LA PLATA.- Se entra a la Legislatura bonaerense por el portón doble de calle 8. Se camina derecho hacia el corazón del Palacio. Se baja un puñado de escalones hasta el subsuelo. Y se dobla en la primera puerta que surge a la izquierda. Otro par de metros y ¡voilá! Allí funciona uno de los cajeros automáticos que instalaron hace años en la Legislatura. Lo saben los miles de empleados y contratados que trabajan allí. Lo sabe Julio “Chocolate” Rigau. Y lo saben todos los demás “chocolatitos” del poder. Porque los pusieron para ellos.

El cajero es chiquito, pero rendidor. Es del Banco Provincia y tiene dinero, entre publicidades del BaPro y carteles que convocan a un acto en apoyo a Sergio Massa y Axel Kicillof. Y guarda un secreto que conocen los veteranos de la Legislatura: lo instalaron en los días que siguieron a otros escándalos similares, como fue el caso “Azul Marino”, que generó mucho ruido inicial, pedidos de desafueros de varios legisladores… y la impunidad final.

“Lo siento, pero ‘Chocolate’ no va a hablar; él está devastado, al igual que su familia”, indicaron a su lado ante la consulta de LA NACION. Tanto él como sus íntimos consideran “injusto” que la prensa se centre “tanto” en él. Pero evitaron precisar quién lo nombró o quién lo apadrina en la Legislatura, para quién trabaja o milita o para quién era ese dinero que sacó con 48 tarjetas de débito de cajeros cercanos a la Legislatura. Ante la Justicia, la versión coincidente -¿acordada?- fue que todos –menos uno- querían colaborar con un merendero.

En la práctica, la Legislatura bonaerense es una caja negra. Tanto, que ni siquiera todos los diputados accedieron a los números, la letra chica y el anexo de la ley 15.392 que fijó el presupuesto anual de la propia Cámara baja. Sí, muchos de los propios legisladores ignoraban qué votaron o cuánto dinero se otorgaron a ellos mismos. Mucho menos supieron cuánto aprobaron para los senadores con la ley hermana, la 15.393, y su anexo.

LA NACION procuró acceder a esos anexos y a otros datos públicos como la cuantía de las partidas previstas para subsidios, becas y viáticos, entre otros rubros que manejan los legisladores. Lo pidió de manera formal al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín. También, al área de Prensa de la Legislatura. Al cierre de esta edición, no había accedido a esos datos. Pero unos pocos diputados y senadores provinciales, al igual que empleados de la Legislatura, guiaron a LA NACION bajo estricta reserva de sus nombres.

Primero, ¿cuánto gana un legislador? La dieta bruta de un diputado asciende a 1.350.000 pesos, lo que se reduce a poco menos de 840.000 pesos netos por mes -aunque puede variar por antigüedad-, valores inferiores a los de un senador. A modo de comparación: un médico que ingresa al Hospital de Niños de La Plata -el más importante de la provincia de Buenos Aires en su especialidad- cobra 210.000 pesos. En otras palabras, un diputado bonaerense gana cuatro veces más que un médico pediatra.

En el Senado, los números son más opacos aún. Se estima que los 1032 empleados de planta permanente ganan un salario bruto promedio de $652.000 por mes, en tanto que los 308 empleados de planta permanente y el personal político de bloque más importantes llegan, en promedio, a cobrar algo más de $2 millones, bruto, por mes. En otras palabras, el equivalente al sueldo básico mensual de diez docentes bonaerenses acordado en la última paritaria.

Segundo, ¿a cuánto asciende el presupuesto del Poder Legislativo bonaerense? En la Cámara de Diputados, a $36.550 millones anuales, de los que $25.200 millones se destinan al pago del personal, otros $800 millones a bienes de consumo; $8500 millones a “servicios no personales” y $1800 millones a “transferencias”. Y en el Senado -que tiene la mitad de bancas que Diputados-, el presupuesto es de $25.652 millones, de los que al menos $18.290 millones se destinan a salarios.

Tercero, ¿cuántas personas trabajan en la Cámara de Diputados? Figuran 92 legisladores, 8 funcionarios, 985 empleados de planta permanente con estabilidad y otros 131 sin estabilidad, más otros 294 empleados en planta transitoria. Total: 1510. Pero la cifra es incompleta. ¿Por qué? Porque hay que sumar todos los monotributistas que emiten facturas -trabajen o no- y a los que se les paga con los $8500 millones asignados al rubro “servicios no personales”. Es decir, una partida más grande que todo el presupuesto asignado al Consejo de la Magistratura, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Investigaciones Científicas -el Conicet bonaerense- juntos, según cotejó LA NACION.

