Nuestra Constitución nacional establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

Cuando un funcionario público utiliza los cupos de cargos estatales designando a dedo a parientes, amigos y allegados, sin que medien concursos ni se repare en antecedentes indispensables para asumir una función específica, se subvierte esa exigencia constitucional y se convierte en regla lo que pudo haber sido un hecho excepcional.

Ante la pregunta sobre cuál es el objetivo que persigue quien procede de esa manera no hay una sola respuesta. Muchos funcionarios lo hacen para pagar favores políticos o para acallar reclamos de aquellos con los que alguna vez rivalizaron; otros, para favorecer a conocidos que, por su escasez de aptitudes, difícilmente lograrían procurarse por las suyas un puesto en el competitivo ámbito privado. También hay quienes directamente no tienen empacho en usar el dinero del Estado como si fuera propio –y no de los contribuyentes– para derrocharlo en personas a las que ni siquiera se les requerirá una contraprestación.

Hay funcionarios que designan allegados porque necesitan rodearse de gente que consideran de confianza para que custodie intereses políticos o de otro tipo y otros que se ilusionan con que no tendrá costo alguno apostar a la lealtad en desmedro de la idoneidad. Está visto que solo una minoría de los “elegidos” por esos dispendiadores consuetudinarios de dineros públicos hacen honor a la elección.

El 56% de las provincias no cuentan con normas que impidan el nepotismo en la administración pública. Ese porcentaje se eleva al 80% en las intendencias capitalinas

En todos los casos de la nefasta práctica del nepotismo, es el Estado el que se resiente. Lamentablemente, sobran ejemplos de esa deleznable práctica a lo largo y ancho de nuestro país, donde los feudos se retroalimentan atentando contra el sistema republicano.

Un informe publicado por Ruido, un consorcio de periodistas de investigación, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles en cada provincia, arrojó que gobernadores, vicegobernadores e intendentes de las capitales provinciales tenían, en febrero de 2023, al menos 146 parientes que trabajaban en el Estado y que el 56% de las provincias no cuenta con normas que impidan el nepotismo en la administración pública. Ese índice se eleva a 80% en las municipalidades capitalinas, incluso en algunos distritos que cuentan con restricciones.

A esos porcentajes se arribó tomando las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública que se presentaron en todas las provincias consultando sobre los cargos a gobernador, vicegobernador e intendente de las capitales de distrito y a través de datos obtenidos de la consulta pública que el consorcio realizó entre enero y marzo del corriente año.

¿Qué otras revelaciones de importancia se obtuvieron en esta radiografía del nepotismo en nuestro país?

Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, encabeza el ranking: cuenta con 38 familiares relevadas entre los tres funcionarios observados.En Formosa se detectaron 15 casos: 13 familiares del gobernador Gildo Insfrán, quien contabiliza ya nada menos que 27 años en forma consecutiva al frente de la provincia y que acaba de ser elegido para otros cuatro. Tantos años lleva en el poder que los parientes ya empezaron a jubilarse.Le sigue en este ominoso listado la provincia de Catamarca: se detectaron diez parientes en el Estado, de los cuales cuatro son familiares directos del gobernador Raúl Jalil.En La Rioja, se descubrieron diez parientes en el Estado, de los cuales ocho están vinculados al gobernador Ricardo Quintela.En San Luis, donde el mismo proyecto político de los hermanos Rodríguez Saá ha venido gobernando desde 1983, se hallaron diez parientes de los tres funcionarios relevados.A San Luis le sigue Santa Cruz, con nueve familiares en cargos públicos, de los cuales seis son parientes de los Kirchner.

Jujuy encabeza el ranking con 38 familiares relevados entre el gobernador, el vicegobernador y el intendente de la capital provincial

Del mismo informe se desprende que de la citada mayoría del 56% de provincias que no legislaron sobre prevención del nepotismo, no solo no dictaron una norma propia, sino que tampoco adhirieron a la ley nacional de ética en el ejercicio de la función pública ni al decreto de “designación de personas con algún vínculo de parentesco”, de enero de 2018, del gobierno de Cambiemos.

Respecto de los municipios capitalinos, el estudio de Ruido destaca que esa falta de normativa es aún mayor. Solo la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Santa Rosa y Viedma poseen ordenanzas locales en ese sentido.

Ciertamente, a nadie escapa que la cifra de 146 parientes de funcionarios que trabajan en el Estado es apenas una muestra de lo que se pudo chequear. Ya sea por la falta de información oficial publicada, por la negativa a responder los pedidos de acceso a la información o por los traslados de personal entre dependencias del Estado para intentar dejar la menor huella posible, los datos disponibles no representan el mapa general del país. Hay innumerables redes y conexiones que numerosas familias políticas argentinas construyen en todos los niveles públicos con el fin de armarse una coraza de protección frente a cuestionamientos de todo tipo, pero especialmente político-judiciales.

Trece familiares tiene en la función pública el gobernador formoseño, Gildo Insfrán, quien contabiliza ya nada menos que 27 años en forma consecutiva al frente de la provincia y acaba de ser elegido para otros cuatro

El 10 de diciembre se producirá un nuevo recambio de autoridades y todo indica que este estado de cosas tenderá a repetirse. Informes como el citado son el producto de un enorme esfuerzo mancomunado que debe ser apoyado y difundido.

El nepotismo en la Argentina está tan extendido que hay quienes, peligrosamente, lo han naturalizado, sin medir los riesgos que ello implica.

Como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, de este tipo de acciones solo cabe esperar la no rendición de cuentas y que los beneficiados por la larga mano del Estado prebendario diriman en la más absoluta arrogancia los asuntos más sensibles de sus gobernados. Eso no debe ser aceptado. El camino hacia la transparencia de los actos de gobierno no está allanado, sino todo lo contrario; por eso, debemos empezar a reclamar que nuestras autoridades empiecen de una vez por todas a transitarlo.