Las jubilaciones están permanentemente en la discusión pública y no es para menos: la Argentina invierte alrededor del 11% de su PBI en financiar el conjunto del sistema previsional y esto hace que su sostenibilidad se ponga en juego. En un contexto marcado por la incertidumbre económica y el envejecimiento poblacional, tiene sentido que el sistema de jubilaciones y pensiones ocupe un lugar preponderante en la agenda política y la opinión pública.

En las últimas décadas hemos alcanzado hitos positivos, como es la alta cobertura de las personas mayores (más del 95%), pero este logro convive con problemas: la inequidad y la insostenibilidad fiscal, que son dos caras de la misma moneda. Es posible resolver estos problemas sin poner en jaque la cobertura, trabajando en fortalecer nuestro sistema público de reparto. La alternativa, retroceder a un régimen de capitalización, no sólo no resuelve el problema, sino que es inviable en el largo plazo, aumenta las inequidades y pone en juego la cobertura.

Proponemos dos acciones fundamentales.

Por un lado, trabajar en las excepciones al régimen. De los 11 puntos que representa el sistema previsional, casi 4 son excepciones. Esto se explica por una variedad de regímenes diferenciales, especiales, provinciales, profesionales o no contributivos, con el agregado de que cada uno de ellos cuenta con reglas propias y que casi todos son deficitarios. Todos los años surgen nuevas excepciones que responden más a demandas sectoriales que a una visión global del sistema previsional, lo que termina por amplificar las inequidades hacia el interior del sistema. La “excepcionalidad” que presume este tipo de regímenes no es tal. En los números, vemos que el 40% de los beneficios del sistema se paga en regímenes de excepción y sus haberes son, en promedio, un 85% más altos que en el régimen general.

Son más de 177 los regímenes con aportes y beneficios diferentes. Por un lado, esto genera inequidad, al haber reglas distintas para cada trabajador; y por otro, un gran déficit, ya que muchos privilegios son financiados por los trabajadores que están dentro del régimen general o por los informales, a través de impuestos como el IVA.

Proponemos discutir los regímenes que dan beneficios extra a ciertos trabajadores por sobre otros. Claramente, algunas actividades tienen que ser subsidiadas, ya que son de baja productividad, como el monotributo. Otras actividades, quizá por el desgaste físico, justifican una edad más temprana de retiro, y probablemente haya otras que como sociedad queremos premiar con mejores beneficios. Pero muchas otras podrían tener las mismas reglas que el resto. Discutiendo los extras y quién los financia podemos reducir déficit y promover la equidad.

La otra gran acción fundamental es fortalecer el régimen general de reparto.

Por un lado, hay un problema de origen: el requisito de los 30 años de aportes es alcanzado por muy pocas personas. En un país con alta informalidad, le pedimos al trabajador que esté 67% de toda su vida laboral “en blanco” o que pierda todo lo que aportó. Pocos varones e incluso menos mujeres lo logran. Para solucionar esta problemática los gobiernos han recurrido a parches temporales, ya sea a través de las moratorias previsionales o de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esto trajo algo positivo, que es la alta cobertura, pero nunca se pensó cómo sostener este nuevo gasto. Para que se comprenda la magnitud: en 2022, el 65% del total de personas que accedieron a una jubilación lo hicieron a través de una moratoria.

Por eso, proponemos eliminar el requisito de los 30 años de aporte. Al hacerlo, es necesario también repensar cómo se calculan los haberes. Nuestra propuesta es sencilla, sólo contempla dos componentes: uno fijo y universal, y otro variable que dependa de la cantidad total de años de aporte y del sueldo promedio histórico a lo largo de la vida laboral. Esto va a garantizar una distribución más progresiva que, al mismo tiempo, pueda reducir el déficit.

Por último, debemos considerar la fórmula de actualización de haberes. Frente a la creciente inflación, el haber promedio se redujo en los últimos cuatro años. Esto derivó en una reducción de hecho del gasto previsional. Los esquemas de movilidad no deberían ser un instrumento para aumentar o reducir en términos reales el gasto previsional, sino para proteger la capacidad de compra de los/as jubilados/as. En ese sentido, resulta razonable que se utilice como variable algún índice de precios -como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por ejemplo- que considere el valor de los bienes y servicios que los beneficiarios necesitan adquirir o acceder.

Finalmente, no debemos olvidarnos de lo importante que es tener un mercado laboral en crecimiento y con buenas condiciones de trabajo. Si crece el empleo registrado, se mejoran las condiciones para los trabajadores y las trabajadoras y se fortalece el sistema jubilatorio: un crecimiento del 10% de los asalariados formales reduciría en casi medio punto del PBI el déficit previsional. En un mercado laboral donde los puestos en relación de dependencia no han crecido en más de una década, urgen acciones que lo reactiven. Esto es aún más apremiante en ciertos sectores, como el de los jóvenes, que muestran mayor desempleo e informalidad, y son quienes sostendrán el sistema previsional en las próximas décadas.

Durante la próxima gestión de gobierno resultará ineludible repensar nuestro sistema previsional. Es posible aprovechar esta oportunidad para ordenar el sistema con racionalidad, reconociendo que hay elementos que funcionan bien (como la amplia cobertura previsional) y trabajando con precisión en corregir lo que no funciona.

Díaz Langou, directora ejecutiva de Cippec; Mera, director de Protección Social de Cippec