BARCELONA.- Un centenar de días después de las elecciones, que han incluido unas maratónicas y complejas negociaciones con los independentistas catalanes, Pedro Sánchez ya puede respirar aliviado: volverá a ser investido presidente del gobierno. Una semana después de haber sellado su acuerdo con Esquerra Republicana, en la madrugada del jueves el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hizo lo propio con el hueso más duro de roer, Junts per Cataluña, el partido del irredento expresidente Carles Puigdemont. El pacto ha enardecido a la derecha, con protestas diarias en las calles, lo que augura una legislatura convulsa y un clima de tensión que este jueves se vio aún más alterado por el ataque al expresidente del Partido Popular de Cataluña y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, cuya motivación todavía no fue establecida.

La piedra angular del compromiso entre el PSOE y los independentistas catalanes, avalado y facilitado por la izquierda de Sumar, es una ley de amnistía para las más de mil personas procesadas en los tribunales por actos relacionados con el fracasado proceso de independencia de la pasada década, que culminó en un referéndum de autodeterminación en 2017. Además, el pacto con Esquerra Republicana incluye la condonación de una parte de la deuda de Generalitat con el Estado, y el traspaso de la competencia de los trenes regionales. El acuerdo con Junts creará una mesa de diálogo para resolver el conflicto político entre Cataluña y España que incluirá un “verificador internacional”.

El anuncio oficial lo ha hecho en una rueda de prensa desde Bruselas Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y el negociador designado por Sánchez. Cerdán ha precisado que es un “acuerdo de legislatura, no de investidura”, por lo que dará estabilidad a un nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. “Es hora de conceder a la sociedad catalana y al resto de España un nuevo horizonte”, proclamó el dirigente, quien admitió que el “conflicto de fondo continúa sin resolverse”, pero que la intención del gobierno es abrir una “etapa histórica” en busca de una solución negociada.

Durante los últimos días, cuando el pacto ya parecía inminente, la derecha política y mediática ha lanzado una intensa campaña de protesta que ha incluido concentraciones diarias delante de la sede central del PSOE en Madrid, que en algunas ocasiones han desembocado en disturbios con la policía. El conservador Partido Popular (PP) ha convocado a movilizaciones en todas las capitales de provincia españolas contra una amnistía que considera contraria al Estado de derecho.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, calificó al acuerdo entre los socialistas y los independentistas como “vergonzoso y humillante”, pues responde solo a la voluntad de Pedro Sánchez de permanecer en la Moncloa a cualquier precio. Más dura todavía ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tras condenar los actos de violencia frente a las sedes socialistas, denunció al pacto como un peligro para la democracia. “Nos están colando una dictadura por la puerta de atrás”, proclamó.

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Sin embargo, el principal obstáculo del pacto será legal más que político. Aunque no se ha hecho todavía público la propuesta de ley de amnistía, el sector conservador convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Judicial del Poder Judicial, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado, para expresar su desacuerdo con la medida. Ahora bien, a quien corresponderá valorar la constitucionalidad de la futura ley es al Tribunal Constitucional, que actualmente cuenta con una ajustada mayoría progresista.

Aunque ya nadie duda de que Sánchez será investido, todavía le falta sellar un acuerdo con una formación para superar los 176 votos que otorgan la mayoría absoluta: el Partido Nacionalista Vasco (PNV). No obstante, el PNV, con una larga tradición como partido bisagra tanto en Ejecutivos del PP como del PSOE, ya ha anunciado su intención de investir a Sánchez. Puesto que este jueves es un día festivo, se espera que el viernes la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, fije la fecha del pleno de investidura. Según fuentes bien informadas, lo más probable es que sea a mitad de la próxima semana. El plazo para la investidura termina el 27 de noviembre, cuando se convocarían elecciones automáticas.