Recientemente, diputados del Frente de Todos impidieron la sanción de la ley de trazabilidad de la pesca cuyo texto había sido consensuado entre todas las fuerzas políticas. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara los cambios a la normativa de alquileres y convirtiera en ley el denominado “compre sin IVA”, 30 miembros del Frente de Todos abandonaron sus bancas, con desvergüenza, a fin de impedir el quórum y el tratamiento de una iniciativa imprescindible para proteger nuestros recursos marinos. Haber dejado sus bancas vacías es ignorar el saqueo a la vida oceánica perpetrado a diario en jurisdicción argentina.

Comparado con el crecimiento demográfico, el consumo de pescado per cápita se ha duplicado en las últimas décadas. Urge pues mejorar las prácticas pesqueras, evitar la sobreexplotación y el descarte, aumentando los controles y la transparencia para conservar y aprovechar mejor los recursos. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada (Indnr) en el Atlántico Sudoccidental aumenta y genera millonarias pérdidas al país. A través de la trazabilidad de la pesca se obtiene información básica sobre las especies que se comercializan y se garantiza una alimentación segura. Como lo resaltó el Círculo de Políticas Ambientales, mediante esta ley se podría combatir la pesca ilegal –especialmente de China–, dar transparencia al sector y evitar el fraude de método de captura, de etiquetado y del bienestar animal de los productos del mar.

Implementar el sistema de monitoreo de la cadena productiva posibilitaría diferenciar en los mercados internacionales a nuestra pesca de aquella que se realiza de forma ilegal y no reglamentada por tantas flotas que operan en el Atlántico Sur, al borde del Mar Argentino. Evitaría, además, el erróneo etiquetado en el mercado local. En nuestro país, un estudio realizado y publicado en 2020 reveló, por ejemplo, que uno de cada cinco filés de pescado comercializados en la costa bonaerense no era lo que decía la etiqueta, generalmente sustituyendo los de más valor por los de menos. Filetes etiquetados como atún, lenguado, abadejo, chernia, brótola o besugo eran en realidad tiburones, rayas, pez gallo, mero, pescadilla o castañeta.

Urge sancionar sin más demoras una ley apropiada en defensa de nuestros intereses y que condene debidamente la pesca furtiva

Por su parte, la denominada Agenda Pendiente –conformada por 60 referentes ambientales de diferentes sectores y disciplinas– enfatizó la necesidad de dotar a la actividad pesquera de un sistema de trazabilidad confiable y ponderó las bondades de los sistemas de información asociada que permiten monitorear todos los procesos, desde la captura hasta el momento en que el producto llega a la mesa del consumidor. No solo se agregaría valor, sino que también conseguiríamos un mejor posicionamiento para nuestra pesca en el mercado mundial. Las ventajas de contar con una ley que establezca altos estándares de trazabilidad aplicada a nuestros recursos y a nuestra economía nos dejaría en mucho mejor posición para competir frente a la pesca furtiva.

Cada año operan sin control más de 500 embarcaciones en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva capturando a un ritmo de unas 500 mil toneladas anuales. Una vez más no se comprende la negligencia o complicidad de los diputados del Frente de Todos que, al dar la espalda a la protección de nuestros recursos, consienten la rapacidad de una práctica fraudulenta: declarar como comerciales a especies que no lo son, afectando no solamente su sostenibilidad, sino conformando también una verdadera estafa al consumidor que adquiere un producto diferente del que cree elegir.

Según datos de 2021, la pesca, como actividad económica de relevancia, representa hasta el 0,4 del PBI, generando más de 22.000 puestos de trabajo directos. Regulaciones de varios países ya evitan el ingreso de productos provenientes de prácticas ilegales, ambientalmente no sostenibles, que involucren precariedad laboral y/o que generen competencia desigual. Los intereses que están detrás de estas actividades ilegales celebran que los legisladores kirchneristas eviten el avance de la ley de trazabilidad de la pesca para favorecer a las flotas furtivas. Se trata de otro claro acto de irresponsabilidad, una renuncia a la soberanía de nuestros mares que refleja la ausencia de conciencia pública frente a la evidente depredación de nuestros recursos marinos más valiosos. Debemos recuperar la sensatez para que en la Argentina se sancione sin más demoras una ley que permita la trazabilidad de la pesca, que le agregue más valor en tierra, aprovechando lo que hoy se descarta en el mar y que obligue a cada buque a demostrar que su captura es legal y sostenible.