BRASILIA.- Nominado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva para ocupar el puesto vacante del exjuez Ricardo Lewandowski en el Supremo Tribunal Federal (STF), la candidatura de Cristiano Zanin -abogado personal del ahora presidente brasileño en la investigación Lava Jato- fue aprobada este miércoles por la comisión de Justicia del Senado (58 votos a favor y 18 en contra).

La designación de Zanin en las últimas semanas había desatado controversias y también había sido criticada por Transparencia, la ONG internacional especializada en monitorear la corrupción. Según la prensa brasileña, la última vez que se rechazó una nominación del Ejecutivo para el STF fue en 1894, cuando fueron excluidos cinco nombres elegidos por el entonces presidente, el mariscal Floriano Peixoto.

Zanin, un abogado de 47 años nacido en la ciudad de Piracicaba, estado de San Pablo, es especialista en derecho civil y procesal y cobró notoriedad pública al asumir la defensa de Lula en los procesos penales de la operación Lava Jato desde 2013.

En ese marco, Lula fue condenado y preso en investigaciones por corrupción durante 580 días entre 2018 y 2019. Fue absuelto en 2021 por el máximo tribunal gracias a recursos promovidos por Zanin.

El STF, conformado por 11 jueces, cuenta con una vacante disponible desde abril, cuando se jubiló el exjuez Ricardo Lewandowski al cumplir 75 años. Zanin se convertirá en el primer candidato de Lula al STF desde que asumió el cargo el 1 de enero para un tercer mandato.

Lula dijo en su momento que conoce las cualidades de Zanin “como abogado, como jefe de familia y por su formación”, por lo que será “un excepcional ministro” si el Senado diera luz verde a su candidatura, lo que finalmente ocurrió.

Zanin estaría en condiciones de integrar en el máximo tribunal hasta 2050, según la regla que obliga a los jueces a retirarse al cumplir 75 años.

Ssocio del bufete de abogados Zanin Martins Advogados, Zanin ganó reconocimiento en los últimos años por defender a Lula de cargos de corrupción, ayudando a anular una condena del STF y liberarlo en 2019 después de 580 días en la cárcel.

Es licenciado en derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y anteriormente fue profesor en la Facultad Autónoma de Derecho (Fadisp). Se describe como un especialista en litigios de empresas y en lawfare. Cofundó un grupo de expertos, el Lawfare Institute, y ha publicado libros sobre el asunto.

Agencias AFP y ANSA