A inicios de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten inmigrantes irregulares en el estado, así como multas importantes. Esta nueva legislación, que entrará en vigor el próximo 1° de julio, ya provoca estragos entre la comunidad inmigrante de Florida. Algunos indocumentados fueron despedidos de sus centros laborales, otros decidieron irse antes de que se implemente la nueva ley y unos más permanecen en la incertidumbre.

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Benjamín Pérez, de 40 años, es un hombre originario de México que desde hace dos décadas vive en Miami. Trabaja de manera irregular en limpieza de casas y vive con su esposa nicaragüense y un sobrino de ella, Joel Altamirano (ambos nombres son seudónimos). Los tres trabajan, pero ninguno de ellos tiene permiso legal, por lo que su futuro pende de un hilo ante la nueva ley, considerada como “antiinmigrante” por la oposición.

“Para los que venimos sin ningún documento, más que con las ganas de trabajar, se nos hacen más estrechos los caminos para encontrar un empleo”, declaró Pérez a Univisión. El inmigrante mexicano explicó que abandonó su país de origen en busca de mejorar su situación económica en Estados Unidos. Durante varios años trabajó como albañil, hasta que sufrió una lesión que lo obligó a cambiar de empleo.

Señaló que cada vez es más difícil concretar el “sueño americano”, ya que “el gobierno nos acorrala más y más. Esta vez, el trato (la nueva ley de DeSantis) es sin misericordia. Prácticamente ya no valemos nada”, lamentó. Por su parte, Altamirano, quien se desempeña en el sector de la construcción, comentó que en su centro de trabajo muchas personas ya decidieron irse del estado. “Hay demasiado temor por la ley”, reconoció.

Ambos inmigrantes declararon que se sentían “víctimas de las ambiciones personales de DeSantis”, dado que el gobernador ha impulsado una gran agenda conservadora de frente al próximo lanzamiento oficial de su carrera presidencial estadounidense para 2024. “Todos los políticos quieren su parte del pastel y nosotros pagamos los platos rotos. Vinimos para trabajar, enviar dinero a nuestras familias, gastarlo aquí y pagar impuestos. Esto es injusto”, reclamó Pérez.

Los inmigrantes no planean regresar a sus países de origen a pesar de la nueva legislación, ya que varios de sus familiares dependen de sus remesas. Actualmente, están en planes de mudarse a otro lugar de EE.UU., para empezar desde cero. Pérez lamentó que las autoridades del país norteamericano no reconozcan su trabajo. “Para EE.UU. nosotros no existimos, pero este país fue construido por gente de todas partes y yo soy uno de ellos”, concluyó.

El castigo para las empresas que empleen a indocumentados en Florida

Antes de la recién ley promulgada por DeSantis ya existía una multa por emplear, contratar o referir a inmigrantes que no puedan comprobar su estancia legal en el país norteamericano. No obstante, a partir del 1° de julio aumentará la pena. Los empleadores que reincidan en este tipo de contratación perderán sus licencias de operación de forma permanente.

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Para verificar que las compañías cumplan con los nuevos requisitos, el gobierno de Florida obligará a las empresas con más de 25 empleados a usar E-Verify, un sistema federal que sirve para comprobar si los trabajadores están registrados legalmente en EE.UU. También se harán auditorías para corroborar que se cumpla con todo el protocolo que este proceso implica.