A menos de dos semanas para las PASO, Jorge Macri le exigió a Horacio Rodríguez Larreta un apoyo explícito, que al jefe porteño le costó dar. Desde la sede de Uspallata resistieron desde el principio al primo de Mauricio Macri como su eventual sucesor en la Ciudad con todos los recursos a su disposición: lanzaron a dirigentes propios a competir por la jefatura de gobierno y los bajaron a menos de un mes del plazo legal. Luego comenzaron los guiños, frecuentes, a Martín Lousteau. El último, una charla que Larreta y el precandidato a sucederlo dieron juntos en un auditorio de la UBA, escoltados por José Luis Giusti.

Con más 13 millones de pesos invertidos en los últimos 90 días, Martín Lousteau está segundo en el ranking de los precandidatos que más gastan en publicidad en las redes sociales de Meta (Facebook, Instagram y el servicio de mensajería Whatsapp). Y muchos de estos avisos datan desde antes del inicio formal de campaña. Su principal aportante es una fundación de origen radical dirigida por un funcionario de Giusti, Hernán Rossi, y también conformada por otros integrantes del gobierno de la Ciudad.

Desde mayo y hasta fines de junio, el Instituto de Formación Moisés Lebensohn patrocinó 188 anuncios políticos por $5.889.445, destinados a instalar la figura de Lousteau como precandidato a jefe de Gobierno porteño en las redes sociales. Los datos están en la biblioteca de la compañía Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp. Además, la organización invirtió en una pauta publicitaria de Google por un total de $765.000. La normativa porteña prohíbe en la ley 268 de Regulación y Financiamiento de las campañas electorales todos aquellos aportes privados “que provengan de personas jurídicas”. Esto incluye a fundaciones, ONGs y organizaciones sin fines de lucro.

Consultado por LA NACION, el diputado nacional y jefe de campaña de Lousteau, Emiliano Yacobitti, no negó el financiamiento de esos avisos, pero aclaró que no fueron “de campaña”, porque se emitieron antes de la oficialización de candidaturas y no instaban, según él, a la captación del voto, a pesar que uno de ellos, por ejemplo, mostraba a Lousteau diciendo: “Ustedes saben que quiero gobernar Buenos Aires”.

Yacobitti relativizó la conexión del precandidato con la organización que financió los avisos. “El Instituto Lebensohn tiene casi 15 años de existencia. Lousteau no tiene ningún vínculo formal más que el de cualquier dirigente radical con una fundación conducida por radicales”, indicó.

El vocero de la Fundación Moisés Lebensohn, Thiago Leis (quien además es también funcionario porteño), confirmó el destino de aportes a Lousteau por al menos $6.654.445, por medio de donaciones que fueron dirigidas al Instituto, aunque aclaró que el Think Tank “no es parte formal” de la campaña.

“Somos una fundación vinculada ideológicamente al radicalismo. Los aportes a la campaña de Martín son una decisión del consejo de administración y los fondos son propios, los que surgen de nuestros donantes y los cuales van a figurar en nuestros balances”, comentaron.

Los funcionarios porteños detrás de la fundación

El Instituto de Formación Moisés Lebensohn funciona en el 2° piso del comité de la Unión Cívica Radical (UCR) Capital y se presenta como una organización sin fines de lucro, constituida desde el 2006 como una fundación dedicada a la promoción de políticas públicas, la investigación y capacitación, en gran medida, de dirigentes políticos.

Integran el think tank por lo menos cinco funcionarios del gobierno de la Ciudad, además de su presidente Hernán Rossi, vicejefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, que trabaja junto a Giusti, uno de los que acompañó a Lousteau y Larreta en el auditorio de la UBA hace una semana.

Se mueven bajo la órbita de Giusti, el vocero de la fundación, que se desempeña como Ejecutivo de Cuentas del Ministerio, y Gonzalo Arias, a cargo de la dirección de administración y operaciones del Instituto. En su caso, coincide con Rossi en la jefatura de gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

Por fuera del ámbito ministerial, otro funcionario porteño encabeza el consejo de administración como vicepresidente de la fundación. Iván Beletzky es jefe de divulgación de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, organismo encargado, entre otras cosas, de controlar el proceso electoral en territorio porteño y, a su vez, a cargo de recibir diez días antes de los comicios un informe sobre los ingresos y egresos efectuados con motivo de la campaña de los candidatos. Esto incluye la fiscalización de los movimientos y aportes destinados a Lousteau.

Una fuente de gran conocimiento del armado radical, “del viejo balbinismo”, señaló a Yacobitti como la figura que se asoma detrás de los directivos de la fundación. “Está pero no está”, remarcó. “Es el que autoriza. Ahí no se mueve nada si él no está dando vueltas”, insistió.

“Yo no integro el consejo de la fundación, pero sí tengo claro que todos sus balances están presentados ante la IGJ y que es una organización sin fines de lucro que realiza actividades durante todo el año en el país”, indicó Yacobitti.

En el pasado reciente y cuando era contrincante de Larreta, Lousteau fue uno de los políticos que más crítico se mostró en relación al financiamiento de campañas, sobre todo en la Ciudad, donde cuestionó el accionar del jefe de gobierno porteño, a través de dos recursos de amparo presentados ante el Tribunal Superior de Justicia.

En ese sentido y en relación a la normativa porteña que prohíbe aportes privados de este tipo de organizaciones, Yacobitti explicó: “La Fundación decidió apoyar con la difusión de algunos videos que se frenaron el día que comenzó la campaña porque conocemos perfectamente la legislación. No son videos incitando al voto”.

No obstante, fuentes allegadas al Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad aclararon que, aunque estos anuncios se encuentren “por fuera del plazo oficial” aún así los aportes privados se encuentran prohibidos tal como lo menciona la ley 268, porque básicamente fueron utilizados para promover la figura pública de un precandidato.

La dificultad para conseguir datos sobre el financiamiento de campaña

En el plano nacional, la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos permite en su artículo 14° la donación por parte de “personas jurídicas” a partidos y candidatos.

Fuentes allegadas a la IGJ, indicaron que el financiamiento de campañas por parte de fundaciones, en la órbita nacional, no es ilegal pero sí se contrapone con el concepto de fundaciones del Código Civil y Comercial. Bajo este punto, desde la IGJ distinguieron: “Financiar a un político no es el bien común, es un bien particular”.

Más allá del marco legal, fuentes de la Justicia Electoral y de la IGJ consultadas por LA NACION coincidieron bajo un mismo interrogante: ¿De dónde surgen los aportes de una fundación que depende de donaciones privadas para el desarrollo de actividades vinculadas a la investigación y formación?.

Desde el equipo de campaña de Lousteau no brindaron detalles del financiamiento. Mientras tanto, desde el Instituto Lebensohn no quisieron dar información sobre si realizaron otros aportes de campaña al precandidato. Tampoco habilitaron el contacto con ninguno de los miembros del consejo de administración para ser consultados sobre la procedencia del dinero, más allá del patrocinio destinado a Google y redes sociales, que figuran como datos públicos.

En cambio, el vocero de la fundación señaló: “Acompañamos a muchos candidatos del radicalismo en todo el país, no sólo a Martín. Y lo hacemos básicamente con recursos técnicos, y a veces, con algún aporte económico exclusivamente para difundir aquellas ideas que se vinculan a nuestros valores”. Esa será toda “la información autorizada” a dar.