominación en el Presupuesto de la provincia aunque, pero fuentes provinciales indicaron que existen gastos que no rinden cuentas y montos desconocidos en algunas partidas. “Sabemos que hay y se usan gastos reservados, bajo otras denominaciones como ‘viáticos’, ‘gastos de representación’, ‘combustibles’ etc. Y hemos visto cómo los presupuestos de distintas reparticiones que no brindan servicios directos, como la Jefatura de Gabinete, crecen en volumen de gastos”, señaló el diputado radical Gustavo Galván.

Otra forma es a través de las 40 empresas que tiene el gobierno de la provincia, en rubros muy variados, cuyos presupuestos o balances se desconocen. Son sociedades anónimas unipersonales (SAU), en las que el Estado provincial es el socio mayoritario y capitalista, con un solo socio “civil” que es el presidente de la empresa. Muchas acciones del Gobierno, especialmente viajes o representaciones, se manejan a través de estas SAU. Otro dato llamativo es el pago de 980.000 dólares por año por el alquiler de un avión (más dos pilotos y dos navegantes) para crear la empresa de vuelos provincial Alas Riojanas, a la que ahora se decidió dar fin, después de dos años. No se sabe cuánto se gastó en combustible ni en catering ni si hubo que pagar alguna revisión o mantenimiento de la aeronave.