La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora oficialista Carolina Gaillard, deliberó este mediodía para determinar si los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) incurrieron en mal desempeño en sus funciones, tanto en la causa sobre las irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial, como en la aceptación de la medida cautelar a favor del reclamo de la Ciudad por la coparticipación.

Si bien la Comisión había citado al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda para que dé explicaciones respecto de las diferencias encontradas en la gestión de la obra social en su carácter de supervisor del organismo, no asistió a la reunión ni tampoco hizo ninguna presentación por escrito.

Mientras que el magistrado considera que no le corresponden los cargos que el oficialismo le endilga, dado que él no cumplía funciones como supervisor durante el período en que se detectaron las irregularidades (2008 a 2021), el bloque del Frente de Todos justifica su responsabilidad en un mail que el propio Maqueda envió a sus pares del tribunal el 30 de agosto de 2021, en el que anunció su retiro como fiscalizador de la obra social.

Gaillard indicó que se creará una subcomisión dentro de la Comisión de Juicio Político, presidida por la diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, que estará integrada por cinco miembros: tres por el oficialismo y dos por la oposición, y que se encargará de investigar las administraciones de Héctor Marchi, exadministrador general del máximo tribunal hasta fines de abril, y Mariano Althabe, titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), en la Corte Suprema de Justicia.

Respecto del desempeño de los magistrados en el fallo dictado a fines del año pasado por unanimidad, en el que se hizo lugar a un planteo del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contra un recorte de fondos dispuesto por el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2020, los diputados integrantes de la Comisión escucharon los testimonios de representantes de ambas partes: el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte.

En su intervención, Díaz dijo que los decretos 194 y 399 de 2016, y 257/2018 son contrarios al orden jurídico porque “carecen de justificación técnica, económica o financiera que permita encontrar relación entre el costo de los servicios transferidos y los porcentajes de coparticipación fijados”. Y sumó que la interpretación del marco normativo define que “la transferencia de competencias y servicios debe ir acompañada de una cesión de recursos, y no de una modificación de la coparticipación”.

Los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz y Maqueda ordenaron en diciembre de 2021 que el Estado Nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables (la Ciudad reclama el 3,5%). También dispusieron que las transferencias ordenadas se hagan “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

Además, indicaron que “durante la tramitación del proceso”, el Estado Nacional se abstenga de aplicar la ley 27.606, que fue la norma con la que hace dos años se estableció un nuevo cálculo de lo que le correspondía a la Ciudad por el traspaso de la Policía, que surgiría cada año del presupuesto nacional.

La disputa por los fondos comenzó luego de que el expresidente Mauricio Macri decretara, en enero de 2016, aumentar del 1,4% al 3,75% los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje bajó poco después al 3,5%, durante el gobierno macrista.

En septiembre de 2020, un reclamo salarial de la policía bonaerense frente a la quinta de Olivos durante la pandemia de Covid-19 fue el puntapié para que el Presidente firmara el decreto 735/2020, que le quitó fondos coparticipables a la Ciudad y se los dio a la provincia de Buenos Aires. Dejó la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable).