-Él tiene una entrevista de trabajo por eso quiere ir para allá. Yo no sé si voy, no tengo muchas ganas; capaz vaya solo con las nenas. Mañana te aviso, mamá...

-Ojalá puedas venir vos también, siempre son bienvenidos, quiero ver a mis nietas, las extraño...

El diálogo, quizás el último que se conoció, fue el que mantuvieron Gabriela Viagrán y su madre, María Cristina Robert, el viernes 13 de noviembre de 2009. Al otro día, finalmente Gabriela decidió acompañar a su marido, Fernando Pomar, y la familia partió al atardecer del 14 junto a sus hijas, María del Pilar y Candelaria -de tres y seis años- desde su casa de José Mármol rumbo a Pergamino, donde vivían sus respectivas familias. En el camino, dejaron en casa de amigos a Franco, el hijo mayor de la mujer que había tenido con otra pareja, porque debía preparar un examen del colegio secundario.

Luego de despedir al adolescente y pedirle que se cuide y estudie mucho, continuaron con el viaje en el Fiat Duna Weekend rojo conducido por Fernando. Sin embargo, lo que sería un viaje familiar sin sobresaltos se convirtió en una pesadilla: un accidente ocurrido 40 kilómetros antes de llegar a destino provocaría la trágica muerte de los cuatro, que salieron despedidos del auto luego de despistarse en la ruta 31, a causa de lo que se conoce como “morder” la banquina. Así, el auto se despistó, embistió la alcantarilla de un zanjón, volcó y quedó sin posibilidades de pedir auxilio.

La pregunta de un país: ¿dónde están los Pomar?

Lo que continuó hasta que los encontraron el 8 de diciembre fueron 24 días de incertidumbre, desidia, inoperancia y miserables especulaciones de todo tipo. Se llegó a decir que escaparon por las deudas que mantenían en las cuotas del crédito de la casa donde vivían (luego se comprobó que cumplían con los pagos al día). Como él era técnico químico, se especuló con que había huido porque estaba en el negocio de la efedrina, tan comentada en esos tiempos. Además, se habló de un posible secuestro relacionado con el narcotráfico, de que se los habían visto en el exterior; de que él era un hombre violento que tenía un arma que no apareció en un allanamiento que se realizó, y entonces se deducía que la había usado para matar a su familia y suicidarse. Para colmo aparecieron imágenes de los peajes de Luján y Villa Espil, y se informó que en el primero Fernando aparecía “desencajado”, lo que alimentó más la sospecha creada sobre su posible perfil “criminal”. Hubo móviles de TV desde diferentes provincias con gente que decía que los había visto. San Juan, San Luis... el desfile de hipótesis sin respaldo era infinito pero la pregunta no tenía respuesta: ¿dónde estaban los Pomar?

“Se revisaron infinidad de veces los alrededores de las rutas 7, 5, 6, 41, 32. Lo mismo hicimos alrededor de la Laguna de Gómez y los espejos de agua: no se descarta ninguna hipótesis”, informaban los investigadores que insistían con que se los buscaba por tierra con efectivos de infantería y caballería y también por aire, mientras también registraban una computadora personal de Fernando Pomar.

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A cargo de la investigación por “averiguación de paradero” estuvo Karina Pollice, de la fiscalía N°4 de Pergamino. Los medios, con el correr de los días, transmitían en forma constante el caso, ya que se hablaba nada menos que de la desaparición de una familia completa. Mientras, la Justicia estaba investigando dos hipótesis: si la desaparición era voluntaria o involuntaria. La propia Pollice especuló por entonces con un conflicto de familia, y con que Pomar poseía un arma de fuego “que no fue hallada en su vivienda”. Además, precisó que se habían revisado y cotejado uno por uno los llamados al 911 y que ninguno había dado resultado.

Más allá de la palabra de la fiscal, luego se supo que Casimiro Frutos, un albañil que viajaba rumbo a Pergamino el 16 de noviembre, vio un auto rojo volcado en la ruta 31. Primero pensó que se trataba de un coche abandonado. Cuando el 26 hizo el viaje de vuelta volvió a divisarlo y como la noticia de la desaparición de la familia ya se había convertido en un escándalo nacional, al otro día se comunicó al 911 para contarlo, pensando que podían ser ellos. Evidentemente, ni la Policía ni las autoridades responsables de la investigación le prestaron la correspondiente atención. Más tarde trascendió que ese dato había llegado a la DDI de Pergamino. Una vez que se supo de la pista no investigada, el comisario de entonces terminó desplazado.

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Por su parte, el ministro de seguridad, Carlos Stornelli, y el secretario de Investigaciones, Paul Starc, eran quienes lideraban la búsqueda. Por entonces creían en la hipótesis que la familia se había ido al exterior.

El escenario era de extrema confusión y la desorientación de las autoridades mayúscula. Las especulaciones y la inoperancia terminaron cuando los hallaron muertos el 8 de diciembre a 39 metros de una de las curvas de la Ruta 31, 40 kilómetros previos a la ciudad de Pergamino, lo que debía ser el destino final de la familia.

La Policía científica determinó las marcas previas de frenadas sobre el pavimento y que los cuatro pasajeros que no llevaban colocado el cinturón de seguridad salieron despedidos, luego de que el auto se apartara del camino, impactara en un zanjón y terminara volcado luego de dar una vuelta de campana.

Los exámenes establecieron que Fernando Pomar tenía una fractura de cráneo que le provocó la muerte. Con posterioridad fallecieron sus dos hijas, y por último, Gabriela, la mamá, quien agonizó también con numerosas fracturas durante varias horas en plena noche.

El día después

A partir de allí, María Cristina Robert, su madre, empezó a buscar respuestas ante la justicia y poco encontró con el correr de los años, ya que murió en julio de 2020, y recién en agosto de ese año la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín responsabilizó a la provincia de Buenos Aires por la muerte de la familia e indemnizó en un 70 por ciento por un monto de $1.700.000 -sumado a intereses- a Franco, el hijo de Gabriela, que por esas cosas del destino no emprendió el viaje. “Por el mal estado de la Ruta 31 por ‘daño moral’ y ‘valor vida’”, decía el fallo.

La resolución atribuyó el restante 30 por ciento de culpa al conductor por no tener en condiciones los neumáticos, en especial el trasero izquierdo, y porque se estableció que ninguno de los ocupantes del vehículo llevaba colocados los cinturones de seguridad.

Varios policías quedaron involucrados en una causa penal por haber ignorado aquel llamado clave al 911 (“Omisión de los deberes de funcionario público”) y por presunta falsificación de actas que decían haber rastrillado lugares donde no se cumplió tal tarea (“Falsificación ideológica”).

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Las continuas apelaciones que emplearon los abogados defensores para dilatar la causa lograron que la correspondiente a “Omisión de los deberes de funcionario público” prescriba. Y por la restante, de los tres imputados uno fue absuelto y los otros condenados a un año en suspenso, fallo que con posterioridad revocó la Cámara de Apelaciones de Junín.

A catorce años de la tragedia el único sobreviviente de la familia es Franco Ricabarra, el hijo mayor de Gabriela Viagrán, que convive como puede con el dolor de la pérdida de sus seres queridos y de la injusticia padecida.