Sacó de su bolsillo dos billetes de pesos argentinos, uno con predominio del color rojo, el otro con tonos grises, ambos con la imagen de José de San Martín, y compró con ellos el diario en el kiosco de la esquina de su casa. Después, con la emoción que el hecho anunciado en tapa le generaba, este vecino de la ciudad de Buenos Aires fue a Plaza de Mayo, para celebrar la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación. Era 10 de diciembre de 1983 y tener un gobierno elegido de forma democrática era, nuevamente, una realidad en la Argentina.

A 40 años del acontecimiento, el economista Javier Milei llega hoy a la Casa Rosada. Es el presidente número 12 (o número 8, si se considera solo a quienes fueron elegidos por el voto) de un período sin interrupciones en el ejercicio de ir a las urnas. Es un logro claramente para celebrar, que choca con la falta de otro: el de tener una economía que aporte las bases para el bienestar sostenible de toda la población.

Aquellos billetes con la imagen del Libertador en su anverso y con ilustraciones del lago Nahuel Huapi y del Monumento a la Bandera en su reverso eran, respectivamente, el de 1 peso y el de 5 pesos argentinos. Esa moneda de curso legal nació en junio de 1983 y apenas dos años después fue reemplazada por el austral, que, a su vez, le dejó su lugar en 1992 al peso hoy en circulación. Bueno... inflación mediante, en la práctica ya no circula “el peso”, si la frase se refiere estrictamente al billete con la cara de Carlos Pellegrini que salió a la calle tres décadas atrás, a la moneda bimetálica, o a la pequeña pieza de cobre con el número 1 impreso, con cada uno de los cuales era posible comprar, hasta 2001, dos alfajores, o un diario.

En su capítulo económico, las cuatro décadas de democracia se caracterizaron, entre otras cosas, por períodos de fuerte pérdida de valor de la moneda. Aquel peso argentino, del que se necesitaban 6 para comprar el diario del sábado de la asunción de Alfonsín, perdió siete ceros con los cambios de signo monetario, lo que equivale a decir que una unidad del peso actual serían 10 millones del que se apellidaba “argentino”.

Ese deterioro tuvo y tiene su reflejos en la vida de una sociedad que, en este final de 2023 y en una economía con cepos, se ve afectada por una inflación anual, a noviembre, superior al 150% y con tendencia al alza –cercana, además, al 900% en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner–; por un índice de pobreza de más de 40%, y por un mercado de trabajo en el cual la mitad de los ocupados está en la informalidad. Una condición, esta última, que es un problema hoy para muchas personas y para la sociedad en conjunto, y, a la vez, un desafío presente y futuro para un sistema previsional con crisis en su financiamiento, al cual, en los últimos años, ingresaron más jubilados por la excepción a la regla (a través de moratorias) que por la regla misma, que exige contar con una determinada cantidad de aportes.

“En la mitad de los últimos 40 años la Argentina experimentó una inflación anual superior al 25%”, afirma la economista Ana Inés Navarro, profesora y directora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, y autora de un informe que describe el comportamiento de una serie de indicadores en 40 años. El período incluyó, recuerda, picos hiperinflacionarios y una década de convertibilidad entre el peso y el dólar, con bajos índices de subas de precios e, incluso, con pequeñas deflaciones en la crisis de inicios de este siglo, a la que se llegó por la rigidez y los problemas no atacados de aquel esquema del uno a uno.

La historia de la inflación en las últimas décadas tiene el capítulo del apagón de la estadística oficial por la intervención política del Indec entre 2007 y 2015, en buena parte del último año de la presidencia de Néstor Kirchner y en los dos mandatos completos de Cristina Kirchner. Navarro aclara que, para el armado del cuadro de inflación en los 40 años se consideraron, hasta el año previo al de la reconstrucción del instituto, las cifras de un trabajo hecho por los economistas Alberto Cavallo y Manuel Bertolotto, publicado en el sitio de la Social Science Research Network.

