Siguiendo una lógica que ha dominado las acciones de gobierno en las sucesivas administraciones kirchneristas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que dirige Horacio Pietragalla, ha publicado un extenso documento titulado Lawfare la democracia en peligro cuyo objetivo es “enseñar”, desde la perspectiva del pensamiento único a los periodistas, analistas, académicos y formadores de opinión púbica, a escribir o expresarse sobre las causas de corrupción o el funcionamiento de la Justicia en Argentina.

No es el primero de estos “manuales” de tinte autoritario. En esta última etapa de gestión del presidente Alberto Fernández, la búsqueda del control de pensamiento se orientó hacia los manuales, como el que emitió en su oportunidad el Inadi para intentar regular hasta los cánticos del público en las canchas de fútbol o el vocabulario de los periodistas por el Mundial de Qatar 2022, y la polémica Defensoría del Público que, entre otras cosas, intentó condicionar a la prensa sobre como tratar la problemática de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El deseo irrefrenable de “orientar” y “enseñarles” a los periodistas y a los medios qué y cómo deben pensar y escribir forma parte de la cultura que ha marcado las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y que impulsó siempre a su grupo político a buscar el control de los medios a cualquier precio.

Desde 2009, con la sanción de la Ley de Medios, el oficialismo solamente ha buscado el condicionamiento del pensamiento y especialmente, la manipulación de aquello que se difunde desde los medios de comunicación. Esto claro, con una finalidad práctica en beneficio propio: ocultar los hechos de corrupción y jaquear al Poder Judicial para garantizar la impunidad.

Si bien lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, vale la pena insistir en que no corresponde al Estado fijar pautas que determinen los contenidos de los medios periodísticos y la opinión de los periodistas y trabajadores de prensa.

El periodismo, por su trascendencia social y política, tiene deberes implícitos en su ejercicio y está sometido a responsabilidades. Es importante tener en cuenta que, en lo referente a los periodistas, para exigir responsabilidades debe darse cumplimiento a las exigencias del artículo 13.2 de la Convención Americana —en particular los requisitos de legalidad, finalidad legítima y necesidad de las limitaciones— y, en todo caso, debe atenderse a las características propias del desempeño de esta profesión que se vincula directamente al ejercicio de un derecho definido y protegido por la Convención Americana (Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 80).

En cualquier caso, dada la importancia de la función que cumplen los medios de comunicación en una sociedad democrática, el principio 6 de la Declaración de Principios establece que, «la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados».

En el caso particular de estos manuales doctrinarios, resultan desafortunados desde el propio origen, ya que la sola existencia de un manual que determine mecanismos de formulación del pensamiento establecidos por un órgano del Estado y destinado a los medios de prensa condiciona la labor periodística.

Todo aquello que no se acomoda al relato oficialista se intenta disciplinar, a veces por vía de manuales inconducentes, otras por el intento de sanciones, como se intentó en el caso de la periodista Laura Di Marco. Debemos seguir defendiendo la libertad de expresión, siempre, sobre todo cuando en los últimos estertores de un gobierno desacreditado ante la sociedad, algunos funcionarios, siguen soñando en imponer el pensamiento único como herramienta para perpetuarse en el poder.

La autora es presidenta de la Fundación Led. Libertad de Expresión + Democracia.