El pasado 22 de octubre se realizaron en Venezuela las elecciones primarias que legitimaron a María Corina Machado como la nueva e indiscutible líder de la oposición, tras consolidar su abultada ventaja para convertirse en la rival de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, al alcanzar el 92 % de respaldo popular.

Sin embargo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria (CNP)” y ordenó remitir al órgano judicial todo el material utilizado durante el proceso electoral.

La decisión judicial se tomó a instancias del recurso de amparo interpuesto por el diputado José Brito, uno de los colaboracionistas favoritos del régimen de Maduro. El legislador formaría parte del grupo de parlamentarios financiados por el magnate colombiano Alex Saab, principal operador financiero internacional del chavismo y presunto testaferro de Maduro, encarcelado en Miami a la espera de ser juzgado.

Aunque ya era sabido que el chavismo se opondría de todas las formas posibles a la inscripción de María Corina Machado como candidata presidencial para 2024, no se consideraba la posibilidad de que anulara las elecciones primarias, en virtud de lo acordado en Barbados entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno chavista. Según la oposición, la primaria estaba protegida por un punto del acuerdo que establecía el compromiso de reconocer y respetar el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato para las presidenciales, “de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”.

Conocida la decisión del TSJ, las reacciones no se hicieron esperar. Estados Unidos fue el primero, a través de su Departamento de Estado, en lanzar duras advertencias a Maduro, anunciando que tomará medidas si este y sus representantes no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral.

El director de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, explicó que la decisión de la Justicia no tiene ningún impacto negativo sobre el liderazgo de la oposición y más bien amplifica su potencia nacional y refuerza el rechazo internacional.

Por su lado, Machado sostuvo que el fallo no impedirá su presentación electoral. “Me habilitaron los 2,5 millones de votos de la primaria del 22 de octubre, es un hecho y un mandato. Y me voy a inscribir el próximo año, aunque Maduro no quiera, y lo voy a derrotar”.

Con la decisión del TSJ, que como todos los órganos del poder público en Venezuela son manejados por la dictadura, se pierde cualquier asomo de credibilidad y sensatez que pudiera haber mostrado la autocracia instaurada hace 24 años por Hugo Chávez.