SAN CARLOS DE BARILOCHE.– En coincidencia con el Día Mundial del Turismo, los guardaparques de todo el país realizarán mañana un paro general para visibilizar la situación que atraviesan cuatro de ellos, procesados en un juicio penal por la caída de un árbol que causó la muerte de dos menores en el Parque Nacional Lanín.

Si bien se anunció que las áreas protegidas permanecerán abiertas (salvo Iguazú), se espera una paralización de actividades, por lo que los visitantes podrían sufrir diversas restricciones. Asimismo, durante el último fin de semana de octubre cerrarán todos los parques nacionales.

“Esta es de las pocas veces que tanto ATE, como UPCN y el Sindicato de Guardaparques estamos alineados. Hay una denuncia de paro para que haya una cobertura desde lo gremial y sindical al personal, aunque de todas formas estarán en sus puestos de trabajo. Más que paro, en realidad, es una manifestación pública para visibilizar un tema que nos tiene más que preocupados”, indicó en relación con lo que ocurrirá mañana Danilo Hernández Otaño, secretario de prensa del Sindicato de Guardaparques Nacionales.

El hecho al que se refiere ocurrió el 1° de enero de 2016, en el camping Lolen, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín: un roble pellín cayó hacia la playa del lago Lácar y aplastó a Matías Mercanti, de 7 años, y Martina Sepúlveda, de 3, mientras que causó heridas en dos adultos que estaban allí pasando Año Nuevo. Por esas muertes, actualmente cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales se encuentran procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves.

En un principio, por la demanda penal había cinco guardaparques procesados, aunque ahora son cuatro. También están imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos que pertenecen a la comunidad mapuche Curruhuinca: en la propiedad comunitaria funciona el camping Lolen, donde se cayó el árbol que terminó con las vidas de dos menores.

“Toda esta denuncia se basa en el supuesto de que un guardaparques tiene que saber qué día, a qué hora y en qué dirección se van a caer todos y cada uno de los millones de árboles que componen el bosque andino-patagónico, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Y eso es imposible”, dijo a LA NACION el guardaparques Hernández Otaño.

Agregó que la demanda ha tenido ya tres instancias, una falta de mérito y dos sobreseimientos, en 2019 y en 2020. Y ahora la causa llega a juicio oral, que se hará entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre en el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Mientras tanto, ya hubo una audiencia y se realizará otra este viernes.

Mañana habrá distintas medidas en todos los parques nacionales para llamar la atención sobre este juicio. La idea es brindar información a los visitantes de las áreas protegidas sobre la situación. El mayor impacto será en el Parque Nacional Iguazú, que directamente estará cerrado mañana al público. En otros parques, se prevé el cierre de senderos y la suspensión de excursiones lacustres.

A su vez, durante los días que dure el juicio se paralizará completamente la Administración de Parques Nacionales (APN): eso significa que, con el aval del directorio de la institución, no habrá ningún tipo de actividades en las áreas protegidas de todo el país, en lo que denominaron una “vigilia judicial”.

Ya a principios de agosto pasado, el directorio de la APN –presidido por Federico Granato– había ratificado su posición respecto de “la injusticia que representa intentar responsabilizar a los trabajadores del organismo por sucesos naturales”.

Desde el directorio señalaron que se trata de espacios agrestes, “por lo que es absolutamente imposible pretender que la responsabilidad de los trabajadores se extienda sin ningún tipo de límite en el momento de prevenir situaciones generadas por fenómenos naturales inmanejables en predios de miles y miles de hectáreas”.

En el mismo sentido se expresó ayer el personal de Parques a través de un comunicado: “La caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque; los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos. No es admisible, no es un hecho de justicia responsabilizar al personal de la APN de las múltiples eventualidades que puedan ocurrir en la visita a extensas áreas naturales como la mordedura de una serpiente, la caída de un árbol, el ataque de un puma, la picadura de un alacrán o de un mosquito”.

Y añadieron: “En caso de un fallo desfavorable, ¿quién se animará a mantener abiertas las áreas de uso público? ¿Quién estará dispuesto a organizar actividades turísticas y recreativas en las áreas protegidas? ¿Quién querrá conducir grupos de visitantes para que puedan conocer nuestros parques? Estas medidas no solo afectan a los agentes de la APN, también podrían ser afectados prestadores de servicios, guías y concesionarios, siendo imputados”.

Sobre el resultado del juicio, Hernández Otaño afirmó: “Confiamos en que será del mismo tenor que las tres instancias anteriores. Llegamos al juicio porque la Fiscalía y la querella han apelado y han recurrido, y persisten en encontrar un responsable penal sobre lo que se identifica claramente como un accidente producto de un hecho natural, como es la caída de un árbol. Los guardaparques no podemos trabajar tranquilos si existe la posibilidad de que la Justicia entienda que, ante un accidente con la flora o la fauna, el responsable penal es el funcionario. Sí tenemos la obligación de asistir a las víctimas y eso se hizo”.