La Justicia Federal de la provincia de Santa Fe sumará, a partir del 1° de agosto, un total de 27 fiscales federales que provisoriamente ocuparán cargos que fueron creados en el marco de la ley de fortalecimiento de la Justicia penal sancionada el pasado 3 de mayo en el Congreso de la Nación.

La medida fue resuelta mediante la resolución 150/23 que lleva la firma del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que dispuso cubrir momentáneamente, con funcionarios actuales, las vacantes de los cargos de fiscales que fueron creados para robustecer las Fiscalías de Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.

La resolución además designó fiscales para ocupar los cargos de los organismos especializados en lucha contra el narcotráfico, como lo es la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En cuanto a la distribución, la mayor parte fueron designados a la ciudad de Rosario, que sumará 15 fiscales; en segundo lugar, Santa Fe, con siete nuevas posiciones en el Ministerio Público; y el resto se distribuirán en el resto de las localidades más pequeñas.

La implementación de la llamada ley de fortalecimiento de la justicia federal había quedado supeditada al otorgamiento del crédito presupuestario, señalaron desde la Procuración General de la Nación. Así, el 1° de junio pasado, la Jefatura de Gabinete dispuso, mediante resolución N°435/23, la ampliación del presupuesto que incluyó estos cargos.

La decisión del Procurador general de la Nación interino se inscribe dentro del conjunto de acciones que se vienen ejecutando para el fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos. Ello, a fin de lograr condiciones propicias para la implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción, conforme lo estableció la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Federal de la Nación por Resoluciones Nº2/19 y N°1/20.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los fiscales designados “pueden desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantías, revisión, de juicio y ejecución del distrito correspondiente a la ciudad donde estén asentados”.

Y, además, se dispuso “la puesta en funcionamiento, a partir del 15 de agosto, de la sede fiscal descentralizada de la ciudad de San Lorenzo, a fin de concretar la decisión legislativa de otorgarle autonomía jurisdiccional a ese departamento. Ello, para posibilitar la intervención -de modo más directo- en las políticas de seguridad locales que tienen impacto a nivel federal, con una presencia concreta en la comunidad a la que se dirige, lo que facilita el acceso de las víctimas y la inmediación con los testigos, al tiempo que favorece el desarrollo de líneas de investigación que requieren conocimiento del territorio”.

Desde el año pasado, todos los sectores políticos de Santa Fe se encolumnaron detrás de la sanción de la llamada ley de fortalecimiento de la justicia federal. Fruto de la sanción de esa norma es el nombramiento de los nuevos fiscales interinos.

En Santa Fe, la escasa estructura de la Justicia Federal resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narco criminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes.

Después de más de dos años de haber iniciado la licitación, el gobierno de Santa Fe anunció esta semana que se pondrá en marcha en la cárcel de Piñero un sistema de inhibición de señal de celular, con el que buscan evitar que los reclusos continúen utilizando smartphone dentro de los pabellones, con los que dan órdenes para cometer delitos.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, dijo que el sistema fue desarrollado por Invap y posee tecnología proveniente de Israel.

“El sistema anterior era obsoleto, no por el sistema en sí, sino por las nuevas tecnologías que son incorporadas en materia de comunicación. Entonces, cumpliendo directivas expresas del gobernador Omar Perotti en la lucha sin cuartel que tenemos contra la delincuencia, ya desde hace un año y medio estamos con esta gestión de incorporar un sistema de inhibición que esté acorde a las nuevas tecnologías”, explicó el ministro.

“Estamos hablando de una erogación cercana al millón de dólares para incorporar esta tecnología que nos permite ya pasar a la etapa de prueba, e iniciar con una fase uno, que es la inhibición total en el interior de la cárcel. Hemos empezado con Piñero, pero obviamente vamos a seguir con Las Flores, Coronda y las otras cárceles de Rosario y todo el ámbito de la provincia”.

Recordó que a esta nueva tecnología se suman los scanners corporales y arcos detectores de metales, y que la misma respeta los derechos de los detenidos: “Las comunicaciones, conforme reza la Constitución Nacional, están garantizadas, habida dado cuenta que hay un régimen de visitas, que la correspondencia se puede llevar adelante si es que así lo desean y, además, en los pabellones tenemos las líneas telefónicas fijas, o comúnmente conocido como teléfono público, desde los cuales se van a poder comunicar”.