En la región de San Francisco, en el interior de Paraíba, un empleado del supermercado Vieira, que trabajaba como representante de la Caja Económica Federal, fue obligado a realizar ocho transferencias de 1.000 reales cada una tras ser amenazado de muerte.

La extorsión ocurrió en septiembre de 2010, pero sus consecuencias tocaron la puerta de la profesora Samara de Araújo Oliveira, de 23 años, la semana pasada, cuando daba clases en una escuela de Río Bonito, en la Región Metropolitana de Río.

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De lo que el Ministerio Público y la Justicia de Paraíba no se dieron cuenta al emitir la orden de detención contra la joven fue que ella era solo una niña de 10 años en el momento del crimen, por lo que no respondía ante la ley. Por error, fue detenida hace siete días en el Instituto Penal Oscar Stevenson, del Benfica, en la Zona Norte de Río.

“Mi hija estaba en clase. Ella es profesora de Matemáticas. Me enteré por su madre que la policía la tomó durante clase como si fuera una delincuente”, dijo el padre de la joven, gerente de transporte Simario Araújo, de 48 años. “Ella nunca puso un pie en Paraíba. Mi hija es una niña dulce, se estaba graduando en Matemáticas. Ni siquiera fue a su graduación el sábado pasado porque ella estaba en prisión”, sostuvo.

Según datos del Censo del IBGE publicados este año, en San Francisco viven 3.137 habitantes. Cuando ocurrió el crimen en 2010, uno de los vecinos de la ciudad era empleado de una tienda de comestibles y recibió una llamada el 29 de septiembre, alrededor de las 4 de la tarde, de un desconocido que lo amenazaba de muerte, diciendo que dos personas en una motocicleta lo estaban vigilando. Y quienes estaban dispuestos a invadir el establecimiento y expulsarlo si no hacia las ocho transferencias a siete cuentas diferentes.

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La víctima ni siquiera podía apagar el teléfono. Según procesó, asustado, cumplió con lo determinado. De hecho, luego de las investigaciones se descubrió que se trataba de una estafa, ya que no había nadie frente al mercado. El empleado denunció que el estafador pasó los números de las cuentas bancarias a las que se realizaron las transferencias.

Sin embargo, tres de ellas, por un valor total de R$ 3 millones, fueron bloqueadas. Con la violación del secreto bancario, la Policía Civil y el Ministerio Público de Paraíba identificaron a los dueños de las cuentas. Todos eran de Río de Janeiro. Dos imputadas, Cirlene de Souza y Josina Padilha, titulares de cuentas, fueron localizadas y dieron sus versiones mediante carta rogatoria (cuando la persona mencionada en el caso responde preguntas de un juez de otro distrito).

Uno de ellos confirmó que la cuenta era suya, pero que desconocía el monto depositado. El otro negó tener una cuenta bancaria. Los dos fueron condenados a cinco años y cuatro meses de prisión, pero, por tener buena conducta y no tener antecedentes, la pena comenzó en régimen semiabierto.

Los imputados estaban desaparecidos, Ricardo Campos dos Santos y Samara, quienes no habían sido localizados. La Corte incluso suspendió el proceso, es decir, detuvo el cómputo de la prescripción del delito. En un intento de encontrar lo que faltaba, el tribunal ordenó al diputado de Paraíba que intentara nuevamente descubrir las direcciones de los imputados.

El día 20 de este año se decretó la prisión de Samara de Araújo Oliveira. GLOBO encontró nueve nombres idénticos al de la maestra en una lista nacional de datos de personas físicas. Después de la prisión del día 23, su familia se trasladó para demostrar el error del sistema de justicia de Paraíba. El padre de la joven, que trabaja fuera de Río, temía que “algo malo pasara” en prisión porque Samara era una joven ansiosa. Ella y su padre siempre han sido muy unidos.

“Hablamos por teléfono todos los días. Estaba entusiasmada con sus clases de posgrado. Nuestra conversación versó sobre las primeras palabras que empezó a decir mi nieto de 2 años. El jueves pasado me sorprendió una llamada inesperada de mi exmujer informándome que mi hija había sido arrestada en el colegio donde daba clases. Ella no cometió ningún delito”, dijo Simario. Desde entonces, pasa día y noche frente a Oscar Stevenson, durmiendo en su propio coche.

Dice que Samara nació y creció en Río Bonito, en una típica infancia rural, jugando en las calles y soñando con ser maestra. Recién anteayer, la familia, a través de un abogado, demostró su error ante el tribunal de Paraíba. El juez suplente de Rosio Lima de Melo, del 6º Juzgado Mixto de la ciudad de Sousa, decidió expedir el permiso de libertad a Samara, reconociendo el error: “Compruebo que el argumento sobre la ocurrencia de un error en el escrito acusatorio, que solo indica identificación del CPF, sin mención alguna de la fecha de nacimiento del imputado”. Finalmente, el juez señala que Samara habría tenido 10 años en el momento de los hechos.

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La Secretaría de Administración Penitenciaria de Río, al enterarse de lo sucedido, sacó a la joven de la celda que compartía con otras 13 reclusas. Pasó un día en la oficina de administración esperando el permiso de liberación. Afuera, el padre de la maestra esperaba a su hija sentado en la vereda. En un intento desesperado por saber de Samara, incluso pagó 200 reales a un abogado que encontró en la puerta de la prisión para que le entregara a la joven su nota: “Hija, todo está bien. Papá está aquí. Pronto te irás. Ya obtuvieron tu licencia. No llores y no te desesperes. Cuando te vayas, estaré afuera esperándote”.

“Mi hija es una niña tímida y sensible. No puedo imaginar cómo está sufriendo sin su hijo todos estos días. No me iré hasta que la saque de allí. Solamente quiero demostrar tu inocencia”, dijo entre lágrimas. Por la noche, Simario recibió la noticia de que el permiso llegaría hoy. Fue otra noche de sufrimiento. Finalmente, la joven quedó liberada horas más tarde, este viernes 1 de diciembre.