A partir de las remuneraciones correspondientes a octubre no tendrán descuentos por el impuesto a las ganancias los empleados con un sueldo bruto de hasta $1,77 millones, una cifra que equivale a 15 veces el salario mínimo, vital y móvil actual y que se corresponde con un salario neto de aportes a la seguridad social de $1.607.255,58. Hasta ahora, el piso para comenzar a tributar es de $700.875 (en bruto) o de $581.726 (en neto), con lo cual la medida implica un incremento nominal de 152,5% del monto y tendrá, como contrapartida, un efecto fiscal por menor recaudación en un contexto de déficit.

Si el reajuste del piso para tributar se hace igual que en oportunidades anteriores en las que solo se hizo ese cambio al esquema de Ganancias, lo que se dispondrá no modificará los montos ya descontados este año por el impuesto (de todas maneras, aún está pendiente una devolución de parte del tributo, dada la modificación de los valores de la tabla de la alícuotas que se estableció por un decreto de necesidad y urgencia del mes pasado).

La decisión de elevar la base imponible para los últimos meses de este año se oficializará por un decreto de necesidad y urgencia, que deberá ser refrendado por el Congreso de la Nación, según afirmaron fuentes del Gobierno. Y dejará al margen del impuesto a un grupo de asalariados, con un efecto que podría repercutir en hasta un 27%, aproximadamente, de mejora de bolsillo de muchas de las personas de las que tienen los ingresos más altos del país. Según lo anunciado se enviará al Poder Legislativo, además, un proyecto para que a partir de 2024 se vean alcanzados por el tributo quienes tengan salarios de un monto mayor al mínimo, vital y móvil multiplicado por 15; esa iniciativa tendría un perjuicio fiscal de $1 billón anuales, según lo comunicado por el propio Gobierno.

El anuncio fue hecho después de más de un año de gestión de Massa al frente de Economía, en plena campaña electoral y cuando el funcionario es también candidato a presidente por el oficialismo. En los últimos años el impuesto que pesa sobre el ingreso de las personas sufrió fuertes distorsiones por los efectos de diferentes medidas oficiales y, principalmente, a causa de la inflación, cuyo ritmo se aceleró este año, con especial fuerza a partir de la devaluación del peso decidida por el Gobierno el día después de las PASO.

El proyecto de ley que busca eliminar el impuesto a las ganancias sobre las personas -anunciado por Massa en Plaza de Mayo, frente una manifestación organizada por sindicatos- recibe fuertes críticas por parte de economistas y tributaristas, que sostienen que el esquema debería tener una actualización adecuada y completa, pero no quitarse del esquema tributario, dentro del cual se considera a esta carga como una de las más progresivas (bien cobrado), en contraposición a impuestos como el IVA, que pesa sobre los consumos masivos, incluso de productos de primera necesidad y que, así, pesa sobre la parte más pobre de la sociedad.

El aumento de los precios y la falta de adecuación -ya de larga data- del esquema del tributo, provocó que aumentara significativamente el porcentaje efectivo del descuento al salario por la carga fiscal, incluso con ingresos que van perdiendo poder adquisitivo. Este efecto distorsivo no se corregirá, según lo anunciado, para quienes sigan este año alcanzados por la carga fiscal, porque no habrá más modificaciones que la suba del piso imponible, al menos según lo que se conoce hasta ahora de la medida, aún no oficializada.

Los datos que se dieron desde la cartera de Economía indican que luego de la última modificación hecha al piso del impuesto, 701.928 trabajadores y jubilados pagan Ganancias (no hay una publicación oficial que permita seguir la variación de esa cifra). Con el cambio, según el ministro, pagarán el impuesto (que buscarán que se llame “a los altos ingresos”) unas 90.000 personas, “0,88% de los empleados registrados en el país”. En el anuncio no se explicitó nada con respecto a los autónomos del régimen impositivo general, que pagan proporcionalmente un impuesto mayor que los asalariados.

Ahora, quienes dejarán de pagar por efecto del DNU tendrán mejoras en su ingreso neto que, según un informe del Ministerio, serían de hasta el 27%, aproximadamente. Esos efectos, de todas maneras, son los máximos que podría generar la medida, porque los ejemplos dados oficialmente suponen el caso de personas que no hacen ninguna deducción, ni por familiares a cargo ni por gastos que pueden declararse para aliviar la carga. Si, por ejemplo se deducen dos hijos menores de 18 años, el impuesto tiene un alivio. Por lo general, en casos de altos ingresos entran en juego diferentes deducciones por gastos, que alivian la carga.

Las cifras deducibles por diferentes conceptos, como pago de salarios del servicio doméstico, alquileres o gastos médicos, o por hijos a cargo, no tendrán modificaciones. No las tienen, en rigor, desde enero último, cuando todo el esquema se actualizó según ocurre en cada mes de enero desde 2018, porque eso establece una ley. El congelamiento de esos montos en un contexto inflacionario hace que no se mida correctamente la capacidad contributiva de las personas. Tampoco hubo actualización, desde el inicio del año, de la cifra que se descuenta del ingreso, en todos los casos por igual, antes de calcular el impuesto. Por todo este año, ese monto no imponible es de $2.619.762. Es decir, para quienes siguen alcanzados por el impuesto, de los ingresos de cada mes se considera que $218.313,5 están al margen del impuesto.

La suba del piso y las excepciones al impuesto que ahora está decidiendo Massa se instrumentarán por un decreto de necesidad y urgencia, porque las reformas en materia tributaria son una atribución del Congreso de la Nación. Por eso, la medida, para que sea realmente válida, debe ser luego refrendada por diputados y senadores.