El presidente Javier Milei dispuso hoy, por decreto, una nueva intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con amplias facultades para su titular, Silvestre Sívori, que fue designado al frente del organismo.

La intervención será por “dos años o hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la intervención”, pero ese plazo podrá ser prorrogado por el interventor por hasta dos años más; es decir, hasta el fin del mandato que acaba de asumir Milei.

Durante la intervención, Sívori está facultado a “pasar a disponibilidad al personal que estime conveniente” y “disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios”. También podrá “revisar la administración de fondos reservados y de compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades” y “revisar, coordinar y centralizar la información generada y almacenada en las bases de datos de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional”.

En cuanto a los fondos, el mismo decreto prevé que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse (que fue quien promovió a Sívori a la jefatura de la AFI), podrá “efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias destinadas a financiar los gastos que demanden la aplicación de lo dispuesto por el presente decreto”.

La norma (el decreto 22/2023) habilitó además a Sívori a hacer “un plan de reformulación, readecuación y acción” de la AFI, “elaborar una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia” y ponerlo a consideración del Poder Ejecutivo, “modificar el estatuto para el personal del organismo” y también el “régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas confidenciales”.

Tan amplias son las nuevas facultades que Sívori hasta fue autorizado a “modificar la denominación del organismo”, aunque con “previa conformidad del Poder Ejecutivo Nacional”.

Los dos decretos -el que dispone la intervención y el que nombra a Sívori- fueron publicados este miércoles en el Boletín Oficial.

Otro decreto, también publicado hoy, nombra al nuevo Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Como él superaba la edad máxima para ejercer ese cargo, el primer decreto del día de Milei modificó los requisitos para ser designado y eliminó el de la edad.

El Presidente dijo que no se haría la reforma por ley porque “la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.

Como fundamento para eliminar el requisito, el decreto alude al derecho a la no discriminación de las personas mayores.

“El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”, recuerda el decreto, que cita que “el artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015, aprobada por la Ley N°27.360, dispone que la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad”.

Tras ello remarca “que los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor, quedando prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo”.