La ONG Poder Ciudadano consiguió que le concedieran el recurso para discutir en la Cámara de Casación el fallo por el cual dos camaristas platenses anularon la causa contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y ordenaron liberarlo. Lo había detenido la Policía con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados bonaerenses a los que les cobraba el sueldo.

Los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo, que dispusieron el cierre del expediente, ahora entendieron que corresponde que la Cámara de Casación bonaerense revise aquel fallo de ellos dos y decida si lo confirma o no. El de Poder Ciudadano será el segundo recurso que llegue contra el cierre del caso: el fiscal ante la Casación provincial, Héctor Vogliolo, ya había presentado un recurso.

Con la concesión de la apelación, Poder Ciudadano quedó legitimado como querellante y esto obtura la posibilidad de que sean separados del caso, como pretende la defensa de Rigau.

Los camaristas Benavides y Villordo anularon la causa con el argumento de que la Policía se metió en la intimidad de Rigau al requisarlo sin orden judicial, a pesar de que el empleado de la Cámara de Diputados estaba sacando la plata de las cuentas con medio centenar de tarjetas que no le pertenecían.

Poder Ciudadano fue aceptada en la causa como querellante; es decir, como particular damnificado por la conducta de Rigau, ante la sospecha de que se estaría ante un caso de corrupción en el entendimiento de que se trataba de una recaudación de dinero para financiar la política.

La fiscal Betina Lacki, a pesar de la nulidad del fallo, siguió adelante porque interpretó que la apelación del fiscal Vigliolo había dejado en suspenso la anulación del caso. Lacki ordenó abrir el celular de Rigau y dispuso que ese peritaje comience el 11 de octubre. Los defensores del puntero se opusieron y pidieron además apartar a Poder Ciudadano.

Los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, que asesoran a Rigau, hablaron de la “absurda y arbitraria continuidad como particulares damnificados la Fundación Poder Ciudadano”.

La fiscal, según los documentos del caso a los que accedió LA NACION, resolvió abrir el celular de Rigau y analizar mensajes, llamadas, imágenes y videos. “Dispóngase la realización de pericia de análisis técnico sobre el teléfono celular marca Samsung modelo SM-G532M de color gris, con funda de color negra con IMEI nro 353108085207318/01 con SN R28K4338TJP con chip de la empresa personal con numero 8954341041 9090742478 para el día 11 de octubre de 2023, a las 08.30 horas”, decidió.

El estudio se realizará en la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata y lo hará el perito Alejandro Leyes, “a fin de efectuar un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés para la presente”.

Como los abogados de Rigau se opusieron a que se haga ese peritaje, ahora deberá decidir el juez Federico Atencio.

La fiscal además dispuso pedir al Banco Provincia las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos correspondientes a la sucursal de Plaza San Martín, del 5 de septiembre entre las 5 y las 7.30; del 6 de septiembre entre las 20 y las 22; del 7 de septiembre entre las 19 y las 21; y del 8 de septiembre entre las 18 y las 22, cuando se cree que Rigau hacía las extracciones de fondos con las tarjetas de débito.

Además, Lacki le pidió al banco que remita copia de las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos de la sucursal en que se hayan efectuado extracciones de dinero, en julio y agosto, con la idea de ampliar la investigación y determinar si esta era una maniobra que se venía repitiendo en el tiempo. También quiere saber si Rigau era titular de una o varias cuentas y revisar sus movimientos.

Por otra parte, la fiscal le pidió a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que explique qué significa que un empleado trabaje en el “bloque político”, como figuraba en sus legajos. “Pues en la mayoría de los casos se trató de personas que entraron por el PJ, el Frente Renovador o Juntos por el Cambio y luego empezaron a revistar en el ‘bloque político”, señaló.

Lacki quiere saber de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobrara el sueldo. Quiere saber dónde trabajaban, quién era su jefe, qué régimen laboral tenían y a que hora entraban y salían, ya que sospecha se trataba de “ñoquis” que estaban anotados como empleados y no cobraban su sueldo (o cobraban solo una parte). La fiscal solicitó los contratos de cada uno y el legajo de Rigau.