El bloque oficialista del Senado espera la orden de Cristina Kirchner para saber si en la sesión prevista para esta semana decide renovar su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia y avanza con la aprobación del pliego de la excamarista Ana María Figueroa, contraviniendo la decisión del máximo tribunal que diez días atrás la declaró jubilada al haber cumplido 75 años y no tener el acuerdo del Senado para continuar en el cargo por otros cinco años.

Luego del impacto político que generó la decisión de la Corte, el bloque del Frente de Todos entró en estado de deliberación en torno al caso. El sector más racional, y minoritario, considera que la situación no tiene vuelta atrás y que Figueroa está jubilada. Sin embargo, los halcones kirchneristas bregan por provocar un conflicto de poderes con el tribunal al que la vicepresidenta le declaró la guerra el año pasado.

El intrépido “piromaníaco” y el “loco” de la motosierra

Las opiniones también están divididas entre los ultras. Los más duros piden aprobar el pliego que obtuvo dictamen de la Comisión de Acuerdos en abril último y que el kirchnerismo fracasó en dos oportunidades por llevarlo al recinto y aprobarlo por el bloqueo de Juntos por el Cambio y las diferencias con aliados de fuerzas provinciales y con los peronistas disidentes del bloque de Unidad Federal. Pero otro grupo, más “institucionalista”, pretende que el Poder Ejecutivo sea el que tome la iniciativa en el desafío a la Corte enviando un nuevo pedido de acuerdo para Figueroa.

Todas estas alternativas son las que se barajan por estas horas en el primer piso del Senado, donde tiene su despacho Cristina Kirchner y que será quién tendrá la palabra definitiva sobre la estrategia final que adoptará el oficialismo.

Mientras tanto, crecen las presiones para cubrir la vacante que dejó Figueroa en la Cámara de Casación Penal luego de que la Corte decretara su jubilación. El abogado Juan Pablo Zanetta, exmiembro del Consejo de la Magistratura e integrante del Colegio de Abogados de la Capital Federal, presentó ante el organismo encargado de seleccionar a los jueces un pedido para que se inicie el concurso para elegir al reemplazante.

Por lo pronto, el escollo de la falta de quorum parece haber quedado saldado para el oficialismo. El tratamiento del proyecto de modificación de la ley de alquileres, que obtuvo dictamen de un plenario de comisiones la semana pasada, le servirá al Frente de Todos como llave para abrir el recinto. La sesión, que todavía no fue convocada, sería el miércoles o jueves próximo.

Tras cinco meses sin que sesione la Cámara alta y en medio de la crisis que atraviesa la clase política tradicional y cuyo emergente es el apoyo que ha obtenido Javier Milei en las primarias, ya no hay margen para que peronistas disidentes y aliados provinciales puedan negarse a sesionar cuando el temario incluye un tema sensible como la modificación de la polémica ley de alquileres.

Así, todo indica que el kirchnerismo podrá, al fin, vencer la resistencia de Juntos por el Cambio, que rechaza que el oficialismo pueda designar jueces en el último tramo de un Gobierno que la oposición considera en retirada.

El acuerdo a funcionarios judiciales será otro beneficio que le dará el debate de la ley de alquileres al oficialismo. Con el quorum en su poder, nada impedirá que pueda aprobar unos 70 pliegos que cuentan con dictamen desde hace más de cinco meses.

La nómina es tachada por Juntos por el Cambio como parte de una maniobra del kirchnerismo para seguir colonizando la justicia con jueces, fiscales y defensores oficiales adictos o alineados con sus ideas políticas. Sostienen, además, que estos nombramientos les permitirá volcar a su favor el padrón de la Asociación de Magistrados de cara a la estratégica elección de noviembre, cuando la entidad definirá a sus nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura.

Pero esas objeciones no hacen mella en los bloques provinciales y en los peronistas disidentes de Unidad Federal. De hecho, muchos de los postulantes tienen el visto bueno, o al menos la anuencia, de los legisladores de las provincias en las que serán designados, por lo que no hay razón para que no los voten.

Con la apertura de la sesión de esta semana, el kirchnerismo también alcanzará otro objetivo que hace tiempo viene buscando con ansiedad: tomarán estado parlamentario casi una veintena de pliegos de postulantes a jueces que quedarán, así, habilitados para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos.

La lista contiene algunos nombres de fuertes vínculos con el kirchnerismo para ocupar cargos en juzgados claves. Es el caso del Tribunal de Defensa de la Competencia, que tiene la última palabra en controversias comerciales vinculadas con situaciones monopólicas o de posición dominante.

Una de las candidatas para una vocalía es María Laura Manin, funcionaria y persona de estrecha confianza del titular del Ministerio del Interior, Eduardo de Pedro.

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También para el mismo tribunal el Ejecutivo mandó el pliego de Humberto Guardia Mendonça, que ya ocupó un cargo en el organismo cuando dependía del Poder Ejecutivo y fue uno de los que aprobó la fusión de Multicanal con Cablevisión, cuando todavía el entonces presidente Néstor Kirchner no criticaba al Grupo Clarín.

También tomará estado parlamentario el pliego que nominan para un juzgado del fuero contencioso administrativo a Rafael Stinco, exasesor de Axel Kicillof en el directorio de YPF y que hace menos de dos años fue designado juez en otro cargo. Por este hecho, su pliego fue impungado ante la justicia.ß