Las subas récord de precios se produjeron en la hiperinflación de 1989 y 1990, cuando los índices interanuales superaron ampliamente los cuatro dígitos. En julio de 1989, la inflación, que interanualmente fue de más de 3600%, rozó el 197% mensual, el índice más alto de la historia según el trabajo antes mencionado, que multiplicó por 1,7 al del mes previo y casi por 6 al de mayo de ese año. El déficit consolidado del Estado en sus diferentes niveles llegaba a más de 20% del PBI y los sueldos se pagaban por semana, según recuerda en diálogo con LA NACION el economista Orlando Ferreres, que se hizo cargo de la Secretaría de Coordinación y Programación Económica ese mes, el primero de la gestión presidencial de Carlos Menem y en el cual, a días de haber asumido como ministro de Economía, falleció Miguel Roig.

Con el recuerdo de lo que se hizo en la gestión de la que fue parte –que incluyó conseguir en poco tiempo una ley de emergencia para una reforma del Estado, con privatizaciones incluidas–, Ferreres dice que los planes a concretarse ahora deben hacerse lo más rápido posible. Y aclara que no cree que venga esta vez una hiperinflación.

El incremento del gasto público, con la imposibilidad por períodos de financiarlo por fuera de la emisión monetaria –génesis de los procesos de alta inflación– fue, al menos en parte, producto de que no hubo un crecimiento de la economía que se mantuviera en el tiempo y que generara las condiciones para la creación de empleos que aporten al bienestar de las personas y de la sociedad toda.

El trabajo de Navarro muestra que la inversión interna fija medida como porcentaje del PBI fue en 2022 inferior a la de 1983, al tiempo que el promedio del período resultó de 17,14%. La producción de bienes y servicios por habitante tuvo, en tanto, una variación en las cuatro décadas de 30,97%, con un crecimiento anual promedio de 0,677%.

Según la visión del historiador Roberto Cortés Conde, el problema de la inflación tiene su origen en un “modelo de industrialización de baja productividad” surgido en el primer peronismo, que agudiza conflictos redistributivos en una economía que no genera recursos suficientes.

“Las subas de salarios por encima de la productividad financiadas con creación de dinero incidieron en la inflación, porque la oferta de bienes no aumentó tanto como la capacidad de compra”, dice. A su vez, como por la actividad de la industria –una industria con problemas de competitividad– crecían las importaciones más que las exportaciones, se generaban crisis en la balanza de pago, derivadas en devaluaciones que provocaban subas de precios y caída del salario real. “Los sindicatos reclamaban mejoras, que los empresarios aceptaban dar si subían los precios, y, así, seguía la espiral inflacionaria”, agrega. “Hay 40 años de democracia, con una economía muy débil y con una situación política siempre en tensión. No se logró una solución razonable para tratar de moderar las fluctuaciones económicas extremas”, concluye Cortés Conde, respecto de las últimas décadas.

En el período analizado en el informe de la Universidad Austral, el índice de desempleo “parece haber estado relativamente controlado”, salvo en un período de la convertibilidad y en la crisis de salida de ese régimen, cuando llegó a niveles cercanos al 20% de la población activa. La tasa era algo inferior a 5% en 1983 y, en el segundo trimestre de este año fue, según el Indec, de 6,2%.

Pero esos datos esconden enormes debilidades. De un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec se desprende que la mitad de las personas que declaran tener una ocupación están hoy en segmento informal, una situación que persiste desde hace años. Y entre los trabajadores registrados, en los últimos tiempos creció el número de monotributistas y empleados del Estado, mientras que la cantidad de asalariados del sector privado fue, en septiembre último, solo 4,3% más alta que la de enero de 2012, según la estadística publicada por el Ministerio de Trabajo.

Además, analiza Navarro, está el problema de la pérdida de poder adquisitivo. En el sector no registrado y siguiendo datos del Indec, los salarios tuvieron en septiembre último, en promedio, un 18,5% menos de poder adquisitivo que en ese mes de 2022.

“La combinación de inflación y bajo crecimiento se tradujo en altos y persistentes niveles de pobreza”, advierte el informe sobre los indicadores. El último dato difundido por el Indec revela que en el primer semestre de este año la pobreza afectaba al 40,1% de la población, un índice que supera en más de diez puntos al de fines de los 80. En las últimas décadas, señala Navarro, la pobreza nunca estuvo por debajo de 16% y el índice promedió el 33%.

