La herencia fiscal que recibe la nueva administración es muy pesada.

Una proyección pasiva del déficit primario 2024 supera los 4 puntos del PIB, como consecuencia de las recientes medidas adoptadas que redujeron ingresos y aumentaron gastos. Si el objetivo es alcanzar el equilibrio global (incluyendo pago de intereses por 1,8% del PIB) se requeriría una mejora fiscal del orden de 6% del PIB.

En ese contexto, una corrección realista requiere actuar simultáneamente por el lado de los ingresos y de los egresos.

Algunas medidas dependen directamente de decisiones del Poder Ejecutivo:

1. Reducir subsidios a la energía y el transporte focalizándolos en las familias de menores recursos, lo que podría aportar entre 0,5 y 1% del PIB, en el 2024, y algo más en el 2025.

2. Actualizar el impuesto a los combustibles. La indexación prevista por ley ha sido postergada por el gobierno saliente durante dos años, en contra de los objetivos ambientales que la Argentina acordó en foros internacionales. La actualización permitiría una recaudación adicional anualizada cercana a 1% del PIB.

3. Ahorros en las compras de bienes y servicios a través de una mejor gestión, a modo de ejemplo, por medio de licitaciones competitivas que reduzcan sobrecostos.

4. Reducir el déficit operativo de empresas públicas cerrando las que no son viables y mejorando la gestión del resto.

5. Eliminar gastos nacionales que se superponen a los que hacen los gobiernos subnacionales.

6. Eliminar la intermediación política y la duplicación de programas de asistencia social.

7. Achicar el empleo público reduciendo la cantidad de contratados, revirtiendo los nombramientos políticos que no tienen estabilidad y controlando el ausentismo. Hemos estimado que las medidas 3 a 7 permitirían un ahorro del gasto el primer año, en torno a 1,5% del PIB.

Otras reformas requieren de apoyo legislativo. Resulta imprescindible retrotraer la pésima reforma del impuesto a las ganancias votada irreflexivamente durante la campaña electoral y crear un impuesto a los ingresos que corrija las distorsiones que mantenía, hasta aquí, el impuesto a las ganancias cuasi derogado.

En particular: la discriminación a los autónomos, el salto abrupto en la tasa media del impuesto y exenciones de distinto tipo. También habrá que frenar en el Senado la media sanción al subsidio al consumo (mal llamado “devolución” del IVA). No hay ninguna posibilidad fiscal de compensar a las provincias con una parte de la recaudación de otros impuestos.

Se abre además la oportunidad para lograr un apoyo legislativo de los gobernadores a otras reformas. El nuevo impuesto a los ingresos permitiría mejorar la recaudación prevista en un 1,2% del PIB.

Hay que decidir qué se hace con el impuesto País que se ha extendido a algunas operaciones de importación de bienes y servicios. En el presupuesto presentado para el año 2024 se prevén ingresos de este gravamen por 1.2% del PIB. Pero este impuesto tiene un fuerte sesgo antiexportador, y su eventual mantenimiento en algún valor menor depende del régimen cambiario que se adopte que tiene que corregir dicho sesgo.

Hay que computar, a favor, la mejora en la recaudación por impuestos a la exportación, dado el incremento en los rindes en el sector agropecuario y la normalización del mercado de cambios. (otro 0,5% del PIB).

Es necesario, asimismo, revisar el esquema de ajuste de la movilidad jubilatoria. No se puede licuar más el gasto en este rubro. Hay que ponerle un piso real y, a partir de allí, pasar a indexar las jubilaciones y pensiones con inflación esperada y ajuste ex post periódico de los desvíos que pudieran ocurrir (por lo tanto, no habrá ahorros adicionales en este rubro en el corto plazo). La reforma estructural del sistema se explica en otra nota.

En síntesis, el ancla fiscal del déficit cero es posible achicando gastos y mejorando ingresos. Pero para lograr un equilibrio fiscal sustentable e irreversible, habrá que converger a una reforma tributaria concentrada en los impuestos que prevalecen en el mundo, una AFIP tecnológica, honesta, y con cambios en la administración tributaria que le hagan la vida más fácil a los contribuyentes.

Será necesario, asimismo, una reducción estructural del gasto que incluye la reforma previsional, la reforma administrativa, el manejo profesional de las empresas públicas remanentes, y la redistribución de responsabilidades fiscales entre Nación y Provincias. A esto nos referiremos en próximas notas.