Las misiones oficiales al exterior, como la que Sergio Massa y Máximo Kirchner encabezaron esta semana en China, siempre arrojan resultados positivos si hubiera que atenerse a las palabras de sus propios protagonistas. Lo mismo vale para las negociaciones con el FMI, invariablemente constructivas desde las épocas de Martín Guzmán. Pero la experiencia termina por corroborar el viejo refrán: del dicho al hecho hay mucho trecho.

Esta realidad hace que la desesperación por conseguir los dólares frescos que necesita el Banco Central conduzca a una suerte de “vale todo”, con medidas improvisadas que alteran las reglas de pago de importaciones y afectan a cada vez más sectores económicos y financieros. Para más datos, en lo que va de este año –sequía mediante– las reservas brutas del BCRA cayeron US$11.500 millones y las líquidas se ubican en terreno negativo, pese al endurecimiento del cepo importador y la tercera edición del dólar soja.

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La ansiedad oficial lleva además a algunas exageraciones insólitas. Hace poco más de 40 días, cuando anunció la realización en la Argentina del mundial de fútbol sub-20 actualmente en curso, el ministro de Economía había calculado que generaría la visita de 230.000 turistas extranjeros y el ingreso de US$600 millones al país. Ya entonces costaba creer en esas cifras si se consideraban algunas de las selecciones participantes (Nigeria, Gambia, Uzbekistán, Túnez, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Corea del Sur). Ahora, con la selección juvenil argentina prematura y desafortunadamente eliminada, el Gobierno debe hacer frente a la exención impositiva de importaciones de artículos deportivos, alimentos, equipos y servicios requeridos por la FIFA para organizar el torneo, por un monto equivalente a US$50 millones. Y aunque Brasil y Uruguay clasificaron para los cuartos de final, los viajeros de esos países vecinos –al igual que los de Chile– son los que más engrosaban las estadísticas de arribos. Generalmente, en breves pero intensos tours de compras a ciudades limítrofes para aprovechar la diferencia cambiaria y con dólares contantes y sonantes que no ingresan en las reservas del BCRA.

Por lo pronto, el resultado más concreto de la misión oficial a China fue el más previsible: la renovación del swap de monedas y la activación de un segundo tramo (por el equivalente de US$5000 millones), que permite pagar en yuanes contra pesos todo tipo de importaciones desde el país asiático y reemplazar el uso de dólares (principalmente para la industria electrónica fueguina). En realidad, esta ampliación ya había sido anunciada por el BCRA el 10 de mayo durante un encuentro virtual con empresas para difundir la operatoria, que incluye SIRA en yuanes y abarcará además a inversiones chinas en la Argentina.

Ayer se agregó la intención de modificar protocolos para restablecer el comercio de productos avícolas argentinos, así como de menudencias porcinas y bovinas dentro del intercambio comercial directo en yuanes, que es deficitario para la Argentina (con un récord de US$9500 millones en 2022) y en el futuro requerirá la conversión a dólares para saldarlo, con previa autorización china. Como es habitual en estos casos, se mantuvo la confidencialidad sobre la tasa de interés de este financiamiento; y, si bien la delegación oficial afirmó que resulta más baja que la del FMI, la mayoría de los especialistas lo ponen en duda.

Más curioso resultó que Máximo Kirchner afirmara que China no impone las condicionalidades del Fondo en su asistencia financiera a países endeudados. Tal vez por falta de información, incluso a nivel familiar. De hecho, la ampliación de la asociación estratégica bilateral firmada por Cristina Kirchner en 2014 incluyó la instalación de la misteriosa base china de seguimiento satelital en Neuquén con la concesión de tierras por 50 años. Y también la construcción de la central Atucha III (de 1200 MW), con tecnología china de uranio enriquecido y un costo total estimado en US$12.000 millones, financiado con un crédito a 20 años de plazo con ocho de gracia y un interés de 7% anual. Aunque el contrato fue firmado por Alberto Fernández en febrero de 2022 antes de viajar a Pekín, llamativamente no formó parte de la agenda de Massa esta semana.

En obras de infraestructura, se anunció que para mediados de julio se completará el segundo tramo de la inversión china (US$524 millones) en las represas hidroeléctricas del río Santa Cruz (de 1300 MW), dentro del monto algo superior a US$1000 millones previsto para 2023. Probablemente porque, como tercer país miembro del directorio del FMI (detrás de EE.UU. y Japón), China busca asegurarse que este mes concluya la revisión del acuerdo del Gobierno con el organismo, como ya había ocurrido a comienzos de 2022. También US$70 millones para plantas depuradoras de Aysa.

Sin fecha, en cambio, se mencionaron inversiones de US$1100 millones para la instalación de 620 kilómetros de líneas de alta tensión y varios proyectos para la industrialización de litio en el NOA. Al igual que muchas compañías multinacionales, las empresas chinas apelan a los planes plurianuales para mostrar su interés en invertir sin comprometer plazos; sobre todo, con un gobierno imprevisible que cambiará dentro de siete meses y se dedica a fustigar a la Corte Suprema de Justicia.

Paralelamente, la secretaria de Energía, Flavia Royón, informó en Pekín sobre el interés de la compañía Power China en sumarse al financiamiento para la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), con un crédito preacordado de US$1900 millones. Justo el mismo día que, desde Brasilia, los presidentes Lula y Alberto Fernández, anunciaban avances en las conversaciones sobre la “posible financiación” del Bndes para las exportaciones de tubos y chapas de acero brasileños que se utilizarán en la misma obra, por un monto estimado de US$600 millones. En teoría, este tramo será licitado dentro de 17 días luego de la inauguración formal de la primera etapa del gasoducto.

Más allá de esta danza de miles de millones de dólares, tan dudosa como la incorporación de la Argentina al grupo Brics, la escasez de divisas para el pago de importaciones de bienes y servicios sigue aumentando las penurias –y los costos, dolarizados a los tipos de cambio financieros– de más sectores, además de la deuda comercial del BCRA que heredará el próximo gobierno.

El abanico abarca desde las empresas que adhirieron al programa de “Precios Justos”, a cambio de autorizaciones para la importación de insumos que reciben a cuentagotas, hasta la industria automotriz que, si bien exporta, enfrenta mayores plazos –retroactivos– para pagar importaciones pendientes de autopartes y de miles de vehículos terminados, que abarrotan las “aduanas factoría” de las playas de sus terminales a la espera de ser liberados y reducen la oferta en el mercado local a casi la mitad, mientras las concesionarias se cubren con mayores precios. También a empresas energéticas, obligadas a financiar pagos de importaciones por 90 días y a compañías de seguros, imposibilitadas de contratar reaseguros en el exterior. A esto se suma la postergación del pago de fletes internacionales, que encarece los costos e impiden planificar la producción. Y, justo en vísperas de la campaña electoral, se obliga a las provincias a conseguir un 60% de dólares financieros para pagar vencimientos de sus títulos emitidos, que suman US$443 millones de capital y US$505 millones de intereses hasta fin de año, según la consultora Quantum. Si utilizan dólares depositados, reducirán las reservas del BCRA.