MENDOZA.– La monja Kumiko Kosaka, imputada principalmente por encubrir, facilitar o haber omitido denunciar los vejámenes cometidos a niños sordos por parte de sacerdotes y personal del Instituto Próvolo, fue absuelta de todos los delitos por los que se encontraba acusada.

Tenía seis imputaciones como partícipe primaria y una como autora de uno de los abusos. La fiscalía había pedido 25 años de prisión y 10 de inhabilitación para estar al frente de niños.

La sentencia fue dictada por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna, del Tribunal Penal Colegiado 2 de la provincia de Mendoza. Se trató de la última instancia del actual debate, que empezó en mayo de 2021.

También fueron absueltas la monja Asunción Martínez, las exdirectoras y empleadas del Próvolo Graciela Pascual y Gladys Pinacca, y la cocinera Noemí Paz.

El tribunal dio a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate, más de 100 testigos y unas 300 audiencias. Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de prisión.

Esta mañana, previo al fallo, las enjuiciadas hicieron uso de su derecho a decir sus últimas palabras.

Así llegó a su fin el “segundo megajuicio” por los abusos sexuales contra niños sordos del exinstituto Antonio Próvolo en esta provincia. Después de dos años y medio de debate, con casi 400 audiencias y un centenar de testimonios, el tribunal determinó las responsabilidades de cinco exdirectivas y religiosas del colegio, que estaban acusadas principalmente de encubrir, facilitar o haber omitido denunciar los vejámenes cometidos por sacerdotes y personal del establecimiento.

En realidad, se trata del tercer juicio del Próvolo, ya que el primero fue una instancia abreviada en la que el monaguillo Jorge Bordón, exempleado administrativo del instituto, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de cárcel el 25 de septiembre de 2018.

El segundo proceso formal, conocido como “primer megajuicio”, culminado el 25 de noviembre de 2019, tuvo duras e históricas condenas para los sacerdotes Nicola Corradi, fallecido el año pasado a los 85 años y sentenciado a 42 años de cárcel, y Horacio Corbacho, de 62, que recibió la pena de 45 años de prisión; el jardinero Armando Gómez, de 52, fue condenado a 18 años de cárcel.

“Puede ser que se haga justicia y toda esta gente pague por todo el daño que han hecho, especialmente a mi hija”, había dicho a LA NACION Silvana Sosa, madre de Mayra, una joven hipoacúsica de 28 años presunta víctima de la monja Kosaka cuando era una niña.

La demora del juicio se relacionó, principalmente, con la unificación de las tres causas contra las nueve mujeres originalmente imputadas: las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez; las exdirectoras y empleadas del instituto Graciela Pascual, Gladys Pinacca y la cocinera Noemí Paz.

Afuera del proceso, por desistimiento de la acusación, habían quedado las exdirectivas Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza, así como la psicóloga Cecilia Raffo. Para Kosaka, la Fiscalía había pedido el mayor castigo: 25 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos educativos y de custodia de menores.

Mientras que para la mayoría del resto de las imputadas la solicitud de penas había sido de 3 a 18 años de cárcel. La defensa de las acusadas había requerido la absolución de las cinco mujeres, considerando que son inocentes de los cargos que se les endilgan.

Oriunda de la provincia japonesa de Okasaki-Shi, Kosaka, de 48 años, transitó la mayor parte del proceso bajo prisión domiciliaria, aunque en junio del año pasado, al cumplirse el plazo máximo de detención sin tener condena, fue liberada. A la “monja mala”, como la apodaron las víctimas de la “Casita de Dios”, se la acusaba de siete hechos; entre ellos, haber entregado a una menor a los sacerdotes para que fuera violada, además de colocarles pañales a niñas para disimular los ataques sexuales. Estas situaciones se desprenden del primer megajuicio, que terminó con las históricas condenas contra los sacerdotes.

En el caso de la otra religiosa, Asunción Martínez, de 55 años, había llegado al debate imputada como partícipe primaria de las vejaciones que sufrían los chicos. La mujer, también enfermera profesional, nacida en el departamento de Guayrá, en Paraguay, había sido imputada por “participación necesaria en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente del mismo, en modalidad de delito continuado”. La misma calificación había recibido la cocinera Noemí del Carmen Paz Torrez, de 65 años.

En tanto, por “omisión” estaba imputada la apoderada legal del instituto, Graciela Pascual, de 67 años, identificada por las víctimas como “la jefa” y mano derecha de Corradi, que era director del establecimiento religioso. Además, la exdirectora del Próvolo entre 1997 y 2013, Gladys Edith Pinacca Andrade, de 68 años, había sido imputada como “partícipe secundaria en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante”.

El caso Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre de 2016, tras allanamientos en el instituto ubicado en la comuna de Luján de Cuyo, en los que fueron detenidos sacerdotes y empleados del colegio religioso. Los vejámenes contra los chicos hipoacúsicos, ocurridos durante años desde fines de la década del 90, tuvieron correlato en La Plata, donde se encuentra la sede argentina de la entidad italiana. Este sitio fue el primero que pisó el hoy fallecido Corradi tras su arribo al país, aunque la Justicia bonaerense declaró años atrás la prescripción de la causa. El sacerdote también acumuló denuncias por violaciones en su país natal, en la sede madre de Verona.