Un informe del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano acaba de poner de relieve la disparidad de expectativas que generan las cruciales elecciones del 22 de octubre en función del impacto emocional provocado por la crisis económica sobre los argentinos.

Cuando falta apenas una semana para el cierre de listas de candidatos a las PASO, la encuesta muestra que 41% de los consultados cree que las elecciones abrirán mejores expectativas para la economía; 32% que empeorarán y otro 22% que nada cambiará. Además, los datos cualitativos indican que 8 de cada 10 encuestados utilizan términos como “frustración” o “irritabilidad” para describir su estado de ánimo ante la altísima inflación interanual de tres dígitos (114,2%); y, más allá de lo individual, casi la misma proporción señala que la crisis tiene impacto en el tejido de sus relaciones familiares.

El BCRA aceleró la devaluación del peso en una semana que cerró en rojo

En este contexto, resulta irrelevante que el índice de precios al consumidor de mayo haya registrado un retroceso de sólo 0,6 punto porcentual con respecto al récord mensual de abril (8,4%), por más que el Gobierno se haya apresurado a celebrarlo como una desaceleración y el Banco Central a mantener sin cambios las tasas de interés con el mismo argumento. Incluso un piso de 7% mensual –tres puntos más que el pronosticado a fin de 2022 por Sergio Massa– equivaldría a una inflación anualizada cercana a 130%.

El verdadero cambio se producirá si el próximo gobierno logra atacar las causas macroeconómicas de la inflación, en vez de dedicarse a atenuar sus efectos a costa de realimentarla sistemáticamente y a señalar culpables individuales, como ha venido ocurriendo con el actual en los últimos cuatro años.

Las próximas elecciones, que coinciden con los 40 años del retorno de la democracia, pueden marcar o no otro punto de inflexión. Ya sea en la primera o en una probable segunda vuelta, significarán para la sociedad el desafío de apuntar a un mejor futuro no inmediato o repetir los errores del pasado, que condujeron a un PBI por habitante apenas superior al de 1974, un nivel de pobreza que ya sobrepasa 40% de la población y se eleva por encima de 50% para los más jóvenes. Por ahora, la moneda está en el aire.

Esta semana, en una conferencia por zoom organizada por FIEL (de la que también participó Domingo Cavallo desde Amsterdam), el politólogo Eduardo Fidanza señaló que el índice de confianza en el gobierno (ICG) muestra en 2023 un nivel similar al de la crisis de 2001/2002 –tras un efímero rebote en los primeros meses de gestión de Massa– y un grado de pesimismo más fuerte que el de 2018/2019, los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri. A su vez, el índice de confianza del consumidor (ICC) se ubica algo por encima, pero en niveles bajos (37,1) idénticos a los de la crisis con el campo de 2008 y muy inferiores a las expectativas creadas por las elecciones presidenciales de 2003, 2007, 2011 y 2015 cuando orillaron los 60 puntos. De ahí su deducción de que, con una dinámica inflacionaria de tres dígitos anuales, el oficialismo kirchnerista no podrá ganar la próxima elección. Sobre todo, cuando advierte un fuerte pesimismo político en los conurbanos de las grandes ciudades, donde las principales preocupaciones se concentran en la inflación y la inseguridad. Esta última –agrega– supera incluso a la primera en La Matanza y puede favorecer preferencias por los candidatos más radicalizados.

Fidanza atribuye la actual fragmentación política a que Cristina Kirchner y Mauricio Macri perdieron “potencia estratégica” en sus liderazgos, pero mantienen “potencia táctica” para influir en las internas de sus coaliciones. También considera un fracaso histórico que un gobierno peronista llegue a los comicios con la perspectiva de enfrentar a dos fuerzas políticas y no solo a una. No obstante, cree que habrá que esperar el resultado de las PASO para saber si la construcción mediática de Javier Milei cuenta con soporte electoral por su liderazgo en la captura de votos entre jóvenes sub-30 de sectores medios y bajos.

A su juicio, quien se imponga en la elección presidencial, además de una pesada herencia económica, tendrá una relativa debilidad política en el Congreso, ya que no contará con mayorías legislativas y se verá obligado a negociar.

Un escenario de estas características presenta un serio problema para Juntos por el Cambio y sus propuestas –aún no detalladas– de lanzar un plan de estabilización con reglas fiscales, monetarias, cambiarias y de endeudamiento, combinado con reformas en la estructura del Estado, la obsoleta legislación laboral, el sistema previsional y tributario, etc. que requerirá el mayor consenso político posible para mantenerlas en el tiempo, generar confianza y previsibilidad, aunque los resultados no sean inmediatos. Fidanza señala que Patricia Bullrich supera por poco margen en las encuestas a Horacio Rodríguez Larreta porque su mensaje sintoniza mejor con el humor social; pero que las diferencias que los separan son qué hacer con la “Argentina corporativa” y en especial con el peronismo, en términos de negociar o imponer.

Por lo pronto, el sello “Unión por la Patria” impuesto unilateralmente por CFK a su espacio político en las PASO, para desentenderse del fracaso del fracturado gobierno del que es vicepresidente y hasta del escándalo por el femicidio en Chaco, anula cualquier posibilidad de diálogo. En en otra muestra de populismo y repliegue sobre sí misma, vuelve a identificar al kirchnerismo con la Patria y a considerar “antipatrias” a todos los que no son militantes K, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, el actual descalabro de la política y la economía mantiene virtualmente paralizado al Congreso y a los legisladores ajenos a las necesidades de la población. Por caso, en más de un año y medio ni siquiera pudo tratarse la derogación de la absurda e intervencionista ley de alquileres sancionada en 2020, que desplomó la oferta y desde entonces, junto con la aceleración inflacionaria, distorsiona el mercado inmobiliario. En cambio, la bancada oficialista de Diputados acaba de aprobar un dictamen para modificar la fórmula de ajuste y/o subsidiar a los 100.000 beneficiarios de créditos hipotecarios ajustados por UVA, donde la morosidad no llega al 2% del total. Paralelamente, el costo financiero del crédito (personal o comercial) al sector privado se ve encarecido por la superposición de impuestos nacionales como IVA, y débitos y créditos bancarios; provinciales como Ingresos Brutos y Sellos, y municipales, como la tasa por inspección de seguridad e higiene, además de ser desplazado por el creciente endeudamiento del Estado.

Hasta cuesta instrumentar leyes donde hubo consenso total para su sanción, como la reforma en 2017 del sistema de riesgos del trabajo para conformar cuerpos médicos forenses (CMF) que determinen las indemnizaciones por incapacidad laboral, en reemplazo de la “industria del juicio”. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza acaba de conformar su CMF, pero después de 6 años todavía quedan 14 provincias rezagadas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, San Juan, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Formosa, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego), además de la CABA