Las personas conocidas como dreamers vuelven a enfrentar obstáculos en Estados Unidos. Este miércoles, un juez federal determinó que la regulación destinada a preservar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es ilegal. Lo anterior representa un golpe para la administración de Joe Biden y pone en jaque a cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos al país durante su niñez.

El dardo de DeSantis a Biden y Trump mientras se reaviva la llama de la campaña: “Es una preocupación legítima”

El año pasado, el gobierno estadounidense trató de mantener el programa, que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y, en octubre, publicó una nueva versión de DACA.

Sin embargo, el juez federal Andrew Hanen coincidió con Texas y otros ocho estados que presentaron una demanda para frenar el programa DACA. Se estima que la decisión sea apelada ante la Corte Suprema, lo que significaría la tercera ocasión que la regulación sería discutida ante el máximo tribunal del país.

“Para ser claros, ni esta orden ni la orden judicial complementaria que la acompaña requieren que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia tomen cualquier medida de inmigración, deportación o acción penal contra cualquier beneficiario de DACA, solicitante, o cualquier otro individuo que de otro modo no se tomaría”, escribió Hanen, según consignó CNN.

Concretamente, Hanen prohibió al gobierno que apruebe nuevos ingresos al programa, pero lo mantuvo intacto para aquellos que ya son beneficiarios, mientras dure el proceso de apelación. El juez sostuvo que su decisión no obliga al gobierno federal a adoptar ninguna medida en contra de aquellos ya favorecidos por DACA.

En su argumento, sostuvo que, en 2012, el entonces presidente Barack Obama no tenía legitimidad para crear el programa, puesto que no fue discutido por el Congreso, el órgano a quien efectivamente le correspondía promulgar una iniciativa que protegiera a las personas acogidas por la regulación, es decir, a los dreamers.

Esta no es la primera vez que este juez se pronuncia respecto del programa. En 2021, declaró que la regulación era ilegal porque no fue sujeta a un aviso público ni a los lapsos para formular comentarios que establece la Ley federal de Procedimientos Administrativos.

Varios años atrás, en 2014, Hansen lideró una demanda para impedir la implementación de la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés), un programa que habría otorgado a los padres un estatus de protección parecido a DACA. En aquella oportunidad, los demandantes, unos 26 estados del país, sostuvieron que no pretendían impugnar el programa DACA.

El fallo federal que evitará que muchos cubanos obtengan una green card

Según consignó Fox 9, actualmente, en el país viven cerca de un millón de personas que están protegidas por esta regulación. Por su parte, cifras ofrecidas por el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) una organización de investigación y defensa de políticas públicas, sostienen que el programa no solo funciona, sino que mejoró la calidad de vida de miles de jóvenes documentados, así como también mejoró positivamente la economía.