El récord del porcentaje de población viviendo en hogares sin ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios se dio en 2003, con el 58,2%, según un trabajo realizado por Jessica Bracco, Leonardo Gasparini y Leopoldo Tornarolli, investigadores del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), de la Universidad Nacional de La Plata. Los economistas recalcularon los índices de períodos previos usando la metodología aplicada por el Indec desde 2016 (ese año, el de la reconstrucción del instituto oficial de estadística tras su intervención, se hicieron ajustes, por ejemplo, en la cantidad de calorías incluidas en la canasta alimentaria que define la línea de indigencia).

Para el sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina –donde estiman que en el tercer trimestre de este año la pobreza trepó a 44,7%–, la causa de la gran cantidad de hogares y personas sin ingresos suficientes “ha sido y sigue siendo la falta de inversión y de un crecimiento equilibrado entre los sectores dinámicos y los tradicionales que tienen capacidad de generar más y mejores empleos o, incluso, trabajos dignos en la economía informal”. Tras la salida de la convertibilidad, agrega, el crecimiento bajo que se logró se sostuvo por el incremento del consumo, y, en menor medida, por exportaciones e inversiones. “Este mecanismo, a la par de un creciente déficit público con efectos inflacionarios, permitió evitar el colapso del sistema social”, pero, a la vez, le puso “trabas sistémicas” a la inversión y al desarrollo.

A la par de la falta de generación de más empleos productivos y de una solución de fondo al drama de la pobreza, y dado el reconocimiento de la necesidad de asistir a la población afectada, el gasto público social pasó de algo más de 10% del PBI a principios de los 80, a más de 20% en el año 2000, para caer con la crisis y volver a subir. Desde hace más de una década supera el 25%.

El gasto público total, de 25,9% del PBI en 1983, fue de 42,8% en 2021. Y el problema es el déficit, muchas veces financiado con la licuación de los ingresos de los jubilados, por ejemplo, o con una emisión de pesos generadora de inflación, un problema que agudiza la problemática social. Es una situación que recientemente agravó Sergio Massa, cuando, haciendo un aprovechamiento de su doble rol de ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, expandió el gasto y resignó recursos para el Estado, en un contexto de déficit y con medidas que apuntaron a diferentes grupos de la población, incluso a los de mayores ingresos. Con esas decisiones, complicó aun más el escenario para el gobierno entrante y para el país en su conjunto.

También se recurrió una y otra vez, en las últimas décadas, a ampliar la carga impositiva, en una economía con alta evasión y con un esquema tributario que acumula distorsiones e idas y vueltas en las políticas.

El mayor gasto social explicaría las mejoras, al menos de algún período, en el coeficiente de Gini del país. Se trata del indicador que muestra el nivel de igualdad o desigualdad por ingresos de una sociedad: cuanto más cerca de 0 el número, mayor igualdad; cuanto más cerca de 100, más desigualdad. Hoy en la Argentina el índice es similar al del tiempo en que volvió la democracia, pero había empeorado en la crisis de inicio de siglo. “La mejora fue, hasta 2009 o 2010, por el crecimiento, sobre todo en el período de precios altos de commodities”, analiza Navarro. Desde 2012, el sostenimiento del índice se vincula con el gasto social creciente y con una política de achatamiento de las pirámides de ingresos en contextos de pérdidas de poder de compra. Es decir, es una mejora “forzada” del indicador, no vinculada con un proceso de generación de riqueza.

En el caso de las jubilaciones de la Anses, solo entre enero y octubre de este año, el reajuste de haberes según la fórmula de movilidad, combinado con la política de bonos –que son para un grupo– provocó, inflación mediante, una caída de poder adquisitivo de 6% para quien cobra la mínima más un refuerzo; de 20,7% para quien tenía, por caso, un haber bruto de $180.000, y de casi 26% para alguien con un ingreso en octubre de $174.000, que durante un tiempo recibía un bono y que ya no lo cobra.

Una redistribución de pérdidas, en una Argentina que celebra su democracia, pero en la que persiste una enorme deuda en materia social.