¿Allí se acaba toda la cuenta? No. Otra forma de abordar lo que ocurre en la Legislatura es que a cada diputado se le asignan 3000 “módulos” por mes para contratar personal, en tanto que cada bloque partidario recibe otros 1500 “módulos” por legislador y por mes, siendo que el bloque puede disponer de esos “módulos” de manera discrecional -puede, por ejemplo, contratar asesores que trabajen para el bloque en sí- o repartir esos “módulos” como desee -por ejemplo, dándole más “módulos” al jefe de bancada y a los legisladores más veteranos- o prorratearlo de forma equitativa entre sus legisladores. De ser así, cada legislador dispondría de 4500 módulos mensuales. Y como cada módulo equivale a $1476 pesos, cada diputado contaría con más de $6,6 millones por mes para contratar personal.

Ese monto cobra otra dimensión al multiplicarlo por la cantidad de diputados -92-, arrojando una partida mensual que asciende a $611 millones en la Cámara, lo que equivale a once ambulancias de alta complejidad por mes para pacientes críticos con equipamiento completo como las que el gobernador Axel Kicillof entregó esta semana en 13 municipios bonaerenses. Y al año, la partida de “módulos” para los legisladores trepa a $7943 millones o, para seguir con la comparación, una flota de 144 ambulancias de primera línea.

En el Senado bonaerense trepan los montos. El valor del “módulo” es más elevado. Ronda los 2200 pesos. Y este año aprobaron repartir más de 630.000 “módulos” entre los 46 senadores provinciales –que se reparten en mitades entre el oficialismo y Juntos por el Cambio-, por un total anual de $1387 millones. Es decir, unos $30 millones por senador, monto suficiente para pagarle el salario básico de 7 comisarios de la Policía Federal durante todo un año.

La trampa comienza con los módulos, pero no se agota allí, aclaran seis legisladores y empleados consultados por LA NACION. ¿Por qué? Porque también pueden abarcar mordidas en el reparto de subsidios, becas –de montos exiguos-, viáticos -de $65.000 por mes y solo para aquellos legisladores que cumplan con ciertos requisitos- y otros beneficios -auto, chofer y teléfono, entre otros, que tampoco corren para todos-.

¿Cómo es la trampa con esos fondos? La más generalizada es muy conocida: se contrata a una persona que acepta ceder todo o parte de su salario a cambio de la obra social -IOMA- y los aportes jubilatorios, que son más elevados que la media, y que al cumplir cuatro años de antigüedad reportarán un beneficio sustancial e inamovible al llegar a la edad de retiro. Es decir que el desfalco para las cuentas públicas es actual y futuro.

Así ocurrió, por ejemplo, con el escándalo que sacudió a la Legislatura cuando despuntaba el nuevo milenio. Conocido como el caso “Azul Marino”, provocó el pedido de desafuero de cuatro senadores provinciales del radicalismo y empleados legislativos, entre otros acusados de desviar fondos públicos destinados a seguros de desempleo y subsidios tras el colapso económico y social de fines de 2001 y principios de 2002.

Veinte años después, coinciden las fuentes consultadas, el desvío de fondos no solo continúa, sino que se acrecentó. Se desvían fortunas a los bolsillos de legisladores –aunque no todos- y de sus principales colaboradores, a solventar militantes que recorren distritos o a financiar campañas electorales, entre otras opciones. Tanto es así, que hasta impera una suerte de regla tácita: “En los subsidios se acordó que el que pone la cara se lleva el 8 por ciento y que el resto vuelve al legislador, aunque los más precavidos lo llevan al 12 por ciento”, detalló un veterano con cuatro décadas en las lides palaciegas bonaerenses a LA NACION, que lamentó que la prensa se quede en estas prácticas “anecdóticas”, como las calificó. “La guita grande está en las votaciones para algunas leyes y acuerdos de funcionarios”, argumentó.

Ese entramado de corrupción y desvío de fondos, coinciden los legisladores y empleados consultados por LA NACION, explica por qué imperó el silencio en casi todo el arco político. ¿Quiénes podrían tirar la primera piedra? Por eso, además de la denuncia penal contra los jueces que zafaron a “Chocolate” Rigau que presentaron Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel, solo La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda salieron a exigir explicaciones y denunciar el contubernio general.

Los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo y Constanza Moragues, reclamaron que la Justicia investigue “para llegar a quienes organizan estas maniobras”, en tanto que el secretario parlamentario del Partido Obrero, Federico Casas, repudió los “manejos corruptos de los recursos asignados a la Legislatura”, y el diputado de ese espacio, Guillermo Kane –que dona el grueso de su dieta por principio-, organizó una protesta del Frente de Izquierda el viernes 29 frente al Palacio Legislativo. Con ñoquis.