Con las respuestas de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, citados para declarar por la Comisión de Juicio Político de Diputados, ha quedado más que claro que este provocativo proceso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nunca debió haber nacido, ya murió.

Sería innecesario, hasta impolítico, que la muy circunstancial mayoría afín al Gobierno en ese cuerpo parlamentario se empeñe todavía en citar a los dos jueces restantes, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Sus respuestas –si resolvieran darlas– solo ratificarán lo que ya es un hecho de gran importancia institucional: que el tribunal que conforma la cabeza del Poder Judicial ha vencido claramente en la batalla planteada a pedido del presidente Alberto Fernández, con el inocultable y claramente frustrado propósito de mejorar la suerte judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Al impulsar el juicio político, el  jefe del Estado pretendió quedar bien con quien lo eligió a dedo como candidato. Rápidamente puso en evidencia, además, que la maniobra solo perseguía remover los obstáculos de las causas judiciales contra su mentora. El Presidente carece de los poderes institucionales para iniciar ese juicio, pues el artículo 53 de la Constitución nacional reserva solo a la Cámara de Diputados el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte por “la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”. El oficialismo nunca contó con esa exigencia ni al comienzo ni en ningún momento de los 11 meses invertidos en sostener esta vil mentira. Por otra parte, el artículo 109 de la Constitución impide a los presidentes “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Para salvarlo jurídicamente, se tuvo entonces que reconducir de apuro la anunciada iniciativa de Alberto Fernández, en un proyecto parlamentario de juicio político que reproducía esencialmente el contenido de su propuesta.

Los cargos concretados por miembros de la referida comisión, como lo señalan los jueces Rosatti y Rosenkrantz en sus presentaciones, fueron, en su gran mayoría, vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, principalmente los casos referidos al Consejo de la Magistratura, a la aplicación del denominado “dos por uno” en el tiempo de duración de la condena de cárcel a militares que ejercieron la represión en tiempos del último gobierno de facto y a la cuantía de los recursos transferidos por la Nación a la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de haberle traspasado una parte importante de la Policía Federal, en disconformidad con algunas sentencias o medidas precautorias adoptadas por la Corte Suprema. Juzgar a sus miembros por el contenido de las sentencias afecta su independencia e imparcialidad.

La prueba ofrecida en la promoción del juicio político fue exigua e imprecisa respecto de los cargos formulados, circunstancia que derivó en que la mayoría de la Comisión la ampliara a medida que transcurría el “armado” del expediente. Ello motivó que la minoría de los legisladores de ese cuerpo planteara a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, las irregularidades que se estaban cometiendo en esa materia de prueba e “incurriendo en lo que se denomina una auténtica ‘excursión de pesca’ respecto de la vinculación de la prueba que se pretende producir y los hechos investigados”, violándose la más elemental garantía del debido proceso. También se le señaló a la diputada Moreau, entre otras graves cuestiones, que se estaba convirtiendo al Congreso Nacional en un órgano capaz de ejercer “actividades de inteligencia ilegal” o “que viola el derecho a la intimidad de las personas”.

La declaración de dos de los cuatro jueces ha sido lo suficientemente contundente como para que el oficialismo admita que armó todo un show con el único fin de atacar a la Corte en busca de impunidad y que no cuenta con el más mínimo apoyo para seguir adelante con semejante atropello institucional

“Teniendo en cuenta las severas irregularidades detalladas, consideramos que el trámite en estos términos del juicio político a la totalidad de los ministros de la Corte es ilegítimo, arbitrario e ilegal y, por tanto, se encuentra viciado de nulidad en los extremos referidos”, sostuvieron los legisladores de la oposición.

Esa argumentación fue retomada por el juez Rosatti, quien, pese a poner de manifiesto la amplia colaboración prestada por la Corte para cumplir con los oficios dirigidos a ella y la concurrencia de los funcionarios y empleados del tribunal a declarar como testigos, listó numerosos y graves vicios de procedimiento, entre ellos, violaciones a derechos de los testigos, pruebas invalidadas en una causa judicial por su origen ilegal, obtención de información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial y desconociendo el secreto fiscal, y violación de la protección contra la autoincriminación de testigos cuando existían causas en trámite, entre otras muchas que afectaron el derecho de defensa de los jueces. Rosatti advirtió que, de ser necesario, serán planteadas judicialmente.

Entre otras irregularidades, han venido sobrevolando investigaciones de chats privados, cuyas raíces se hallan en motivaciones políticas que ahora comienzan a esclarecerse por las investigaciones del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Los jueces de la Corte fueron rebatiendo, cuidadosa y extensamente, además, todos los cargos que se les formularon. Ante la objeción de la comisión del momento en que la Corte resolvió el caso atinente al Consejo de la Magistratura, Rosatti adujo con acierto que, desde el instante de ese fallo hasta su presentación, transcurrieron “casi dos años y el Congreso no dictó aún una nueva ley”, de lo cual se desprende que mal puede agraviarse a una comisión del Congreso por una falencia imputable al Poder Legislativo. Detalló que, desde su asunción como presidente de la Corte, en abril de 2022, se adoptaron desde esa institución del Poder Judicial numerosas medidas, haciendo notar que la inmensa mayoría de las resoluciones contaron con amplios consensos o unanimidad y que esa situación le consta a la Comisión de Juicio Político, a la que se le envió copia de las resoluciones. De igual modo, se explicó lo acaecido en las causas judiciales en trámite ante la Corte, objeto de cuestionamiento por la Comisión de Juicio Político con el fin de sumar presiones sobre los jueces.

Este inaceptable proceso parlamentario, fruto de las claras conveniencias del presidente de la Nación y de sus acólitos, quedó totalmente superado por los acontecimientos. La continuación de la actividad de la Comisión solo puede explicarse como un modo de presionar a los jueces del máximo tribunal –e indirectamente a muchos tribunales inferiores– para que no avancen causas en las que se encuentran gravemente comprometidos funcionarios y exfuncionarios.

El juicio político nunca debió haber nacido ni avanzado. Resta terminarlo formalmente lo más pronto posible. La totalidad del plenario de la Cámara de Diputados debería abocarse al estado de ese trámite, haya o no dictámenes, porque es simplemente una comisión asesora del cuerpo que debe responder a lo que decida el plenario. Nunca existió una mayoría de dos tercios de los miembros presentes para proceder a la acusación. Es hora de formalizar la inexistencia de tal mayoría, sometiendo a votación lo actuado por la comisión y eximiendo a los jueces de la Corte de la injusta acusación a la que fueron sometidos. Es, además, una condición muy conveniente para la libertad completa de actuación de la cabeza del Poder Judicial de la Nación ante el pronto traspaso del gobierno nacional, en el que cualquiera de los candidatos que resulte elegido presidente deberá plantear su programa y medidas de gobierno, que pueden suscitar fuertes consecuencias judiciales.