Aunque son explícitas y reveladoras, las fotos de Insaurralde en el yate de Marbella esconden mucho más de lo que muestran. Exhiben la obscenidad y la impunidad con la que muchos conciben y ejercen el poder, pero ocultan la realidad que está detrás: una provincia carcomida por la corrupción e institucionalmente degradada, colonizada por un cinismo militante que disimula con retórica pseudoprogresista una matriz de aprovechamiento y apropiación del Estado.

Insaurralde es el síntoma de una patología más compleja; es hijo de “un sistema” que lleva décadas gobernando la provincia y que, en los últimos cuatro años, no solo no ha sido desmantelado ni acotado, sino que ha funcionado con toda comodidad. Si miramos más allá de las fotos del yate, veremos un oscuro entramado de negociados, complicidades, malversación de caudales y descontrol estructural que el gobierno de Kicillof parece empeñado en no tocar. Hacer la vista gorda es una forma de complicidad.

Detrás del yate está la policía bonaerense, como un eslabón que une a la política con organizaciones mafiosas, desde La Salada hasta el juego clandestino, los desarmaderos de autos y el narcomenudeo. ¿Qué ha hecho Kicillof? ¿Ha impulsado un proceso de saneamiento de la bonaerense? ¿Ha estimulado a los buenos policías, que son muchos? ¿Ha profesionalizado y jerarquizado a la fuerza? ¿Los ha puesto a combatir el delito y las mafias? Lo que ha hecho es, por un lado, cedérsela a un “sheriff” de la política, como Sergio Berni, y por el otro bajar una línea teñida de ideologismo: tolerancia y permisividad frente al delito, mientras “el sheriff” actúa para la televisión.

Hay una imagen que es menos glamorosa que la del yate, pero que también es muy expresiva y puede verse todos los días en el corazón de La Plata. Frente a la propia Gobernación, en la Plaza San Martín, se ha montado una de las tantas sucursales de La Salada. El poder disimula su connivencia con dialéctica romántica: lo encuadra como “un emprendimiento de la economía popular”, pero detrás están las mafias del contrabando, de la falsificación y del comercio clandestino. Para la tribuna, somos “defensores del trabajo informal”. Para adentro, aseguramos “el sistema”: el que lleva a Insaurralde a Marbella, el que financia “la política”, el que explica tantas fortunas inexplicables.

Con una policía que tiene orden de no intervenir y que está habilitada como “reguladora” y “garante” del statu quo, la matriz de corrupción, mafias y delito goza de buena salud.

Si Kicillof es hoy el candidato del kirchnerismo a la reelección es, precisamente, por no haber tocado “el sistema” de poder, en el que Máximo Kirchner es uno de los socios y accionistas principales. El escándalo de Insaurralde ha funcionado como una confesión. El jefe de Gabinete cayó por su propio peso, pero su entramado de influencia ha sobrevivido sin problemas: su mano derecha sigue al frente de la Cámara de Diputados en la que Chocolate Rigau desnudó una de las piezas del engranaje. Otro apéndice suyo sigue manejando nada menos que el Instituto de Loterías y Casinos, que regula el oscuro y gigantesco negocio del juego. Se trata de Oscar Galdurralde (emparentado con su jefe hasta por la fonética del apellido), quien venía de manejar, en la época de Scioli, otra “caja” inmensa: fue director financiero del IOMA. Otro de los alfiles del “insaurraldismo” ocupa un cargo vitalicio en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

¿Qué hace frente a todo esto el Tribunal de Cuentas? Es cierto que el enriquecimiento de la política se explica por colectoras clandestinas, negocios paralelos y un inmenso flujo de dinero negro. Pero ¿los organismos de control son un obstáculo para la corrupción o le proveen un sello de legalidad a cualquier disparate y desmanejo? ¿Miran la sustancia de las cosas o se limitan a verificar las formas? Un lúcido analista de la política bonaerense lo explica de un modo gráfico: “Un funcionario puede comprarle a su cuñado un lote de vacas de carrera sin que nadie se lo vaya a objetar. El tribunal solo mirará que se hayan cumplido los plazos, que el expediente esté bien foliado, que el proveedor esté inscripto, que la necesidad de las vacas de carrera esté correctamente fundamentada y que la licitación se haya hecho en tiempo y forma”. Las “vacas de carrera” han encontrado su paraíso en la provincia, donde todo el sistema de compras y contrataciones es famoso por su opacidad, al igual que el de obra pública. El Tribunal de Cuentas, que históricamente había estado en manos de la oposición (una oposición complaciente, pero oposición al fin), ahora es presidido por un hombre de Kicillof, mientras los cargos claves han sido loteados para conformar a las distintas tribus del oficialismo.

La Justicia podría ser el reaseguro frente a este entramado de anomalías. Sin embargo, aunque no salieron en la foto, muchos jueces no parecen estar demasiado lejos del yate de Insaurralde. Han caído magistrados como Melazo y Ordoqui, ¿pero no ha sobrevivido el sistema que ellos representaban? La semana pasada, sin ir más lejos, fue detenida una abogada acusada de pagarle sobornos a Ordoqui, finalmente detenido después de haber gozado durante años de protección política. ¿Pero dónde trabajaba la abogada? Era funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia. Cuando se pone la lupa, la madeja de acomodos, connivencias y complicidades se hace cada vez más intrincada. El fallo que abortó la investigación del mecanismo de recaudación en la Legislatura pone también en primer plano los nexos entre la Justicia bonaerense y el poder político. Con jueces como los que han intervenido, Chocolate no necesita abogados defensores.

Todo esto ocurre en una provincia que prácticamente ha desactivado la carrera administrativa, y donde ya nadie asciende por concursos sino por militancia y acomodo. El Estado ha crecido en tamaño al mismo tiempo que en ineficiencia. La burocracia pública funciona cada vez peor. Hay un indicador que puede parecer técnico, pero es muy revelador: en los últimos años creció de manera exponencial la cantidad de amparos por mora. Son recursos que los ciudadanos se ven obligados a presentar ante el propio Estado porque no obtienen respuesta en sus trámites, gestiones o solicitudes administrativas.

Cuando Kicillof confiesa que no sabía dónde estaba su jefe de Gabinete, y se descubre que firmaba decretos desde el yate y contestaba mensajes desde Marbella como si estuviera en la oficina, se desnuda en realidad una cultura que está enquistada en todos los niveles y estamentos del Estado. A cualquiera que vaya a un organismo público le podrán decir que “el director solo viene los jueves”. En la provincia se ha consolidado una suerte de “simulación laboral” consentida desde la cúspide de la Gobernación, que mira ese descalabro con la misma tolerancia y permisividad ideológica con la que mira al delito. También subyace en eso un perverso pacto demagógico: “Yo me voy y firmo desde Marbella, pero tampoco exijo que vos vengas a trabajar”. Es la cultura del cacique que concede con arbitrariedad, en las antípodas del administrador que gestiona con apego a las normas.

La designación de “ñoquis” o empleados fantasma ha quedado en evidencia con el caso Chocolate, pero excede el ámbito de la Cámara de Diputados. Bastaría poner la lupa en el Servicio Penitenciario, por ejemplo, para “patear otro hormiguero”. En la Legislatura, mientras tanto, el escándalo tampoco ha promovido ningún cambio; mucho menos, un esfuerzo de transparencia o algún atisbo de transformación. Se ha insinuado un debate sobre la unicameralidad, que puede ser razonable, pero exige una reforma constitucional y, por lo tanto, es a un muy largo plazo. ¿Es una idea o una estrategia para tirar la pelota hacia adelante y ganar tiempo hasta que se calmen las aguas? Kicillof vuelve a exhibir un silencio que se confunde con complicidad. ¿Por qué no se anuncia una drástica reducción del presupuesto de la Legislatura para el año que viene? En la gestión de María Eugenia Vidal bajó del 1,3% del presupuesto provincial al 0,9%. Si Kicillof lo bajara ahora al 0,6 (que seguiría por encima del de Córdoba, por ejemplo, que es del 0,4), podría verse la intención de cambiar algo. Pero nadie se imagina que eso vaya a ocurrir. “La nuestra no se toca”.

Detrás del yate de Insaurralde hay una provincia fallida, donde el Estado se ha desarticulado y se ha producido una suerte de vaciamiento institucional. No hace falta mirar por el ojo de la cerradura para observar esa descomposición: está a la vista. Es la realidad que explica, entre tantas otras cosas, la tragedia de Thiago Galván. Tenía 16 años y soñaba con ser futbolista. Lo mataron esta semana en las calles de La Matanza para robarle el celular. Ocurrió en esa provincia que se esconde en Marbella, que mira para otro lado, que declama ideología y que practica el cinismo. Pero también ocurrió en una provincia a la que todo eso le duele, que apuesta a la innovación productiva y a la cultura del esfuerzo, que no solo valora la ética, sino que además la practica. Tal vez estemos en lo que Jorge Liotti ha definido como “la última encrucijada”. ¿Veremos lo que hay detrás del yate o elegiremos mirar para otro lado?